MONTREAL — El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos CUPE continúa recibiendo un amplio apoyo para su lucha por aumentos salariales para sus 55 mil miembros que trabajan como personal de apoyo en escuelas públicas en Ontario, los cuales han sentado un ejemplo para todos los trabajadores sobre como luchar. Después de una huelga combativa de dos días y manifestaciones en 12 ciudades por toda la provincia, el primer ministro de Ontario, Douglas Ford, derogó el 14 de noviembre el proyecto de ley 28 que le prohibía a los trabajadores realizar una huelga.

La ley antiobrera había pasado por la legislatura provincial el 3 de noviembre, y amenazaba al sindicato y a los miembros con pesadas multas si salían en huelga. También impuso un contrato de cuatro años que contenía “aumentos” salariales muy por debajo de la tasa de inflación, o sea, recortes salariales.

Con el respaldo de un movimiento sindical galvanizado, y con el apoyo de la mayoría de los padres y muchos estudiantes, los trabajadores desafiaron la ley y paralizaron las escuelas en toda la provincia. Miles salieron a las calles y participaron en líneas de piquetes y manifestaciones de solidaridad en decenas de comunidades.

Dirigentes sindicales de los sectores público y privado comenzaron a planificar una huelga y protesta de toda la provincia.

El 7 de noviembre, Ford cedió y aceptó derogar la ley si los trabajadores escolares regresaban a trabajar. Los funcionarios de la CUPE aceptaron, pero solo si el gobierno se comprometía por escrito. Después de recibirlo, regresaron a sus puestos decididos a continuar su lucha por un contrato aceptable.

“Los trabajadores de la educación de CUPE —en su gran mayoría mujeres— hicieron una huelga ‘ilegal’ para defender nuestros derechos fundamentales”, dijo el presidente de CUPE Ontario, Fred Hahn, en una manifestación de “Sábado de Solidaridad” el 12 de noviembre en Toronto. “Vamos a reavivar juntos el poder del movimiento sindical”.

Más del 51% de los trabajadores escolares necesitan un segundo trabajo para poder llegar al fin de mes, dice un folleto de CUPE.

Los trabajadores escolares —los peor pagados entre los empleados públicos— han sufrido una congelación salarial prácticamente desde 2019, junto con decenas de miles de otros empleados públicos, incluidos los maestros. Ese año el gobierno provincial aprobó la Ley 124, otra medida antiobrera, que limitó los aumentos para todos los empleados públicos al 1% para los tres años posteriores al final del convenio actual.

El resultado de la lucha de los trabajadores escolares, para quienes ya se pasaron los tres años del tope salarial, afectará directamente por lo que puedan luchar y ganar los maestros —que están en negociaciones desde que se vencieron sus contratos el 31 de agosto— y otros trabajadores del sector público.

En septiembre dieron inicio las audiencias sobre una demanda contra el proyecto de ley 124 presentada por una coalición de más de 40 sindicatos y asociaciones.

Con el Proyecto de Ley 28 aniquilado, el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos ha enfatizado que los trabajadores de la educación están libres de regresar a la huelga si es necesario para ganar el tipo de aumento salarial que necesitan.