Sin mucha cobertura en la prensa capitalista, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió el 16 de septiembre un comunicado titulado “Responsabilidad de agentes extranjeros no registrados” que constituye un ataque frontal a las garantías constitucionales fundamentales, incluidos los derechos a libertad de expresión, de asamblea y de asociación política.
“Se recuerda tanto a ciudadanos como a los no ciudadanos que cualquier persona que infrinja” la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) “podría enfrentar posibles cargos civiles o penales a nivel federal”, señala el texto. “Si una persona actúa como agente de una potencia extranjera para llevar a cabo cualquier actividad pública, incluidas (pero no limitadas a) manifestaciones públicas destinadas a promover la propaganda u otros objetivos de dicha potencia extranjera, debe registrarse ante las autoridades federales competentes o notificarlas. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear importantes sanciones civiles o penales de hasta una pena máxima de cinco años de prisión”.
La amenaza a la “actividad pública” y a las “manifestaciones públicas” se produce en medio de un aumento de las protestas contra el criminal bloqueo petrolero impuesto por Washington al pueblo de Cuba.
Esta primavera, Fox News Digital informó que el gobierno federal ha elaborado una lista negra de 145 organizaciones descritas por la agencia de noticias como un “ecosistema pro-Cuba comunista” compuesto por grupos políticos (entre ellos el Partido Socialista de los Trabajadores), algunos sindicatos nacionales y locales, y otras entidades.
Este ataque político contra los defensores de la soberanía de Cuba quedó patente en el discurso que el presidente Donald Trump pronunció ante la Asamblea General de la ONU el 22 de septiembre. “El régimen cubano también ha pasado décadas coordinándose con radicales de izquierda y redes comunistas aquí, en Estados Unidos”, afirmó.
“Han cultivado vínculos con grupos subversivos y radicales como el Partido Comunista de EE.UU., Antifa y los Socialistas Democráticos de América. El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba”, amenazó.
En una carta del 13 de agosto dirigida al sindicato mecanometalúrgico IAM, un sindicato con 600 mil miembros, el senador Bill Cassidy, presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, exigió que el sindicato proporcionara al comité información detallada sobre sus presuntos vínculos con el gobierno cubano.
¿El delito del IAM? Oponerse al bloqueo estadounidense contra Cuba y poner a disposición una sede sindical en Los Angeles para celebrar un acto público de rechazo a los ataques de Washington contra Cuba, en el que David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la Embajada de Cuba, hizo comentarios por teleconferencia.
Algunas de las últimas víctimas de la ley FARA fueron el Partido Socialista del Pueblo Africano (APSP) y el Movimiento de Solidaridad UHURU, su organización afiliada, cuyos líderes fueron detenidos y sometidos a juicio, acusados de ser agentes de Rusia. Fueron absueltos de este cargo, pero de alguna forma condenados por el delito menor de conspirar para actuar como agentes de Rusia.
Una apelación del APSP fue rechazada el 5 de agosto por un panel del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito. APSP ha presentado una moción para una nueva audiencia ante el plenario del Tribunal de Apelaciones.
Actuar como “agentes extranjeros no registrados” fue uno de los cargos en el caso fabricado por el gobierno de Estados Unidos en 1998 contra cinco revolucionarios cubanos que habían viajado a Estados Unidos para reunir información sobre grupos contrarrevolucionarios que planeaban ataques violentos contra la isla. Los “Cinco Cubanos” fueron objeto de persecución por parte del FBI, juzgados y encarcelados durante períodos de hasta 16 años.
Las “leyes sobre agentes extranjeros” son una parte importante del arsenal de “seguridad nacional” del gobierno de Estados Unidos, y representan un ataque directo a las garantías de la Primera Enmienda. En su última declaración, el Departamento de Justicia afirmó que estas leyes “ayudan a impedir que gobiernos extranjeros o sus representantes utilicen agentes no identificados, intermediarios, afiliaciones falsas, financiación encubierta u otras actividades engañosas para influir ilegalmente en el debate público, incitar a la sedición o interferir en procedimientos oficiales”.
La Ley de Registro de Agentes Extranjeros fue aprobada en 1938 por la administración demócrata de Franklin Roosevelt, como parte de un conjunto de leyes promulgadas para atacar derechos políticos y preparar el terreno para destruir la oposición a la entrada de Washington en la segunda guerra mundial imperialista.
Tras redadas del FBI en 1941, el gobierno incriminó y condenó a 18 dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores y del sindicato Teamsters en virtud de la Ley Smith “de la Mordaza”, otra ley destinada a ilegalizar el discurso político revolucionario.
Desde entonces, las administraciones demócratas y republicanas han utilizado leyes sobre “agentes extranjeros” y otras leyes anti libertad de expresión para intentar obstaculizar las actividades de muchas organizaciones, entre ellas el Partido Comunista, los grupos por los derechos civiles de los negros y el movimiento contra la guerra de Vietnam.
Leyes reaccionarias, como FARA, serán utilizadas crecientemente por el gobierno para atacar libertades constitucionales cruciales que hoy necesitan los trabajadores.