“Aquí todos están en nuestra contra: la empresa, los jefes, las autoridades gubernamentales, los carabineros, el virus y la lluvia”, dijo Claudio Higueras Osorio, presidente del sindicato de casi 500 trabajadores que estuvieron en huelga por 43 días en el aserradero Promasa en Los Ángeles, Chile. Los trabajadores exigieron aumentos salariales, mejores condiciones y un contrato.
“Estábamos cansados de la desigualdad y la prepotencia de la jefatura”, Higueras dijo al Militante en una entrevista telefónica el primero de junio.
Los supervisores siempre exigen más producción, imponen más horas de trabajo y nos hacen trabajar más duro. “Nos explotan al máximo”, dijo Higueras. “Muchos accidentes en el trabajo. Muchas amputaciones, especialmente de dedos”.
El gobierno mantuvo una presión constante para que los huelguistas regresaran a trabajar, insistiendo que nadie debería salir en huelga durante la pandemia del coronavirus. Funcionarios del departamento de salud pasaron por las líneas de piquetes para exigir que los huelguistas usaran máscaras y “mantengan su distancia”.
“La policía han detenido a más de 20 huelguistas por ‘desorden en la calle’ y los retienen solo por un rato”, dijo Higueras. “Lo hacen para intimidarnos”.
El último ataque fue el 1 de junio cuando la policía dispersó a los huelguistas con cañones de agua. Más tarde ese día los dirigentes sindicales llegaron a un acuerdo con la compañía para poner fin a la huelga aunque “no era lo que queríamos”, dijo Higueras a La Tribuna.
Casi la mitad de los 1 200 trabajadores en el plantel —cuyo principal cliente es Lowe’s en Estados Unidos— están afiliados a la central sindical CUT.
Esta es una de las crecientes luchas obreras que están sucediendo en Chile y por toda América Latina, muchas de las cuales enfrentan represión gubernamental bajo el pretexto de limitar la transmisión del coronavirus.
Los trabajadores de Holdtech, un centro de servicio de atención al cliente de la empresa telefónica WOM, lograron sus demandas principales el 25 de mayo después de casi tres semanas de huelga.
Estas incluyen un aumento salarial, feriados pagados al 150 por ciento y subsidios por transporte al trabajo. “También pagaron los días que estuvimos en huelga,” dijo Angélica Carrera, una trabajadora en el centro y presidenta del sindicato en Holdtech, por teléfono desde Coquimbo.
Al igual que los trabajadores de Promasa, los de Holdtech organizaron una “olla común”, una tradición en las luchas obreras en Chile. Se prepara una sopa en una enorme olla para compartir con todos.
“Recibimos mucho apoyo. Estuvimos tocando todas las puertas” para informar sobre la huelga, Carrera dijo. “Por eso ganamos”.
En octubre comenzó en Chile una ola masiva de protestas contra el gobierno cuando estudiantes en la capital, Santiago, protestaron el aumento en el precio del subterráneo. Las acciones incluyeron a trabajadores y agricultores que exigían un aumento al salario mínimo, mejoras en las pensiones y servicios de salud y una asamblea constituyente para reemplazar la constitución impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet. Las protestas pausaron tras el decreto del gobierno del presidente Sebastián Piñero que prohibió las reuniones de más de 50 personas a partir de abril.
A mediados de mayo jóvenes y otros cerraron las calles en cinco barrios obreros en Santiago para exigir empleos y comida. La policía y soldados dispersaron a los manifestantes con cañones de agua y gases lacrimógenos.
Por lo menos un 25 por ciento de los trabajadores chilenos han perdido sus empleos en los últimos meses.