El juez Greg Como, del Tribunal Superior de Maricopa, anuló el 6 de febrero tres leyes estatales que restringían el acceso al aborto en Arizona. Las leyes exigían que las mujeres indicaran la razón por la que querían abortar, prohibían el aborto en casos de anomalías genéticas no mortales, prohibían a los médicos recetar y enviar píldoras abortivas por correo y obligaban a las mujeres que solicitaran un aborto a programar al menos dos consultas médicas documentadas antes de someterse legalmente al procedimiento. Estas restricciones se mantuvieron vigentes a pesar de que los votantes aprobaron por abrumadora mayoría una garantía constitucional estatal del derecho de las mujeres a elegir el aborto en 2024.
“Cada una de estas leyes”, dictaminó el juez Como, “infringe la ‘autonomía de decisión’ de la mujer al imponer procedimientos médicos y la divulgación de información independientemente de las necesidades y deseos de la paciente”.
“Por primera vez en mucho tiempo, mis pacientes no tendrán que hacer malabares para recibir la atención que necesitan”, dijo Paul Isaacson, uno de los médicos que presentó la demanda contra las restricciones.
Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló en 2022 el caso Roe contra Wade, con buenas razones, dejando el asunto en manos de los estados y los ciudadanos, millones de trabajadores han debatido el tema. Los votantes ratificaron las leyes estatales a favor del derecho al aborto en la gran mayoría de ellos. Actualmente, el aborto es un asunto que la mujer debe decidir por su cuenta en 30 estados y en Washington. Las restricciones al aborto se someterán a votación en al menos dos estados más en 2026: Missouri y Nevada, y posiblemente otros.
“El Partido Socialista de los Trabajadores defiende la despenalización del aborto como parte de una lucha más amplia para promover los derechos y la vida de la mujer y de los trabajadores en general”, dijo Margaret Trowe, candidata del partido a gobernadora de California, al Militante.
“La crisis del capitalismo hace más difícil para los trabajadores mantener a sus familias y tener hijos”, afirmó. “En las luchas por convenios sindicales, los sindicatos están luchando por salarios que permitan mantener a una familia, horarios que permitan la vida familiar y atención médica asequible. Necesitamos una lucha liderada por los sindicatos por un programa de obras públicas financiado por el gobierno, con empleos con salarios a escala sindical, para construir centros asequibles de cuidado infantil y de personas mayores, viviendas y otras cosas que los trabajadores necesitan”.
Según la última encuesta de Gallup, el 51% de los estadounidenses se identifica como “pro-derecho a decidir”, un alza con respecto a 2021 y producto del debate sobre esta cuestión.