Arriba, Reuters/Max Whittaker

Arriba, protesta el 30 de julio en Sacramento, California, en apoyo a reos en el día 23 de su huelga de hambre contra el confinamiento solitario en las cárceles de California. Abajo, la edición del Militante, decomisada por autoridades del Instituto Correccional Santa Rosa en Florida por haber reportado sobre la huelga de hambre. El Militante está apelando la decisión.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, que acordó de representar al Militante, apeló la medida anticonstitucional ante el Comité de Revisión de Literatura del Departamento de Correcciones de Florida el 23 de septiembre. El 2 de octubre, el comité informó a Benjamin Stevenson, abogado del ACLU, que habían rechazado la apelación.

El 9 de septiembre, el Militante recibió una carta de la prisión que decía que la edición del 22 de julio fue confiscada porque un artículo que informaba sobre el inicio de una huelga de hambre de presos en California “presenta una amenaza a la seguridad, el buen orden o disciplina del sistema penitenciario”. El embargo de la edición, agregó la carta, se aplicará en todo el sistema estatal de prisiones de Florida, “en todas las instituciones principales, los campos de trabajo, las prisiones de carreteras y los campamentos forestales”, donde un total de 32 trabajadores presos reciben el Militante cada semana. Tres reos adicionales que tienen suscripciones en Florida están encerrados en prisiones federales.

“Esta acción contra el Militante viola los derechos de libertad de expresión, tanto los del Militante como los de los presos suscriptores”, dice la apelación, presentada por Stevenson. El Militante “pide que se anule el embargo y que todos los ejemplares confiscados sean entregados de inmediato a los suscriptores”.

“El derecho de la libertad de expresión garantizado por la Primera Enmienda [a la Constitución] implican tanto el derecho a expresarse y el derecho a escuchar, publicar y recibir noticias”, dijo Stevenson en una entrevista telefónica el 27 de septiembre.

Los funcionarios carcelarios alegan que el artículo de la portada de la edición del 22 de julio —“California: Presos lanzan huelga de hambre contra aislamiento, abusos”— “fomenta las huelgas de hambre”. El breve artículo de noticias reportó los hechos básicos sobre la protesta y citó a un miembro de la familia de uno de los huelguistas.

“El artículo está escrito para un público general y para distribución amplia y el autor de ninguna manera ‘alenta’ a nadie a que haga nada, ni a los reos a que participen en huelgas de hambre”, declara la apelación. Las huelgas de hambre en California, como las de la prisión norteamericana en la bahía de Guantánamo, Cuba, dice la apelación, “fueron asuntos de interés público y de conversación general durante el verano pasado”.

Las huelgas de hambre de protesta “fueron reportadas ampliamente por las redes nacionales y locales de televisión, por noticieros por cable y por las principales revistas y periódicos de noticias”.

No hay pruebas, dice la apelación, de que el Departamento de Correcciones de Florida censuró ninguna de estas publicaciones por su reportaje del mismo tema.

“Además, esta edición del Militante fue enviada a suscriptores en otras 44 prisiones”, dice la apelación, “incluyendo suscriptores en varias cárceles de Florida, la prisión Pelican Bay SHU en California (una de las prisiones mencionadas en el artículo) y la prisión federal en Florence, Colorado”. Ninguna de estas otras prisiones rechazó o confiscó la edición.

El embargo “no solo viola las garantías a la libertad de expresión, sino también al debido proceso legal y las garantías de igualdad de protección”, lo que equivale a un acto inconstitucional de censura política, dice la apelación.

El hecho de que el periódico, cuya cabecera lo describe como “un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador”, haya sido seleccionado para el embargo, dice la apelación, “sólo se puede explicar por la hostilidad de la Institución Correccional de Santa Ros al punto de vista político del Militante”.

Además del artículo de la portada al que se ha hecho referencia, la edición confiscada incluía una entrevista en inglés de una página entera con René González, la cual había sido reimpresa de Escambray, un semanario publicado en Cuba, titulado “En el sistema carcelario de EE.UU. solo haber ido a juicio te gana respeto”. González, quien ganó su lucha para regresar a Cuba en mayo, es uno de los cinco revolucionarios —conocidos internacionalmente como Los Cinco Cubanos— falsamente acusados y encarcelados en Estados Unidos por sus puntos de vista y actividades comunistas en defensa de la Revolución Cubana. Entre los suscriptores al periódico tras las rejas hoy se encuentran los otros cuatro revolucionarios —Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González.

Stevenson dijo al Militante que la ACLU de Florida ha estado involucrada en otros esfuerzos para defender los derechos de los reos. “Demandamos con éxito al alguacil del Condado de Santa Rosa para poner fin a una política que solo permitía el envío de ‘tarjetas postales’ y le negaba a los presos el derecho a enviar o recibir cartas”, dijo. “Y estamos trabajando para poner fin a una política parecida en otro condado”.

“Esta es una lucha por los derechos de los trabajadores, dentro y fuera de las prisiones”, dijo Doug Nelson, director del Militante. “Estamos orgullosos de nuestra creciente base de suscriptores entre los trabajadores tras las rejas y hemos estado recibiendo una buena respuesta a nuestro Fondo para Presos, que recauda donaciones de los lectores para asegurar que cualquier persona encarcelada que quiera recibir el periódico pueda recibirlo, independientemente de su situación financiera. Vamos a luchar para derrocar la censura política de las autoridades penitenciarias y los esfuerzos para negar a los prisioneros que reciban las noticias que ellos quieran”.

El periódico solicita a sus lectores apoyo y fondos para continuar la lucha, dijo Nelson.