MONTREAL — El gobierno del Partido Liberal de Canadá presentó el Proyecto de Ley 63, la Ley de Daños en el internet. Es un gran atentado contra el derecho de la libertad de expresión. Es una amplia legislación que fortalece las “leyes contra el odio” existentes e impone la censura gubernamental en el internet. También aumenta las penas de prisión hasta la cadena perpetua para personas condenadas por un juez de cometer un delito “motivado por el odio” o que abogue por el “genocidio”. Incluye multas de hasta 70 mil dólares.
El primer ministro Justin Trudeau afirmó cínicamente que el objetivo principal de la ley es proteger a los niños de depredadores sexuales en línea. “No se dejen engañar”, advirtió Joanna Baron, directora ejecutiva de la Fundación Constitución Canadiense. “La mayor parte del proyecto de ley esta dirigida a restringir la libertad de expresión”.
“Esta ley muestra la determinación del gobierno de profundizar los ataques a las libertades políticas fundamentales: el derecho a la libertad de expresión y de asamblea, así como otras libertades que los trabajadores necesitan para defendernos a nosotros mismos y a nuestros sindicatos”, explicó al Militante el 1 de marzo Katy LeRougetel, candidata de la Liga Comunista en las próximas elecciones federales parciales de Montreal en LaSalle-Emard-Verdun. “Necesitamos luchar por nuestros derechos contra los ataques de los gobernantes capitalistas”.
El proyecto de ley permite que un juez ponga bajo arresto domiciliario a personas que este considere que podrían cometer delitos de “incitación al odio” en el futuro. Podrían ser obligados a usar un grillete electrónico para monitorear sus movimientos, prohibirles comunicarse con personas u organizaciones que el tribunal decida y obligarlos a proporcionar muestras de orina o sangre para detectar alcohol o drogas. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podrían ser motivo para recibir hasta dos años de prisión.
Noa Mendelsohn Aviv, directora ejecutiva de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles señaló a la prensa otra amenaza a los derechos políticos: “la vasta autoridad otorgada a un organismo recién creado”, la Comisión de Seguridad Digital. Esta nueva agencia de espionaje estaría compuesta por personas designadas por el gobierno con la tarea de “interpretar la ley, elaborar nuevas reglas, hacerlas cumplir y luego actuar como juez, jurado y verdugo”.
La ley también otorgaría a la Comisión Canadiense de Derechos Humanos, designada por Ottawa, poderes para procesar y castigar los discursos considerados “de odio”. El gobierno afirma que tiene este poder porque la Corte Suprema de Canadá “ha sostenido repetidamente las leyes que combaten el discurso de odio como límites justificados a la libertad de expresión”.
A medida que crece la resistencia del pueblo trabajador a la crisis económica y social del sistema capitalista, Ottawa y otros gobiernos capitalistas por todo el mundo están impulsando medidas para tomar un mayor control sobre nuestras vidas con reglas y mandatos antidemocráticos.
Las “amplias prohibiciones penales sobre la expresión contenidas en el proyecto de ley corren el riesgo de sofocar el discurso público y criminalizar el activismo político”, dijo la Asociación Canadiense de Libertades Civiles. Van a “censurar la fuerte oposición a las autoridades políticas” y limitarán “el debate y la disensión sobre cuestiones polémicas”.
Un juez podría considerar que condenar a Hamás por su pogromo del 7 de octubre que mató a 1,200 judíos en Israel “probablemente fomentaría el odio o la difamación” de los palestinos, lo cual sería una violación del proyecto de ley 63.
Este nuevo ataque a los derechos políticos se produce sólo unas semanas después de que el juez federal Richard Mosley dictaminara que la imposición de la Ley de Emergencias contra las protestas de los camioneros y otras personas en febrero de 2022 fue ilegal y una violación de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. La administración de Trudeau dice que apelará el fallo del tribunal y está procediendo con juicios amañados contra los dirigentes del Convoy de la Libertad y otros manifestantes arrestados y acusados tras la imposición de la Ley de Emergencias.
“Los trabajadores y nuestros sindicatos deben oponerse a la Ley de Daños en el Internet, exigir la derogación de la Ley de Emergencias y pedir el retiro de todos los cargos contra los participantes en el Convoy de la Libertad”, dijo LeRougetel, la candidata de la Liga Comunista.