SYDNEY — Las familias capitalistas que gobiernan Australia tienen un largo historial de mantener severas medidas de control fronterizo contra los refugiados que llegan en embarcaciones. Desde 2012, Canberra empezó a pagar a los gobiernos de Papúa Nueva Guinea y Nauru para que manejen centros de detención para los que buscan asilo en Australia.
Los sucesivos gobiernos australianos le han negado la entrada a más de 4 mil solicitantes de asilo provenientes de diversos países asiáticos y africanos. Canberra declaró que jamás se le permitiría a alguno de ellos establecerse permanentemente en Australia.
Esta política se ha visto sometida a una presión internacional, y ha provocado huelgas de hambre y revueltas en los campos de detención. En 2017, Canberra fue obligado a pagar 70 millones de dólares australianos (50 millones de dólares) por una demanda de más de 1,900 detenidos por daños sufridos en los centros.
Los gobernantes australianos anunciaron en octubre que dejarían de enviar detenidos a Papúa Nueva Guinea y que cerrarían el centro ahí, a la vez que mantendrán el centro de Nauru.
Unos 1,200 ex detenidos en Papúa Nueva Guinea se encuentran ahora en Australia con visas de “salida definitiva”, mientras hacen arreglos para salir del país. El gobierno de Estados Unidos ha aceptado a unos mil, y cientos de ellos han sido forzados a regresar a los países de los que huyeron. Todavía hay más de 200 refugiados en Papúa Nueva Guinea y Nauru.
En 2019, Canberra se vio obligado a llevar a Australia a 192 solicitantes de asilo para que recibieran tratamiento médico. Los hoteles reacondicionados como centros de detención de inmigrantes en Melbourne y Brisbane se han convertido en foco de las protestas de los refugiados y sus partidarios.
La mayoría de estos refugiados nunca recibieron la atención médica que necesitaban y están recluidos bajo detención indefinida. Están confinados en su habitación y pasillo adyacente, sin acceso al exterior y con derechos de visita severamente restringidos, y también enfrentan un aislamiento adicional impuesto con el pretexto de la cuarentena por el coronavirus.
Recientemente han dejado salir a más de 100 personas de esta dura detención en un “hotel” con visas de salida definitiva, pero unas 75 siguen recluidas.