LOUISVILLE, Kentucky — El anuncio del despido de los dos policías involucrados en la muerte de Breonna Taylor en marzo de 2020 es un paso del que los opositores de la brutalidad policial y el racismo nos podemos apoyar.
Casi 10 meses después de que la policía derribara la puerta del apartamento de la técnica de sala de emergencias africano americana de 26 años, le dispararan y la dejaran en el piso muriéndose, la jefa interina del Departamento de Policía Metropolitano de Louisville, Yvette Gentry, anunció el despido de los detectives Myles Cosgrove y Joshua Jaynes el 5 de enero.
“Deben ir a la cárcel”, dijo Machala Apatong, una trabajadora de Walmart, a esta corresponsal del Militante cuando le pregunté su opinión. El año pasado, Apatong instó a sus compañeros de trabajo a participar en una marcha contra la brutalidad policial en Radcliff, al suroeste de aquí, en la que participaron 200 personas.
Cosgrove, quien, según el FBI, disparó el tiro que mató a Taylor, fue despedido por violar los procedimientos sobre el uso de la fuerza y por no portar una cámara corporal.
Jaynes fue acusado de violar los reglamentos del departamento de la policía por haber mentido para obtener la orden de allanamiento del apartamento de Taylor. Él dijo que había evidencia de que Taylor estaba implicada en los delitos del presunto traficante de drogas Jamarcus Glover, su ex novio, y recibía paquetes ilícitos para él. “El detective Jaynes mintió cuando juró que estaba ‘verificado a través de un inspector postal’’’, escribió Gentry en la carta despidiéndolo.
Ningún policía ha sido acusado de matar a Taylor, ni por no solicitar ayuda médica para ella mientras moría desangrada.
El fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, anunció el 23 de septiembre que un gran jurado había acusado al policía Brett Hankison de delito grave por conducta peligrosa. Fue despedido en junio, pero solo por disparar imprudentemente a un apartamento vecino durante la redada.
Los dos policías que dispararon contra Taylor, Jonathan Mattingly y Cosgrove, no han sido acusados de ningún cargo.
Cuando la policía derribó la puerta del apartamento de Taylor, su novio, Kenneth Walker, creyó que estaban en peligro. Disparó su arma, la cual portaba con permiso, y le dio a Mattingly. La policía respondió con una lluvia de balas.
En Kentucky, como en la mayoría de los estados, la ley estipula que si alguien dispara un arma contra la policía, sin importar las circunstancias, los policías están justificados a devolver el fuego. Así es como el fiscal general justificó no presentar cargos por la muerte de Taylor.
La muerte de Taylor provocó protestas en ciudades grandes y pequeñas, y atrajo amplia atención nacional e internacional. Pero en ausencia de un liderazgo obrero de los sindicatos, iglesias y otras organizaciones de masas, las protestas disminuyeron en tamaño y alcance. Algunos grupos participaron portando armas y malos dirigentes de las protestas se enfocaron en acosar a los caucásicos, propietarios de restaurantes y otras personas, en vez de exigir que la policía rindiera cuentas por sus actos. Estas acciones se organizaron de manera que fomentaron el vandalismo, el saqueo y los ataques contra policías y transeúntes.
“Esto redujo el espacio para llegar a entender que la brutalidad policial es un componente esencial del dominio de la clase capitalista y su gobierno”, dijo Samir Hazboun, candidato al Congreso del Partido Socialista de los Trabajadores aquí en las elecciones de 2020, al Militante. “Podemos aprovechar la victoria de que los policías han sido despedidos y exigir que se presenten cargos contra los responsables de la muerte de Breonna Taylor”.