El gobierno iraní está aumentando las expulsiones de cientos de miles de inmigrantes afganos a raíz de los ataques aéreos defensivos de Israel para frenar los esfuerzos de Teherán para destruirlo como refugio para judíos. Estos ataques chovinistas y antiobreros contra los afganos están generando un amplio debate en Irán, y la solidaridad de trabajadores, nacionalidades oprimidas y otros.
Sindicatos independientes de trabajadores de la caña de azúcar, maestros, conductores de autobús, trabajadores petroleros y jubilados se encuentran entre las organizaciones que han denunciado las deportaciones y han llamado a los trabajadores a rechazar la propaganda y las acciones divisivas anti afganas del régimen.
Las expulsiones comenzaron mucho antes de la guerra de 12 días, que terminó el 24 de junio. El régimen ha usado por mucho tiempo a los trabajadores afganos como chivos expiatorios de la profunda crisis económica capitalista. Antes de la guerra, unas 2 mil personas eran expulsadas cada día. Ahora, más de 500 mil han sido deportadas en poco más de un mes. En total, para mediados de julio, más de un millón de afganos habían sido expulsados del país.
En las últimas semanas, el régimen también ha arrestado a más de unas mil personas en todo Irán, acusándolas de haber colaborado con el “régimen sionista”. Entre ellas se encuentran un gran número de afganos, así como árabes, judíos, baluchis, miembros de la fe bahaí, kurdos, activistas sindicales y otros. Muchos podrían enfrentar la pena de muerte.
La ola de expulsiones de migrantes afganos es “una política extremadamente racista y contra el pueblo”, dice una declaración conjunta del 3 de julio del Sindicato de Trabajadores de la Caña de Azúcar de Haft Tappeh y otras organizaciones de trabajadores del oeste de Irán.
Dos organizaciones de trabajadores contratados del petróleo —empleados de la industria más grande de Irán— denunciaron la “propaganda patriótica y xenófoba” del régimen y las deportaciones “con el pretexto de la seguridad, asuntos militares y ‘espionaje para Israel’”. Estos actos, según los trabajadores petroleros, constituyen “un ataque contra los trabajadores y la sociedad entera”.
La abrumadora mayoría de los afganos expulsados son trabajadores que huyeron de Afganistán para salvar sus vidas y las de sus familias. Trabajan en empleos mal pagados en la construcción, la confección de ropa y en restaurantes, junto con trabajadores iraníes, con una concentración especialmente grande en Teherán e Isfahán.
Durante la guerra civil en Siria, iniciada por una rebelión popular masiva en 2011, Teherán envió a 10 mil o más afganos como carne de cañón para unirse al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y ayudar a la tiranía de Bashar al-Asad a mantener el poder.
Más de 6 millones de afganos estaban viviendo en Irán antes de la actual ola de expulsiones. La mayoría huyó de Afganistán durante la larga y sangrienta guerra estadounidense y después de que los talibanes tomaran el poder.
Los afganos sufren una grave discriminación en Irán. La mayoría no puede abrir cuentas bancarias, tener un coche, ni obtener una licencia de conducir. Tienen prohibido vivir en más de la mitad de las provincias iraníes. A sus hijos nacidos en Irán no se les permite obtener la ciudadanía y, a menudo, se les niega el derecho a asistir a la escuela.
El gobierno fomenta los prejuicios contra los afganos para dividir a la clase trabajadora. Los medios de comunicación iraníes recientemente destacaron un cartel en una panadería en la provincia de Kerman que decía que, por ley, los afganos tienen prohibido comprar pan en las panaderías de bajo precio subvencionadas por el gobierno, de las que dependen muchos en Irán.
Las expulsiones están profundizando este debate en el seno de la clase trabajadora. Algunos se hacen eco del gobierno, mientras que otros defienden el derecho de los afganos a permanecer y trabajar en Irán. Las opiniones varían en ambas direcciones.
Los afganos que han obtenido documentos de residencia —un millón— no son inmunes a la deportación a pesar de que el gobierno afirma que no tienen nada de qué preocuparse. Han habido informes de policías rompiendo pasaportes y documentos de identidad. En otros casos, las familias están siendo separadas, y algunas se ven obligadas a regresar a Afganistán.
Los afganos deportados viajan a través de la provincia de Sistan-Baluchistan y son confinados temporalmente en campos de tránsito allí. Han recibido la solidaridad del pueblo baluchi, una de las nacionalidades oprimidas de Irán, que vive en esa zona sureste. Los baluchis les llevan agua, sandías, comidas cocinadas y tiendas de campaña ante las condiciones atroces y el intenso calor del verano iraní.
A generaciones de baluchis también se les han negado documentos de identidad y residencia. El régimen reaccionario de Teherán los trata a menudo como migrantes “ilegales” y los patrones los super explotan, aprovechándose de su falta de “documentos”.
En una declaración del 4 de julio, Jafar Ebrahimi, conocido ex preso político y líder del Consejo Coordinador de Sindicatos de Maestros de Irán, condenó la propaganda racista antiafgana del gobierno e instó a los maestros y a otros a ponerse “del lado correcto de la historia”.