Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado viajaron a Caracas el 5 de marzo para reunirse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para discutir un levantamiento parcial de las sanciones que Washington impuso contra la industria petrolera de ese país en 2017.
La visita está vinculada a los cambios en las medidas que los gobernantes norteamericanos están tomando para defender su dominio mundial tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú. La administración del presidente Joseph Biden está tratando de asegurar fuentes de petróleo tras su prohibición de las importaciones de petróleo y gas rusos. También pretende abrir una brecha entre el régimen del presidente ruso Vladímir Putin y Caracas.
Antes de la orden ejecutiva el 8% de las importaciones de petróleo a Estados Unidos procedían de Rusia.
Los acercamientos de Washington también pretenden encontrar una salida a la actual política de “máxima presión” de los gobernantes norteamericanos que ha conducido a un estancamiento político entre el gobierno de Maduro y las fuerzas de oposición respaldadas por Washington y otras potencias imperialistas que llevan años tratando de derrocarlo.
Después de que Hugo Chávez ganara las elecciones en base a un programa de reformas radicales en 1998 y formara una alianza con el gobierno revolucionario de Fidel Castro en Cuba, Washington sancionó su gobierno y posteriormente el de Maduro, quien llegó a la presidencia tras la muerte de Chávez.
La administración de Donald Trump rompió relaciones con Venezuela en 2019, acusando a Maduro de fraude en las elecciones presidenciales y reconoció a Juan Guaidó, un político opositor pro imperialista, como líder del país. Las administraciones de Barack Obama y la de Trump impusieron severas sanciones económicas y comerciales contra Venezuela y han respaldado intentos de provocar un golpe de estado.
Sin embargo, dado el estancamiento actual, un número creciente de fuerzas dentro de la oposición capitalista ahora están a favor de participar en las elecciones y rechazan los llamados a un boicot de Guaidó. También piden el levantamiento de las sanciones a medida que avance su acercamiento con el gobierno de Maduro.
La visita del 5 de marzo fue criticada por algunos políticos demócratas y republicanos en Washington, quienes insisten en mantener la presión para maximizar las concesiones del gobierno de Maduro.
Los funcionarios norteamericanos niegan que la visita fue para negociar el levantamiento de las sanciones a cambio de un aumento en los suministros de petróleo. Afirman que la delegación estaba allí para discutir la liberación de seis ejecutivos petroleros estadounidenses encarcelados en Venezuela por cargos de malversación de fondos y un cubanoamericano arrestado bajo cargos de terrorismo. “Cualquier alivio de las sanciones” tiene que estar “vinculado a pasos concretos que tome Maduro y las personas que lo rodean”, dijo el asesor de seguridad nacional Jack Sullivan el 13 de marzo.
Luego de la visita, Caracas liberó a dos de los ciudadanos estadounidenses encarcelados y Maduro anunció que reanudaría conversaciones con la oposición.
Esto ocurre cuando Maduro también está haciendo un acercamiento con sectores importantes de capitalistas venezolanos e intereses capitalistas. Su gobierno ha privatizado un número significativo de empresas estatales y ha establecido nuevas alianzas con empresas extranjeras de petróleo y minería y con capitalistas locales.
Caracas lista a abastecer
Caracas acogió la apertura para suministrar petróleo a Estados Unidos y otros mercados. Antes de las sanciones, Venezuela era uno de los principales proveedores de las refinerías norteamericanas. Las sanciones bloquearon las compras a la empresa petrolera estatal PDVSA.
Si Washington relaja las sanciones, el gigante petrolero Chevron dice que tomará el control operativo de sus empresas conjuntas y aumentará los suministros de petróleo crudo a Estados Unidos, lo que le permitirá recuperar su presencia en la lucrativa industria petrolera de Venezuela.
Durante años las sanciones también han prohibido las importaciones de suministros y equipos claves para reparar y modernizar las instalaciones petroleras. La capacidad de producción se ha desplomado por debajo de sus niveles anteriores.
Las sanciones han tenido principalmente un impacto devastador en los trabajadores y agricultores, exacerbando la inflación que llegó al 340 por ciento en los últimos 12 meses. Más de 6 millones de personas han abandonado el país desde 2015.
Estas presiones impulsaron al gobierno de Maduro a establecer lazos comerciales y financieros con Rusia, China e Irán, cuyos gobernantes buscan promover sus propios intereses en la región. Las transacciones monetarias internacionales de PDVSA son manejadas por cuentas en Rusia y es probable que sean afectadas por las sanciones de Washington y los poderes capitalistas en Europa contra Moscú.
Uno de los objetivos de Washington es abrir una brecha entre Caracas y Moscú, el principal abastecedor de armas de Venezuela. Funcionarios venezolanos dijeron que Caracas sigue siendo un “aliado comprometido del gobierno ruso”, pero da la bienvenida al regreso de las empresas norteamericanas a Venezuela.
“Hacemos negocios de petróleo con empresas estadounidenses desde hace 100 años”, dijo el canciller venezolano Félix Plasencia en una reunión el 12 de marzo con Joseph Borrell, representante de asuntos exteriores de la Unión Europea. “Nunca les pedimos abandonar el país… Espero que respeten la soberanía y legitimidad de mi país… Si lo respetan, podemos hacer mucho juntos en el comercio del petróleo”.