El Departamento de Guerra estadounidense anunció el 10 de noviembre que sus fuerzas militares hundieron dos embarcaciones más frente a las costas de Venezuela, causando la muerte de seis personas, alegando que eran “narcoterroristas”. Esto eleva a 76 el total de personas muertas en 19 ataques.
Washington está utilizando su poderío económico, militar y político para fortalecer su posición dominante en el hemisferio occidental. Como parte de esta estrategia, Washington está buscando derrocar al presidente Nicolás Maduro en Venezuela, recuperar el control sobre los vastos recursos petroleros y de gas natural del país para los monopolios estadounidenses, y utilizarlo como palanca contra sus competidores, especialmente Beijing.
Esto también forma parte de la guerra económica que los gobernantes estadounidenses libran desde hace décadas contra la revolución socialista cubana.
Marco Rubio, el secretario de estado, viajó por la región en marzo presionando a los gobiernos caribeños para que cesaran de comprar petróleo a través del programa Petrocaribe de Venezuela. Establecido en 2005, PetroCaribe se convirtió en un importante proveedor de petróleo para 14 naciones caribeñas a precios más bajos. Los miembros pagaban entre el 5% y el 50% del precio de mercado por adelantado, y el resto a lo largo de varias décadas con un interés del 1%.
Históricamente víctimas de los altos precios del petróleo y de términos desfavorables de financiación impuestos por bancos imperialistas y monopolios petroleros, muchos gobiernos caribeños y centroamericanos se acogieron a PetroCaribe. Esto redujo su dependencia de Washington.
El programa les permitió a los gobiernos venezolanos de Hugo Chávez y de Maduro, su sucesor, ganar el apoyo político de las naciones participantes.
Tanto bajo administraciones demócratas como republicanas, los gobernantes capitalistas estadounidenses han impuesto severas sanciones a la industria petrolera venezolana. En 2019, bajo la administración de Joseph Biden, el Departamento del Tesoro impuso sanciones que prohibían toda compra de petróleo venezolano.
Si bien el programa PetroCaribe está prácticamente suspendido debido al drástico declive de la industria petrolera venezolana, los gobiernos caribeños denunciaron las medidas de Washington, diciendo que están siendo obligados a gastar mucho más en petróleo.
Los gobernantes capitalistas estadounidenses están tratando de convertir el desarrollo de grandes reservas de petróleo y gas natural en Guyana y Surinam en una bonanza de ganancias, y asestar un golpe a sus rivales.
La mayoría de los países caribeños dependen de petróleo importado para el 90% de su electricidad. Los precios de la energía para el consumidor individual están entre los más altos del mundo; actualmente más del doble que en Estados Unidos.
Mientras tanto, todos los grandes monopolios petroleros —desde ExxonMobil y Chevron hasta la Corporación Nacional de Petróleo Marítimo de China— están invirtiendo miles de millones en Guyana y Surinam. Pretenden robar los recursos naturales de la región para luego lucrar vendiéndoselos a la población local.
La flota naval estadounidense desplegada frente a las costas de Venezuela también envía un mensaje a Beijing, Moscú y Teherán de que sus relaciones comerciales y financieras con Caracas no son aceptables para Washington.
Entre 2023 y 2025, ante las sanciones estadounidenses que cerraron los mercados a Caracas, hasta el 70% del petróleo venezolano se vendía a China. Sin embargo, las relaciones comerciales entre Beijing y Caracas distan mucho de ser una asociación “equitativa”. Caracas acumuló una deuda de 50 mil millones de dólares con Beijing, cuyos gobernantes esperan ser pagados con petróleo a precios reducidos. China se ha convertido no solo en un mercado crucial para el petróleo venezolano, sino también en un importante accionista en empresas petroleras mixtas.
El uso de aranceles, de los llamados acuerdos de libre comercio, de sanciones o burdas amenazas políticas y poderío militar por parte de la clase dominante en Estados Unidos, tiene como fin mejorar su posición para apropiarse de la plusvalía producida por los trabajadores y pequeños agricultores.