Usando como pretexto la propagación del coronavirus los gobiernos de Ohio y Texas han prohibido los abortos. Esto es un ataque contra los derechos de la mujer y una violación de las protecciones constitucionales.
El 17 de marzo el departamento de salud de Ohio ordenó a las clínicas que proveen abortos que dejen de hacerlo. Tres días después el fiscal general David Yost declaró que los abortos son procedimientos “no esenciales” y que el equipo de protección personal utilizado en los procedimientos son necesarios para el tratamiento del coronavirus. La orden pretende forzar a las mujeres a completar su embarazo.
Este es el ataque más reciente de los gobiernos estatales contra el derecho de la mujer a elegir el aborto, los cuales ya han impuesto limitaciones severas. El año pasado un juez federal suspendió una ley del estado de Ohio que prohibía que una mujer obtuviera un aborto si se podía detectar el latido del corazón del feto, algo que puede ocurrir después de cinco semanas de embarazo.
Los directores de dos clínicas de Planned Parenthood respondieron diciendo que “continuarán realizando procedimientos esenciales, incluyendo abortos quirúrgicos… Nuestras puertas permanecen abiertas para este procedimiento”.
“Las consecuencias de no poder obtener un aborto tienen un gran impacto en la vida, salud y bienestar de una persona”, dice la declaración del 18 de marzo de organizaciones que representan a médicos de salud reproductiva, en respuesta a la prohibición en Ohio.
El 22 de marzo el gobernador de Texas Greg Abott emitió una orden ejecutiva que prohíbe los procedimientos médicos no “necesarios”. Al día siguiente el fiscal general Ken Paxton “aclaró” la orden, diciendo que los abortos están entre los procedimientos que no son “medicamente necesarios” y deben cesar.
Paxton amenazó que el incumplimiento de la prohibición resultará en una multa de hasta mil dólares o 180 días de cárcel.
Texas tiene una serie de restricciones que dificultan el acceso al aborto. Hay pocas clínicas fuera de las ciudades principales del estado. El costo de viaje para mujeres de clase trabajadora y de zonas rurales dificultan aún más el acceso al aborto.
El estado exige una visita de consejería en la que tratan de disuadir a las mujeres de tener el procedimiento, largos periodos de espera, protocolos complicados para los abortos médicos, permiso de los padres para las menores de edad, y obligar a las pacientes a ver una imagen del feto obtenida con ultrasonido. Además los seguros médicos que se consiguen bajo la ley del Affordable Care Act solo pagan por el aborto cuando la vida o la salud mental de la mujer están en peligro.