Régimen de Putin arremete contra migrantes de Asia Central

Por Roy Landersen
22 de abril de 2024
Trabajadores inmigrantes de Asia Central detenidos durante redada de policía rusa en obra de construcción en Moscú tras atentado terrorista del Estado Islámico el 22 de marzo. El Kremlin ha aumentado los arrestos y deportaciones, a la vez que acusa a Ucrania del ataque.
Moskva News AgencyTrabajadores inmigrantes de Asia Central detenidos durante redada de policía rusa en obra de construcción en Moscú tras atentado terrorista del Estado Islámico el 22 de marzo. El Kremlin ha aumentado los arrestos y deportaciones, a la vez que acusa a Ucrania del ataque.

Tras el ataque terrorista cometido el 22 de marzo en Moscú por el Estado Islámico Jorasán, un grupo islamista reaccionario, el régimen del presidente ruso Vladímir Putin está atacando a los inmigrantes musulmanes de Asia Central. El Kremlin está realizando redadas policiales en todo el país al mismo tiempo que intenta culpar a Ucrania por el ataque en el teatro Crocus City Hall.

El ataque, que dejó 144 muertos, es la operación más mortífera de ISIS en un país europeo. Otras 360 personas resultaron heridas.

Los cuatro pistoleros acusados del ataque son de Tayikistán, un país predominantemente musulmán. Una decena de sospechosos, procedentes de Tayikistán y otros países de Asia Central, han sido detenidos.

Putin ignoró las advertencias que Washington y sus aliados europeos le habían transmitido a Moscú sobre un inminente ataque, así como de Teherán, uno de sus aliados militares.

Tayikistán es el país más pobre de Europa y Asia. Casi un millón de inmigrantes tayikos trabajan en Rusia. Otros 2 millones de inmigrantes en el país provienen de las mayoritariamente musulmanas ex repúblicas soviéticas, entre ellas Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán y Kazajistán.

La población de Rusia se ha ido reduciendo desde 1993. Actualmente hay 5 millones de adultos entre 25 y 30 años menos que hace una década. El único factor compensador es una inmigración neta desde Asia Central de más de 200 mil personas el año pasado.

Las redadas policiales en dormitorios, apartamentos y centros de trabajo donde viven y trabajan inmigrantes de Asia Central han aumentado considerablemente. Han comenzado las deportaciones a gran escala.

El 27 de marzo, las autoridades allanaron un enorme almacén en las afueras de Moscú, exigiendo ver los pasaportes y permisos de trabajo de 5 mil trabajadores. La policía utilizó porras para golpear a quienes intentaron resistir. Unas 40 personas fueron detenidas.

En San Petersburgo se lanzó una operación llamada “Antimigrante” para identificar y deportar a extranjeros sin documentos de residencia.

La abogada de derechos humanos Valentina Chupnik dijo al Moscow Times que recibió más de 3 mil solicitudes de ayuda en las primeras 72 horas posteriores al ataque terrorista. “Hay 118 personas que fueron golpeadas por la policía y más de 400 personas que fueron sometidas a condiciones tortuosas”, dijo.

Los trabajadores inmigrantes son una fuente vital de mano de obra barata para los capitalistas rusos. Realizan trabajos que van desde fábricas y la construcción hasta supermercados y reparto de alimentos, así como conductores de taxis y camiones. Putin está utilizando el atentado terrorista para intensificar los ataques contra los inmigrantes con el fin de profundizar las divisiones entre los trabajadores en su conjunto y apuntalar el menguante apoyo a la guerra de su régimen para conquistar Ucrania.

“Los tayikos tienen mucho miedo de que las autoridades rusas comiencen a enviar tayikos al frente en masa para luchar como forma de venganza contra nuestro pueblo”, dijo Saidanvar, un activista de derechos humanos tayiko, al New York Times.

Los hombres jóvenes de grupos étnicos minoritarios musulmanes en la Federación Rusa ya constituyen un número desproporcionado de los soldados del ejército ruso que combaten y mueren en Ucrania. Putin facilitó que los inmigrantes se convirtieran en ciudadanos al inicio de la guerra para ampliar la reserva del Kremlin de potenciales reclutas militares.

El Kremlin afirma que los pistoleros del Estado Islámico —que fueron torturados— admitieron tener vínculos con Ucrania. El gobierno ucraniano lo niega rotundamente.