Dos fallos recientes de la Corte Suprema de Estados Unidos que protegen el derecho constitucional a la libertad de culto son positivos para el pueblo trabajador. No obstante, estos fallos han sido atacados por los liberales que los consideran reaccionarios y una razón más por la que los demócratas deben ganar las elecciones en noviembre para encontrar la manera de acabar con la mayoría constitucionalista de la corte.
El 21 de junio el tribunal dictaminó que el estado de Maine no podía excluir a las escuelas religiosas de un programa de becas con fondos estatales. Distritos escolares locales de Maine pagan la matrícula para que niños en áreas rurales donde no hay escuelas públicas puedan asistir a escuelas privadas elegidas por los padres. Pero el estado se negó a pagarlas cuando los padres eligieron escuelas privadas que eran cristianas. Dos grupos de padres demandaron a Maine en 2018.
“No es necesario que un estado subsidie la educación privada”, escribió el presidente del tribunal, John Roberts, en la decisión, “pero una vez que un estado decide hacerlo, no puede descalificar a algunas escuelas privadas solamente porque son religiosas”. Se trata de la protección constitucional del derecho al culto, no un caso de separación de la iglesia y el estado, decidió el tribunal.
En una opinión disidente, el juez Stephen Breyer escribió: “Con una mayor diversidad religiosa, aumenta el riesgo de pugnas, conflictos y divisiones sociales basadas en la religión”.
Su opinión de que las creencias religiosas de los trabajadores son peligrosas hace eco de las expresadas por el ex presidente Barack Obama. En 2008, Obama se quejó de que las personas que perdieron sus empleos en pueblos pequeños del Medio Oeste “se amargan, se aferran a las armas o a la religión o sienten antipatía por las personas que no son como ellos”. Los liberales consideran a los trabajadores intolerantes y que necesitan controlarnos, y en el proceso atacan los derechos constitucionales.
El 27 de junio la corte respaldó al entrenador de fútbol de la escuela secundaria del estado de Washington, Joe Kennedy, quien entabló una demanda tras su despido en 2015 por dirigir oraciones en el campo después de los juegos. Kennedy le había dicho a los estudiantes que no tenían obligación de participar en las oraciones y nombró a dos jugadores que no participaban en ellas como capitanes del equipo. Pero el distrito escolar le ordenó que dejara de orar. Kennedy dejó de dirigir las oraciones en el vestuario y durante el partido, pero continuó arrodillándose para orar después del partido. Su contrato no fue renovado.
La prensa liberal está fuera de sí afirmando que la Corte Suprema está dando hachazos a la separación de la iglesia y el estado. En una opinión disidente, la jueza Sonia Sotomayor afirmó que las acciones de Kennedy causaron “graves interrupciones en los eventos escolares”.
El juez Neil Gorsuch escribió por la mayoría. “Aquí, una entidad gubernamental pretendió castigar a una persona por participar en una observancia religiosa personal breve, callada y doblemente protegida por las cláusulas de libre ejercicio y libertad de expresión de la Primera Enmienda”, dijo. Según la interpretación del distrito escolar, las escuelas podrían “despedir a maestros por rezar en silencio durante el almuerzo, por usar una kipá en la escuela o por ofrecer una oración al mediodía durante un descanso antes de la práctica”.
La Primera Enmienda de la Constitución, parte de la Declaración de Derechos, establece que: “El Congreso no promulgará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma”. Esa misma enmienda protege el derecho a la libertad de expresión y el derecho a reunirse —el derecho del pueblo trabajador a escuchar, decir y discutir con otros lo que quieran, sin la intervención del gobierno.
Estos fallos ayudan a abordar la larga historia de leyes estatales y decisiones judiciales que han afectado los derechos de las personas a practicar una religión como mejor les parezca, leyes que se utilizan para dividir a la clase trabajadora.
Treinta y siete estados todavía mantienen alguna forma de la “Enmienda Blaine” en sus libros, disposiciones adoptadas en el siglo 19 como parte del auge en la intolerancia antiinmigrante y anticatólica dirigida contra la creciente población católica irlandesa. En Maine, un sacerdote católico fue alquitranado y emplumado. En Alabama y Georgia, el Ku Klux Klan se convirtió en uno de los principales patrocinadores de estas leyes, reconociéndolas como una forma efectiva de marginar no solo a los católicos, sino también a los negros y los judíos.
Estas enmiendas llevan el nombre del político republicano James G. Blaine de Maine, quien promovió los esfuerzos para enmendar la Declaración de Derechos para prohibir todo financiamiento para las escuelas católicas; casi ganó. En ese momento, la mayoría de las escuelas públicas eran abiertamente protestantes.
Algunos políticos intolerantes siguieron promoviéndolo, y lograron enmiendas similares a las constituciones de sus estados. Pero la mayoría de las enmiendas Blaine provienen de una ley federal aprobada posteriormente que requería que los territorios que querían convertirse en estados adoptaran dicho lenguaje.
No fue sino hasta 2017 que la Corte Suprema anuló la ley Blaine del estado de Nuevo México. La decisión anuló la prohibición de que escuelas religiosas —a las que acuden principalmente estudiantes hispanos y nativo americanos— puedan tener acceso a libros a través de un programa de préstamo de textos escolares del estado.
En décadas recientes los demócratas han acudido a la Corte Suprema bajo una mayoría liberal para legislar políticas que no han logrado aprobar en el Congreso. Quieren que la corte actúe como si fuera un cuerpo legislativo, no una rama aparte del gobierno federal con su sistema de pesos y contrapesos cuya función es defender los derechos constitucionales. Están furiosos con los fallos recientes que estipulan que si el partido Demócrata o el Republicano quiere cambiar las leyes, tendrán que ganar una mayoría para aprobarlas en el Congreso. Los medios liberales como el New York Times publican con frecuencia artículos de opinión que argumentan que Estados Unidos está dividido a lo largo de un eje rojo-azul cada vez más definido, afirmando que el gobierno se enfrenta a una inminente toma del poder por parte de una extrema derecha de base cristiana que debe ser detenida a toda costa. Pero las disputas cada vez más agudas sobre los derechos y las leyes que agitan la política estadounidense no son en base a un eje “rojo-azul”, es la lucha de clases la que impulsa estas pugnas en todos los órganos gubernamentales.
“Hay mucho en juego para el pueblo trabajador en la defensa de los derechos constitucionales, incluida la libertad de culto”, dijo al Militante Sam Manuel, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para gobernador de Georgia. “Brindan protección contra la interferencia del gobierno, a medida que el pueblo trabajador busca formas de unirnos para defendernos a nosotros mismos y a nuestras familias, en áreas rurales y ciudades, para luchar por mejores salarios y condiciones de trabajo, atención médica, cuidado infantil, y para protestar contra las guerras de los gobernantes”.