Sin por lo menos una audiencia judicial, la secretaria de estado de Maine, Shenna Bellows, eliminó a Donald Trump de la boleta electoral para presidente el 28 de diciembre, tras un fallo similar de la Corte Suprema de Colorado. Ambos fallos se basaron en la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución, adoptada en 1868 para impedir que los ex oficiales rebeldes de la Confederación asumieran cargos después de haber sido derrotados en la Segunda Revolución Norteamericana, la guerra para derrocar a la esclavocracia.
Las cuestiones involucradas en el ataque a Trump son sustanciales, ya que el pueblo trabajador enfrenta hoy una crisis económica y social resultado del funcionamiento del capitalismo y está buscando formas de impulsar sus intereses de clase. Para ello necesitamos los derechos constitucionales.
La Sección 3 fue adoptada como parte de los avances revolucionarios que siguieron a la Guerra Civil. Muchos ex oficiales de la Confederación libraron batallas feroces buscando negar a los africano americanos la tierra y la igualdad de derechos, incluido el derecho al voto.
Excluir a Trump de las elecciones no tiene nada que ver con esas luchas, pero sería un golpe duro a derechos constitucionales básicos, al impedir que el pueblo trabajador vote por el candidato de su elección. Mientras se apelan los fallos de Colorado y Maine, los demócratas trabajan horas extras para utilizar una avalancha de casos judiciales para hacer un corto circuito de las elecciones de 2024 y balancear el voto a favor del impopular presidente Joseph Biden.
Además de los desafíos al derecho de Trump a postularse, Trump enfrenta un juicio el 4 de marzo en Washington, por acusaciones del Departamento de Justicia de que él conspiró para revocar las elecciones de 2020. El 25 de marzo está programado para ser juzgado en Nueva York por el “delito” de solicitar a su abogado que hiciera pagos de dinero secretos en 2016. Además, se ha fijado la fecha del 20 de mayo para un juicio en Florida por cargos del Departamento de Justicia de que se quedó con documentos supuestamente clasificados después de dejar el cargo, un “crimen” del cual son culpables la mayoría de los ex presidentes. Y el 5 de agosto es la fecha tentativa de un juicio por cargos de extorsión presentados por fiscales demócratas en Georgia.
La escala de esta caza de brujas partidista contra un político capitalista durante una campaña electoral no tiene precedentes. Si los demócratas pueden impedir que Trump se postule, eso sentará un precedente que los gobernantes capitalistas utilizarán para hacer lo mismo y mucho peor con los candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores y otros.
En Maine, Bellows afirma que el discurso de Trump del 6 de enero de 2021 fue una “retórica incendiaria” para “evitar una transferencia pacífica del poder”. De hecho, expresó su opinión sobre los resultados de las elecciones e instó a los manifestantes a ser pacíficos, todo actividades protegidas por la libertad de expresión.
En Colorado, el juez de la Corte Suprema Carlos Samour emitió una opinión disidente, señalando que los estados no tienen autoridad para hacer cumplir la Sección 3.
La Sección 5 de la Enmienda 14 establece inequívocamente que: “El Congreso tendrá la facultad de hacer cumplir, mediante la legislación apropiada, las disposiciones de este artículo”. Nadie más. Apenas unos meses después de los disturbios del 6 de enero, el Congreso consideró y no aprobó una legislación para hacer cumplir la Sección 3 contra los llamados insurrectos.
La ley se remonta a la Guerra Civil
La victoria del Norte en la Guerra Civil abrió la puerta a batallas de clases que cambiaron el país para siempre.
Los esclavos liberados lideraron poderosas luchas para establecer gobiernos de Reconstrucción que los ayudaran en su lucha por derechos, la propiedad, la tierra y el poder político. Se ganó la educación pública para todos. Frente a la resistencia violenta los esclavos liberados fueron una parte clave de la lucha para lograr la aprobación de las Enmiendas 13, 14 y 15 que abolieron la esclavitud y la servidumbre involuntaria, garantizaron la ciudadanía estadounidense a los esclavos liberados y reconocieron su derecho al voto.
La Sección 3 fue adoptada no para limitar el derecho al voto, sino para ayudar a estas luchas contra los antiguos esclavistas.
En 1870 el Congreso aprobó la Primera Ley contra el Ku Klux Klan para proteger aún más el derecho al voto de los negros en respuesta a la violencia supremacista blanca en todo el Sur. La ley implementó la Sección 3 para destituir a los funcionarios que obstruían que los negros votaran.
Estas medidas tenían el objetivo de reforzar la derrota de una verdadera insurrección: la secesión del Sur y el inicio de la Guerra Civil. Nada de lo que hizo Trump el 6 de enero es ni remotamente similar a lo que hicieron los ex esclavistas después de la Guerra Civil, ni el intento de excluirlo de la presidencia hoy guarda ninguna similitud con la lucha por la Reconstrucción.
Aplastar la Reconstrucción Radical requirió una sangrienta contrarrevolución. Ambos partidos capitalistas, los demócratas y los republicanos, acordaron en 1877 retirar del Sur las tropas de la Unión, lo que provocó un reinado de terror por parte de pandillas racistas y la imposición de la segregación Jim Crow, la peor derrota que jamás haya sufrido la clase trabajadora en Estados Unidos.
Desde entonces la Sección 3 ha sido utilizada solo dos veces y con un propósito muy diferente. El candidato del Partido Socialista de Wisconsin, Victor Berger, fue elegido al Congreso en 1918, pero se le prohibió ocupar el cargo en virtud de la Sección 3, supuestamente porque había sido condenado por el “crimen” de hablar en contra de la entrada de Washington en la primera guerra mundial imperialista.
El único uso exitoso de la Sección 3 para desbancar a un funcionario electo en más de un siglo fue el caso de Couy Griffin, quien fue destituido como comisionado de condado en Nuevo México por participar en una insurrección porque fue declarado culpable del delito menor de invadir el terreno del Capitolio el 6 de enero. Nunca entró al edificio.
La Corte Suprema de Colorado descalificó a Trump bajo una sección del código electoral del estado que dice que cualquier candidato que no sea elegible para ejercer el cargo después de ser elegido no puede aparecer en la boleta. Existe una ley similar en Nueva York. Descrita por el New York Times en 1967 como el “proyecto de ley anti-Judy White”, fue adoptada después de que White se postulara para gobernadora como candidata del Partido Socialista de los Trabajadores. White tenía 28 años y se le consideró “demasiado joven” para ocupar un cargo.
Esto es un ejemplo gráfico de cómo los ataques de los demócratas y republicanos a los derechos constitucionales terminan cayendo sobre la clase trabajadora.