La crisis política provocada por la disputa de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela se ha profundizado a medida que Washington sigue violando la soberanía del país con su intromisión en los asuntos internos de esta rica nación petrolera.
El presidente Nicolás Maduro fue oficialmente declarado reelecto a pesar de las protestas de la oposición burguesa de que las actas de escrutinio de los centros de votación muestran que su candidato, Edmundo González, ganó por un margen de millones de votos.
El secretario de estado norteamericano, Antony Blinken, con arrogancia imperial, declaró a González el ganador el primero de agosto. Washington redobló su intervención ofreciéndole amnistía a Maduro y sus altos funcionarios si renuncian al poder. Washington mantiene cargos de extradición a Estados Unidos contra ellos por presunto narcotráfico.
Washington está aprovechando la crisis para intensificar su campaña de difamación con el fin de aislar al gobierno cubano. La prensa estadounidense ha hecho declaraciones descabelladas sobre el envío de fuerzas especiales cubanas a Venezuela tras las elecciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores cubano ha refutado categóricamente esas mentiras.
Los líderes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática exigieron la divulgación oficial de las actas impresas, como lo requiere la ley electoral venezolana. Maduro se ha negado y en su lugar solicitó al Tribunal Supremo que auditara los resultados.
Desde las elecciones han habido múltiples protestas antigubernamentales, incluso en bastiones de apoyo al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido político formado por el predecesor y mentor de Maduro, Hugo Chávez.
Los enfrentamientos con efectivos de la Guardia Nacional y grupos paramilitares de motociclistas partidarios de Maduro, conocidos como “colectivos” han dejado 25 muertos. Decenas de miles de personas marcharon el 3 de agosto en apoyo a Maduro, quien ha lanzado una amplia arremetida contra los partidarios de la oposición y ha detenido a más de 2,400 personas.
La mayoría de los gobiernos de la región, ya sean favorables o no a Maduro, ha cuestionado los resultados.
Los presidentes de Colombia, Brasil y México han pedido que las actas del voto se hagan públicos.
El fiscal general del país, Tarek William Saab, abrió una investigación contra González y la líder de la oposición María Corina Machado por presuntamente difundir información falsa, incitar a la desobediencia y la insurrección.
En los últimos dos años Washington ha mantenido negociaciones con representantes del gobierno de Maduro. El octubre pasado Washington prometió suspender las sanciones que mantiene sobre las exportaciones de petróleo y gas a cambio de la excarcelación de prisioneros políticos y de pasos para la celebración de elecciones que Washington pudiera considerar “libres y justas”. El acuerdo se desmoronó cuando el gobierno de Maduro bloqueó la candidatura de Machado y lanzó una nueva ronda de arrestos de activistas opositores.
Los capitalistas estadounidenses están muy deseosos de retomar la explotación de la anteriormente vasta industria petrolera venezolana y de que el crudo venezolano fluya nuevamente en los mercados mundiales afectados por la invasión de Ucrania por Moscú. También esperan frenar la creciente colaboración de Caracas con Moscú, Beijing y Teherán.
La crisis que afecta a la economía capitalista venezolana, profundizada por las sanciones de Washington, ha mejorado un poco desde 2014 cuando los precios se dispararon y el país sufrió de una grave escasez de productos básicos. Unos ocho millones de venezolanos se han ido del país.
La historia de lucha de Venezuela
En 1989 una rebelión obrera conocida como el “Caracazo” explotó a causa de los aumentos de precios, el desempleo y el deterioro de las condiciones de vida y trabajo. El presidente Carlos Andrés Pérez envió el ejército para aplastar las protestas, causando la muerte de más de 3 mil personas en Caracas.
Chávez fue encarcelado en 1992 después de encabezar un fallido golpe de estado contra Pérez. Fue elegido presidente en 1998 en medio de crecientes luchas obreras y campesinas. Pero ni él ni Maduro tuvieron la intención de dirigir a la clase trabajadora a tomar el poder político.
“No tenemos ningún plan para arrasar a la oligarquía, la burguesía venezolana”, dijo Chávez en 2007. En lugar de esto, su gobierno empleó su control de la compañía petrolera estatal para redirigir los ingresos hacia gastos sociales. Esto le ganó amplio apoyo entre el pueblo trabajador y las clases medias empobrecidas. Ese apoyo empezó a erosionarse cuando los fondos se agotaron cuando los precios petroleros se desplomaron, y la crisis capitalista mundial se profundizó.
El curso de Chávez, continuado por Maduro, fomentó el crecimiento de capas sociales privilegiadas, inclusive entre los altos mandos de las fuerzas armadas. Hoy en día son el pilar del apoyo de Maduro.
Las consecuencias inevitables de esto son la creciente desmoralización y confusión del pueblo trabajador, aun entre los que durante los últimos 20 años han luchado contra los múltiples intentos de Washington de intervenir y derrocar el gobierno. Millones de personas siguen buscando maneras de luchar por mejores salarios, tierra, atención médica asequible, educación y otros derechos.