La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos el 26 de abril sobre una demanda en contra del requisito del estado de California según el cual las más de 100 mil organizaciones benéficas registradas ahí deben entregar listas de sus principales donantes. El caso plantea un tema importante para los trabajadores: el derecho a la libertad de asociación y privacidad sin interferencia del estado, garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
El caso, presentado por la fundación Americans for Prosperity —creada por los activistas políticos conservadores Charles y David Koch— y el Centro de Derecho Tomás More, ha ganado amplio apoyo incluso del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, la Unión Americana de Libertades Civiles y el Fondo de Educación y Defensa Legal de la NAACP.
Hace aproximadamente una década, las autoridades del estado de California comenzaron a exigir que cualquier organización benéfica que solicite fondos proporcione al estado una lista de sus mayores contribuyentes. Varios grupos desafiaron las reglas de divulgación, diciendo que podrían someter a los donantes a la violencia y represalias por opositores políticos.
Un tribunal de distrito federal de California falló en contra de revelar los nombres de los donantes en 2016. Pero el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos revocó esta decisión. Eso llevó el caso a la Corte Suprema.
“En esta era”, dijo el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas en la audiencia, “parece que hay bastantes acusaciones vagas sobre organizaciones; por ejemplo, una organización que tiene ciertos puntos de vista podría ser acusada de ser una organización supremacista blanca o racista u homofóbica”.
El juez liberal Stephen Breyer, por otro lado, dijo que había buenas razones para defender las reglas de California, y expresó su preocupación de que poner fin a este requisito de divulgación podría significar que otras leyes de este tipo se verían amenazadas. “Este caso es realmente importante para las leyes sobre la divulgación del financiamiento de campañas”, argumentó.
Aprovechándose de la creciente desconfianza de los trabajadores en la década de 1960 con los partidos gobernantes capitalistas —los demócratas y los republicanos— los liberales impulsaron la llamada reforma del financiamiento de campañas. Estas leyes, que requieren la divulgación pública de los nombres y direcciones de los contribuyentes a candidatos políticos, atacan los derechos políticos de los trabajadores.
Los gobernantes ricos, que ostentan el poder económico y político siempre pueden encontrar formas de eludir estas leyes. Pero los partidos de la clase trabajadora pueden ser obligados a exponer los nombres y direcciones de sus miembros y partidarios, haciéndolos sujetos a ataques por parte de agencias gubernamentales y otros grupos antiobreros.
El Fondo de Educación y Defensa Legal de la NAACP, uno de los grupos que respalda la demanda contra la ley de California, luchó contra las leyes de “divulgación” como parte del movimiento de masas para derrocar la segregación racial de Jim Crow.
En la década de 1950, el estado de Alabama aprobó una ley que exigía que la NAACP “revelara” los nombres de todos sus miembros, lo que los habría expuesto a la ira de funcionarios gubernamentales y grupos como el Ku Klux Klan. La NAACP luchó contra esta ley y logró que la Corte Suprema la revocara en 1958.
En 1973, el Partido Socialista de los Trabajadores lanzó una campaña política y una demanda judicial que durante los siguientes 15 años expuso el espionaje y operaciones de desorganización del FBI contra el partido durante décadas, y ganó un fallo judicial que ordenaba al FBI que cesara y desistiera. Usando evidencia expuesta a través de esta pelea, el partido también ganó exención de los requisitos de entregar los nombres, direcciones y lugares de trabajo de los contribuyentes a sus campañas electorales y sus proveedores, que se mantuvo de 1974 a 2017. El PST fue el único partido que ha ganado tal exención de la Comisión Federal de Elecciones.
“Una victoria en este caso de la Corte Suprema favorecería a todos los que luchan por defender a sus miembros y partidarios de los ataques del gobierno, su policía política y opositores políticos de ‘la cultura de la cancelación’”, dijo John Studer, presidente del Comité de la Campaña Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores al Militante. “Espero que los temores del juez Breyer estén justificados y que podamos usar una victoria para luchar para poner fin a similares requisitos invasivos de divulgación dirigidos contra los partidarios de nuestras campañas”.