Cientos de viviendas sufrieron daños serios, y algunas escuelas, iglesias y otros edificios se derrumbaron, después que un terremoto de magnitud 6.4 —uno de cientos que han ocurrido en las últimas semanas— sacudió la colonia norteamericana de Puerto Rico el 7 de enero.
Miles de personas están viviendo y durmiendo al aire libre o en tiendas de campaña en plazas públicas, y miles más no tienen electricidad ni agua corriente. Esto se suma a los daños provocados por el huracán María en 2017 que aún no han sido reparados .
Tres terremotos de magnitud 4.7, 5.0 y 4.7 sacudieron la isla en el transcurso de tres horas durante la noche del 28 de diciembre, y fueron seguidos por muchos otros hasta el sismo del 7 de enero. Han habido replicas importantes desde entonces.
“Estamos hablando de algo para lo que no podemos prepararnos, [como] los huracanes, que podemos ver”, dijo la gobernadora Wanda Vázquez a la prensa, tratando de eludir la responsabilidad del gobierno por la crisis social que se está desarrollando.
Pero es bien sabido que Puerto Rico se encuentra encima de grandes fallas sísmicas. Ni los amos coloniales norteamericanos ni sus subordinados locales adoptaron normas de construcción adecuadas para los terremotos hasta 1987. El gobierno puertorriqueño reforzó las regulaciones en febrero de 2019, requiriendo que los edificios nuevos puedan resistir un terremoto de 6.5, pero no hizo nada para rehabilitar los construidos anteriormente, ni siquiera para las escuelas y hospitales.
Durante más de una década y media, en lugar de modernizar la infraestructura, el gobierno norteamericano y el colonial en la isla han reducido el gasto social, incluso en el mantenimiento de la red eléctrica. La prioridad del gobierno ha sido exprimir a los trabajadores para pagar los miles de millones de dólares en intereses sobre la deuda acumulada con tenedores de bonos principalmente de Estados Unidos. Y luego, el presidente Barack Obama impuso la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico —todavía vigente— para garantizar que los pagos continúen y que el gobierno defienda los intereses de los inversionistas y banqueros capitalistas.
Catástrofe causada por capitalismo
Todo esto ayuda a mostrar que la crisis social no es el resultado de un “desastre natural”. Es el producto del dominio colonial y la explotación capitalista y el desdén de la clase capitalista norteamericana y la local hacia los trabajadores.
Al igual que después del huracán de 2017, el pueblo trabajador, los grupos comunitarios y las iglesias son los que han tomado la iniciativa para proveer alimentos y refugio a los necesitados, ante la inacción del gobierno federal y el puertorriqueño.
“La gente están durmiendo en la calle porque no se sabe cuando van a parar las réplicas”, dijo el artista Adolfo Matos al Militante desde Lajas el 9 de enero. “El gobierno no ha hecho nada”, dijo. “Es el mismo pueblo que nos estamos ayudando”.
Iván Vargas, presidente del sindicato de trabajadores de acueductos y alcantarillados en Mayagüez, fue a Guánica, una de las ciudades más afectadas, el 9 de enero para evaluar y organizar ayuda de los sindicatos. “Hay muchas casas en el piso e incluso a las que están de pie es peligroso regresar mientras sigan las replicas”, dijo.
El terremoto del 7 de enero dejó sin electricidad a toda la isla, como sucedió durante el huracán María. La más dañada fue la central eléctrica de Costa Sur en Guayanilla, que quedó paralizada. Es la más grande de la isla, y suministra el 25 por ciento de la energía eléctrica del país.
‘Necesitamos la verdad’
Algunos dicen que la planta podría estar funcionando en unos pocos meses, otros dicen que podría tomar más de un año. “Que le digan la verdad al pueblo”, dijo Vargas.
El gobierno federal aún no ha entregado la mayoría del dinero asignado para ayudar a reconstruir la isla después del huracán María, dijo al Militante Rosalina Abreu, líder del grupo comunitario Arecma en Humacao. “Pagaron cientos de millones de dólares a compañías estadounidenses para reconstruir la red eléctrica”, dijo. “Lo único que hicieron fue levantar algunos postes y poner dos o tres cables nuevos, pero dejaron el sistema en la misma condición precaria en que estaba antes de la tormenta”.
Quince miembros de Arecma llevaron comida caliente y suministros a un área afectada a las afueras de Guayanilla el 12 de enero, dijo Abreu. “Gente de toda la isla están llegando con suministros” a las regiones afectadas, incluso a “muchas áreas donde todavía no ha llegado la ayuda del gobierno”, dijo. “Somos un pueblo solidario”.
“El gobierno no tiene un plan sobre cómo reconstruir las casas destruidas”, señaló Abreu. “Y mucha gente vive en zonas bajas junto al mar, pero las bocinas de advertencia de tsunami no sirven.
“El gobierno siempre pone las necesidades del pueblo en el último lugar”, dijo.