MONTREAL — El 25 de noviembre concluyeron las audiencias públicas realizadas en el transcurso de seis semanas sobre la imposición de la Ley de Emergencias por el gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau. La ley, nunca antes utilizada, fue aplicada para tratar de aplastar la “Caravana de la Libertad”, una protesta de camioneros que duró tres semanas en Ottawa y en los cruces fronterizos con Estados Unidos el febrero pasado.
Las audiencias fueron convocadas por la Comisión de Emergencia del Orden Público para determinar la legalidad del ataque del gobierno contra los derechos de los camioneros. Su informe debe ser entregado al parlamento antes del 20 de febrero.
Comparecieron más de 75 testigos, incluidos policías, ministros, dirigentes y participantes de la caravana, y otros. Individuos y organizaciones sometieron unas 9,500 declaraciones escritas, entre estas la declaración de la Liga Comunista de Canadá, titulada: “¡Defender los derechos democráticos y los derechos políticos! ¡Derogar la Ley de Emergencias!”. El último en declarar fue Trudeau, quien defendió el ataque contra los camioneros y los derechos políticos.
Las protestas de los camioneros abarrotaron las calles alrededor de la Colina del Parlamento de Ottawa con camiones, furgonetas y autos. Exigían que el gobierno federal pusiera fin a los mandatos de vacunas contra el COVID que amenazaban sus trabajos y medios de vida, y otras políticas con las que no estaban de acuerdo.
Para ganar apoyo para la aplicación de la Ley de Emergencias, que anuló los derechos políticos básicos, Trudeau emprendió una campaña de calumnias contra los camioneros, a quienes tildó de “supremacistas blancos, profanadores de monumentos de guerra que ondean la esvástica”.
Después de imponer la ley el 14 de febrero, Ottawa desató “uno de los actos de represión policial más grandes en la historia moderna de Canadá”, escribió la Liga Comunista a la comisión. Más de 200 personas fueron arrestadas, incluidos los principales organizadores de la caravana, quienes aún enfrentan cargos penales.
En su testimonio, el veterano del ejército Chris Deering dijo que cuando un policía lo detuvo, “me dio un rodillazo en el costado y me pateó la espalda. … tenía mis manos completamente levantadas. Yo decía: ‘Soy pacífico. Soy pacífico. No estoy resistiendo’”.
Tamara Lich, una destacada vocera de la Caravana de la Libertad, y líder del separatista Partido Maverick de Alberta, pasó 49 días presa sin ser juzgada o condenada. Las onerosas condiciones de fianza impuestas a Lich le prohíben usar las redes sociales por cualquier motivo, contactar a cualquiera de los otros dirigentes de la caravana, o hacer cualquier cosa relacionada con los movimientos opuestos a los mandatos de vacunación hasta que tenga su juicio el próximo año. La Liga Comunista exige que se retiren todos los cargos contra Lich y otros líderes y participantes del convoy. La continua violación de sus derechos por parte de Ottawa es “una amenaza a los derechos democráticos y políticos de todos”, dijo la Liga.
En su testimonio, Trudeau y otros funcionarios argumentaron que el uso de la Ley de Emergencias estaba legalmente justificado porque consideraban que las protestas eran una “emergencia de orden público nacional”.
Trudeau dijo que existió la “posibilidad” de violencia, aunque admitió que nunca hubo “violencia grave”.
Trudeau insistió en que la protesta en Ottawa fue ilegítima. “No era que [los manifestantes] quisieran solamente ser escuchados”, dijo. “Querían que cambiáramos la política de salud pública”. Estas acusaciones podrían usarse contra cualquiera que proteste contra las políticas del gobierno.
Dijo soberbiamente que estaba “absolutamente tranquilo y seguro de que tomé la decisión correcta”.
Trabajadores blanco de capitalistas
La viceprimer ministro Chrystia Freeland dijo a la comisión que se había reunido con los directores ejecutivos de los principales bancos de Canadá, quienes la convencieron de que la caravana estaba “poniendo en grave peligro” la economía del país. Afirmó que esta “amenaza a la seguridad económica” ponía en peligro la “seguridad nacional”.
Gran parte del debate ante la comisión se centró en si la protesta alcanzó el “umbral” para invocar las draconianas restricciones a los derechos básicos bajo la ley. La Liga Comunista dijo que toda la ley, así como “la premisa de la comisión”, debería ser desechada.
Una encuesta realizada después de las audiencias mostró que la mayoría se opuso al uso de la Ley de Emergencias contra los camioneros. Muchos dijeron que originalmente habían apoyado la acción de Trudeau, pero cambiaron de opinión después de ver las audiencias.
Un ejemplo dramático del uso de leyes contra la clase trabajadora ocurrió en noviembre mientras se celebraban las audiencias, cuando el Gobierno Provincial de Ontario del Primer Ministro Douglas Ford invocó una de las leyes antisindicales más draconianas en años, el Proyecto de Ley 28, para tratar de aplastar la huelga de 55 mil trabajadores escolares, miembros del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos. Los trabajadores desafiaron la ley y con el apoyo del movimiento obrero de todo el país obligaron a Ford a derogar la ley.
El 17 de febrero, el Sindicato de Empleados Públicos de Ontario, con 180 mil miembros, ya había señalado que estas leyes podrían ser usadas contra los trabajadores. “Históricamente, el movimiento obrero ha sido el objetivo de leyes destinadas a suprimir la disidencia antigubernamental, incluso cuando los trabajadores han exigido mejores condiciones de vida a través de huelgas”.
“La declaración del Sindicato de Empleados Públicos estuvo acertada. En el contexto de la profundización de la crisis económica, social y política del sistema capitalista, el uso de la Ley de Emergencias contra los camioneros fue un golpe preventivo calculado que sentó un precedente contra la creciente resistencia de la clase trabajadora y el uso del poder sindical para defender nuestros intereses”, dijo al Militante Beverly Bernardo, candidata de la Liga Comunista en las próximas elecciones de Quebec en el distrito electoral de Montreal Saint Henri-Sainte Anne.
“Las familias multimillonarias de la clase dominante están utilizando leyes rompehuelgas cada vez más. En Corea del Sur, los camioneros recientemente tuvieron que desafiar una ley que los ordenaba a regresar a trabajar y en Estados Unidos los demócratas y republicanos en el Congreso se unieron para aprobar una ley que prohibió una huelga de trabajadores ferroviarios el 9 de diciembre, obligándolos a aceptar términos del contrato que la mayoría había rechazado durante el voto.
“El movimiento sindical y todos los trabajadores que están en lucha deben tomar muy en serio la advertencia del sindicato”, dijo Bernardo. “La Ley de Emergencias está dirigida directamente contra la clase trabajadora en su conjunto y contra nuestros sindicatos”.