Los gobernadores republicanos de Arizona, Florida y Texas han estado enviando autobuses llenos de inmigrantes que han cruzado la frontera con México a ciudades “santuario”, diciendo que las autoridades liberales allí deberían estar felices de recibirlos. Los alcaldes demócratas, como Eric Adams de Nueva York, y otros políticos han culpado a los republicanos de usar a los inmigrantes para imponer una carga a los recursos de su ciudad.
Esta demagogia cínica de ambos lados tiene como objetivo aumentar las divisiones entre los trabajadores al convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios de la actual crisis del sistema capitalista.
“Queremos transportarlos porque, obviamente, es costoso si la gente está viniendo aquí. Pone presión a los servicios sociales y todas estas otras cosas”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el 15 de septiembre. “Toda comunidad en Estados Unidos debería compartir las cargas”. El día anterior, DeSantis había enviado dos aviones con 50 inmigrantes venezolanos a Martha’s Vineyard, un rico enclave liberal frente a la costa de Massachusetts. Rápidamente fueron trasladados a albergues temporales en una base militar.
Trasladados a lugares donde la mayoría no tiene familia ni otras conexiones, la principal preocupación de los migrantes es poder mantenerse a sí mismos y a sus familias aquí y en su país de origen. “Lo que más necesitamos es trabajo”, dijo Gabriel Hernández, de Venezuela, a Univisión en Nueva York el 23 de septiembre.
Aunque condenan a los gobernadores republicanos por su trato inhumano y cruel de los trabajadores migrantes, los funcionarios del Partido Demócrata ocultan el hecho de que sus políticas y prácticas difieren muy poco.
Contrario a las acusaciones de que el presidente Joseph Biden no está haciendo nada para “disuadir la inmigración ilegal”, la policía de inmigración detuvo aproximadamente a 1.5 millones de personas a fines de 2021, y la Patrulla Fronteriza expulsó o deportó a más de un millón más. A un mes del final del año fiscal 2022, más de 2 millones de inmigrantes han sido detenidos en la frontera suroeste. Estas son cifras que no se han visto en las últimas dos décadas.
Desde 2014 las administraciones de Obama, Trump y Biden han estado presionando a sus contrapartes en México para que asuman un mayor papel en disminuir el flujo de migrantes de América Central. Los adultos solteros y familias de México, Guatemala, Honduras y El Salvador que cruzan el Río Bravo son inmediatamente expulsados de regreso a México.
En los últimos años, un mayor número de personas de Cuba, Colombia, Nicaragua y Venezuela ha estado llegando y solicitando asilo.
El principal objetivo de estas medidas no es detener la inmigración, sino infundir miedo entre los inmigrantes indocumentados y sembrar divisiones entre todos los trabajadores. Los patrones aprovechan esto para mantener bajos los salarios y las condiciones de trabajo para todos.
Gobierno regula flujo de inmigración
Los gobernantes norteamericanos activan y desactivan la inmigración para satisfacer la necesidad de mano de obra de los patrones. Lo hacen en parte a través de programas de trabajadores huéspedes temporales que suministran trabajadores a la industria pesquera, ingenios azucareros, hoteles y otras industrias. Algunos capitalistas simplemente usan trabajadores indocumentados que han logrado ingresar al país. “La mano de obra inmigrante y los refugiados de primera generación han sido excelentes fuentes de mano de obra”, dijo en mayo Julie Anna Potts, presidenta y directora ejecutiva del Instituto de la Carne de América del Norte.
Los trabajadores y campesinos de América Latina y el Caribe, Asia y África son forzados a migrar por el empeoramiento de las condiciones económicas y sociales que enfrentan.
“Antes cultivaba frijol, pero con el alto precio de la semilla, el arriendo de un pequeño terreno, y los precios bajos, al final ya no valía la pena”, dijo un trabajador nicaragüense de 30 años que ahora vive y trabaja en una granja de cabras en Wisconsin. Él pidió al Militante que no usara su nombre.
No ‘santuario’ para la explotación
Ya sea en las autoproclamadas ciudades “santuario” dirigidas por demócratas o en lugares donde los políticos republicanos culpan a los inmigrantes de todos los problemas de su ciudad, el estatus de paria y la super explotación de los trabajadores inmigrantes es lo mismo.
Hasta 2019, por ejemplo, cuando se aprobó la Ley de Prácticas Laborales Justas para Trabajadores Agrícolas, los trabajadores agrícolas en el estado de Nueva York estaban excluidos del pago de horas extra, de recibir un día garantizado de descanso por semana y compensación por lesiones laborales. La ley de 2019 dice que deben recibir pago por horas extra después de 60 horas de trabajo por semana.
Las diferencias salariales entre los obreros de la construcción sindicalizados y no sindicalizados en la ciudad de Nueva York —donde más del 60 por ciento de los trabajadores de la construcción son inmigrantes, y un 41 por ciento de ellos indocumentados, la mayoría en trabajos no sindicalizados— son marcadas y muy rentables para los patrones. Pero el costo mayor para los trabajadores está en el número de muertes y lesiones en el trabajo entre los trabajadores indocumentados sin protección sindical.
Las familias capitalistas y los políticos que los representan, tanto demócratas como republicanos, acusan a los trabajadores inmigrantes de ser la causa del desempleo, el crimen y el narcotráfico, y limitan los fondos para la salud, la educación y otros servicios sociales para ellos, dijo Willie Cotton, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para gobernador de Nueva York. “Utilizan este chivo expiatorio para engañar a los trabajadores para que apoyen medidas que nos dividen y fortalecen la posición de los patrones y su gobierno sobre todos los que trabajan para ganarse la vida, tanto los nativos como los nacidos en el extranjero”, dijo. “El movimiento obrero necesita luchar por la amnistía para todos los inmigrantes en el país. Esto pondrá a los sindicatos en una posición más fuerte para unirse y organizar a todos los trabajadores”.
“Tenemos que ponernos de pie, organizarnos y luchar por la residencia permanente”, dijo José Molina, hablando por la Alianza Nacional de TPS, a Univisión el 19 de septiembre. El Estatus de Protección Temporal (TPS) permite a los refugiados de países devastados por guerras y desastres naturales trabajar y vivir legalmente en el país. Personas que tienen el TPS en Los Ángeles, Nueva Jersey y otras ciudades se unieron a desfiles para celebrar la independencia de América Central en septiembre, para exigir la extensión de su estatus y amnistía.