Con el respaldo de todas las facciones del Partido Demócrata, el presidente Joseph Biden, los republicanos opuestos a Trump, el New York Times y el resto de la prensa liberal han intensificado su incesante empuje contra Donald Trump y los 74 millones de personas que votaron por él, atacando los derechos constitucionales que el pueblo trabajador necesita.
El 1 de septiembre Biden dijo, en lo que cínicamente describió como un discurso “no político”, que los “republicanos MAGA” reflejan un “semifascismo”. Al mismo tiempo, su administración ha dependido en el uso de métodos represivos por el FBI contra Trump y sus partidarios. De eso se trata la redada armada de la residencia de Trump en Mar-a-Lago por el FBI el 8 de agosto y la farsa de juicio en el congreso en torno a los disturbios del 6 de enero en Washington. Todos estos pasos atentan contra los derechos constitucionales conquistados con sangre por el pueblo trabajador.
Lo que está en juego no es si Biden o Trump tengan una mejor política para los trabajadores. Ambos defienden los intereses de clase de las familias gobernantes capitalistas de Estados Unidos.
Los comentarios de Biden sobre el “semifascismo” tienen sus raíces en el creciente temor de los gobernantes capitalistas de la clase trabajadora. De los que Hillary Clinton calificó de “irredimibles” y “deplorables”. Los gobernantes reconocen que cada vez más de nosotros estamos empezando a darnos cuenta de que los patrones y sus partidos políticos no tienen ninguna “solución” fuera de hacernos cargar más del costo de su sistema.
La redada del FBI en la propiedad de Trump se efectuó a solo tres meses de las elecciones de medio termino en noviembre de 2022. Sin ninguna confianza de poder ganar en base a su gestión, los demócratas están tratando de asegurar de que las elecciones se enfoquen en Trump y sus partidarios.
“Un acto más de conducta indefendible de Donald Trump revelado esta mañana”, chilló la republicana Elizabeth Cheney cuando el FBI publicó una foto de “documentos clasificados” esparcidos estratégicamente en el piso de su propiedad. Lo que Cheney y los medios liberales no dijeron fue que fueron colocados y organizados por los agentes del FBI. Se aprovecharon de que a los abogados de Trump le prohibieron estar presentes durante la redada de nueve horas para dar la impresión de un mal manejo de los documentos por Trump.
La prensa liberal inmediatamente comenzó a publicar todo tipo de información “filtrada” sobre los documentos, con el propósito de presentar la posesión de estos documentos por Trump como algo siniestro. Pero todo ex presidente revisa el material que utilizó en la Casa Blanca después de su mandato para preparar un archivo permanente.
Trump acudió a los tribunales para pedir que se nombrara a un “maestro especial” —una tercera persona— para revisar lo que incautó el FBI y recomendar lo que se debe devolver. El Departamento de Justicia se opuso a la solicitud, diciendo que ya estaban revisando los archivos e insinuando que Trump había escondido más material para obstruir la investigación. La jueza de distrito Aileen Cannon accedió a la solicitud de Trump el 5 de septiembre y ordenó al gobierno que detuviera todo uso del material hasta que el maestro especial nombrado por ella realice la revisión. Por otro lado, permitió que el director nacional de inteligencia continuara evaluando el material por cuestiones de “seguridad nacional”.
Los liberales se quejaron de que Cannon había sido nombrada como jueza por Trump. Newsweek escribió que su decisión fue el objeto de burla de “múltiples expertos legales”. Uno de ellos dijo que la jueza había cometido una “obstrucción de justicia” al tomar el caso.
La policía política de los capitalistas
Estos ataques a los derechos constitucionales de un ex presidente por el FBI, iniciados por sus opositores políticos burgueses, no tienen precedente. Pero el FBI ha llevado a cabo operaciones exactamente iguales para hostigar, perturbar e incriminar a sindicalistas, miembros del Partido Socialista de los Trabajadores, manifestantes contra la segregación racial de Jim Crow, opositores de las guerras de Washington y otros luchadores obreros. Para eso existe la policía política de los gobernantes capitalistas.
Solo dos semanas después de la redada de Mar-a-Lago, agentes del FBI comenzaron a tratar de interrogar a unas 60 personas en Puerto Rico que participaron en una reciente brigada de solidaridad con Cuba.
La clase trabajadora, más que nadie, necesita los derechos codificados en la Constitución, desde la protección contra la interferencia del gobierno en la libertad de expresión, asamblea y culto y contra los registros e incautaciones irrazonables. Son derechos cruciales cuando luchamos contra los intentos de los patrones y su gobierno de hacernos cargar con el peso de su crisis capitalista.
Un ejemplo de esto es la huelga de mineros en Alabama contra Warrior Met Coal. El gobierno les ordenó que pagaran $13.3 millones de dólares a los patrones por pérdidas causadas por la huelga.
En su empuje para incriminar a Trump los liberales rutinariamente tiran a un lado el derecho constitucional a la presunción de inocencia. El ex jefe de la CIA, John Brennan, revivió la desacreditada calumnia del FBI de que Trump era herramienta de Moscú.
De hecho, la notoria Ley de Espionaje de 1917 fue usada en la orden de allanamiento. Esta ley antiobrera se empleó para incriminar a Eugene V. Debs y otros opositores de los objetivos imperialistas de Washington en la Primera Guerra Mundial y perseguir a los partidarios de la Revolución Bolchevique.
Crisis de partidos capitalistas
Dos días después de acusar a los partidarios de Trump de supurar “semifascismo”, Biden dijo en un discurso en el Salón de la Independencia en Filadelfia, que ellos “representan un extremismo que amenaza los cimientos de nuestra república”. Flanqueado por infantes de marina, Biden dijo que están “destruyendo la democracia estadounidense”.
Los medios presentan la política en Estados Unidos como un creciente conflicto entre conservadores y liberales. Esto enmascara el hecho de que la política aquí, y en el mundo, refleja las diferencias en los intereses de clase: los de la pequeña capa de familias multimillonarias capitalistas por un lado, y por el otro, los millones de trabajadores a quienes explotan y quienes cargan con el grueso de la actual crisis económica y social del capitalismo.
Lo que temen los gobernantes capitalistas y sus lacayos de clase media es que los trabajadores utilicen sus sindicatos para luchar por empleos, por salarios a la par de la inflación, por el control de la seguridad y la producción en el trabajo y muchas otras cosas que necesitamos. Mediante esas luchas descubrimos lo que somos capaces de lograr como clase y reconocemos por qué los trabajadores necesitamos organizar nuestro propio partido político, un partido obrero, independiente de la clase explotadora y sus partidos políticos, para luchar por el poder político.