Ante las masivas manifestaciones y el paro nacional que estallaron el 28 de abril, el presidente de Colombia Iván Duque retiró el 2 de mayo, una “reforma” que aumentaba los impuestos sobre las ventas y afectaba de forma más severa a los trabajadores. Pero las protestas continuaron.
Convocadas por el Comité Nacional del Paro, que incluye a las principales federaciones sindicales, asociaciones de agricultores, organizaciones de pueblos indígenas, agrupaciones de estudiantes, camioneros independientes y otros, las protestas se han convertido en un torrente de indignación popular acumulada hacia las medidas que el gobierno y los patrones toman para hacer que los trabajadores carguen con la profunda crisis capitalista.
La economía de Colombia se contrajo el 6.8 porciento el año pasado, dejando a 7.5 millones de personas, de una población de 50 millones, comiendo menos de tres comidas al día. Menos del 8 por ciento de la población había sido vacunada contra la COVID-19 hasta el 7 de mayo. Hay un promedio de casi 500 muertes al día, una tasa per cápita más alta que en India.
La tasa oficial de desempleo supera el 17 porciento. Se estima que medio millón de negocios cerraron en el último año como resultado de los cierres ordenados por el gobierno.
Las protestas crecieron en todo el país tras los ataques brutales de la policía contra los manifestantes. Al menos 25 personas han muerto desde que comenzaron las protestas, hay cientos de heridos, más de 800 detenidos y decenas están “desaparecidos”.
Los manifestantes han bloqueado las principales carreteras, cortando suministros a Bogotá, Cali y otras ciudades. El gobierno amenazó con confiscar los camiones y vehículos utilizados en los tranques. Estas leyes de “extinción de dominio” fueron introducidas por los gobernantes colombianos supuestamente para combatir el “terrorismo” y el narcotráfico.
Si bien la mayoría de las protestas han sido pacíficas, la propaganda gubernamental se ha centrado en los participantes que incendiaron quioscos de la policía y edificios públicos, y en varios saqueos que tuvieron lugar. Los dirigentes sindicales y otros miembros del Comité Nacional del Paro condenaron los actos de vandalismo.
En Cali, el primer día de las protestas, los manifestantes recuperaron los artículos robados y marcharon a las tiendas para devolverlos, mientras coreaban, “los buenos somos más”, una fuerte respuesta a las acusaciones de violencia por el gobierno.
Respuesta de trabajadores a ataques
“Las empresas se han valido de la pandemia para despedir a trabajadores, incluso algunos enfermos. Aunque el gobierno les ha dado subsidios para que no despidan a trabajadores, las empresas se quedan con el dinero y los despiden de todas formas”, dijo Daniel Morón, del sindicato de mineros Sintracarbon, al Militante por teléfono desde Riohacha. Desde el 6 de mayo, unos 220 mineros despedidos bloquearon las vías que conducen a la mina El Cerrejón, para exigir que les devuelvan sus empleos.
“El gobierno hace mucho para los monopolios y las multinacionales agrícolas que reciben subsidios de Estados Unidos y la Unión Europea. No podemos competir con ellos”, dijo Oscar Gutiérrez, de Dignidad Agropecuaria de Colombia, una federación de grupos de pequeños agricultores, al Militante desde Manizales. “Los pequeños agricultores no obtienen préstamos y los costos de fertilizantes, semillas y pesticidas siguen aumentando. Muchos productores de arroz, maíz y leche han quebrado.
“Teníamos planeada una gran movilización el año pasado, pero vino la pandemia”, dijo Gutiérrez. “La situación se ha empeorado”.
Una caravana de camiones y operadores de buses de carga y pasajeros se unieron a las protestas el 1 de mayo en Bogotá. Ellos enfrentan presiones similares con el alto costo del combustible, los seguros, los peajes y otros costos.
Duque insistió en que los aumentos de impuestos eran necesarios para continuar un subsidio de emergencia por la pandemia iniciado en abril de 2020 que proporciona 43 dólares mensuales a unos 3 millones de hogares.
La medida, denominada demagógicamente “Ley de Solidaridad Sostenible”, aumentó el impuesto del 16 al 19 porciento sobre el consumo de electricidad, agua y gas. Para que parezca equitativo, también habría aumentado los impuestos a quienes ganan más de 663 dólares al mes, en un país donde el salario mínimo es de 260 dólares.
El gobierno también ha propuesto una ley de “reforma” de salud que muchos trabajadores creen que limitará su acceso a la atención médica.
Una crisis inminente
América Latina registró la contracción económica más fuerte del mundo en 2020. Decenas de millones se han quedado sin trabajo, enfrentando condiciones similares a las de Colombia.
Los gobiernos de los países semicoloniales han tomado grandes préstamos de capitalistas nacionales y extranjeros para tratar de mantener a flote sus economías. Muchos de estos países, que dependen de las exportaciones de materias primas, el turismo o las remesas, ya estaban profundamente endeudados antes de la desaceleración de la pandemia.
Las protestas en Colombia auguran disturbios en América Latina a medida que los gobernantes capitalistas se mueven para imponer recortes en la atención médica, la educación y otros gastos sociales cuando se ciernen los pagos de las deudas.
El 6 de mayo el gobierno colombiano ordenó la expulsión de Omar Rafael García, primer secretario de la Embajada de Cuba en Bogotá, alegando que “realizaba actividades en el país incompatibles” con las relaciones diplomáticas.
Esta “injustificada acción pretende desviar la atención de la comunidad internacional y la sociedad colombiana de la represión violenta de las fuerzas militares y policiales contra los manifestantes”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en un comunicado.
El verdadero temor de los gobernantes colombianos no es que los diplomáticos cubanos intervengan en los asuntos internos del país, una acusación que el gobierno cubano niega categóricamente. Es el ejemplo vivo de la Revolución Cubana, que muestra que es posible hacer una revolución para reemplazar el gobierno capitalista con un gobierno de trabajadores y agricultores.
Seth Galinsky contribuyó a este artículo.