Partidarios de los derechos políticos en Florida recogieron más de 766 mil firmas, para poner en la boleta electoral el próximo noviembre una enmienda a la constitución del estado que permita el derecho al voto a más de 1.5 millones de personas condenadas por crímenes. Floridians for a Fair Democracy encabezó la iniciativa.
La medida, que debe recibir el 60 por ciento del voto para hacerse ley, eliminaría una restricción que ha estado en la constitución durante 150 años.
La enmienda devolvería el derecho al voto a personas convictas que han cumplido su condena o están en libertad provisional o condicionada. No se aplicaría a los condenados por asesinato u ofensas sexuales.
Después de la revolución americana, los estados extendieron restricciones al voto “para incluir ofensas delictivas, como una manera para que las elites acaudaladas pudieran restringir el poder político de la clase obrera”, declaró el Miami Herald en 2016 en un artículo de Mary Ellen Klas titulado “Florida lidera la nación en la privación del derecho al voto de ex delincuentes”.
“Después de la guerra civil, varios estados del sur, incluyendo Florida, utilizaron las leyes de privación del derecho al voto para impedir la votación a hombres negros”, apuntó Klas.
Actualmente más del 10 por ciento de la población adulta en Florida está excluida del derecho al voto, incluyendo el 23 por ciento de afroamericanos. De acuerdo al Sentencing Project, tres cuartos de los ex delincuentes en Florida son caucásicos.
Después de que los trabajadores detenidos salen de prisión, tienen que esperar al menos cinco años antes de solicitar y recuperar su derecho al voto de la Oficina de Clemencia Ejecutiva de Florida. Se demora años para que se atiendan las peticiones.
Entre 2011 y 2015 solo se aprobaron 2 mil solicitudes. Otros 10 463 hombres y mujeres están en una lista que continúa creciendo. Al mismo tiempo, el número de los delincuentes convictos privados de este derecho y que viven en Florida aumentó de casi 150 mil a más de 1.6 millones. Leyes similares prohíben a más de 6 millones de personas votar a nivel nacional.
Para solicitar una concesión de clemencia, se deben presentar los documentos del tribunal de todo por lo que uno haya sido condenado en cualquier lugar en el pasado, dar referencias y responder a preguntas que incluyen detalles sobre su familia, ingresos, hábitos en el consumo de alcohol e historial de trabajo. Algunos han sido rechazados por tener multas de estacionamiento. Si su petición es aceptada, entonces tiene que presentarse ante la junta de clemencia —el gobernador y miembros del gabinete— que se reúne solo cuatro veces al año.
Roderick Kemp de Fort Lauderdale, fue uno de los pocos que recibieron clemencia después de que su caso fuera expuesto en un documental del Florida Center for Investigative Reporting el año pasado. El derecho a voto de Kemp fue revocado en 2016 tras ser encontrado culpable de posesión de cocaína 30 años antes.
La campaña exitosa para colocar la enmienda constitucional en la boleta electoral subraya la creciente oposición a esta violación de derechos democráticos básicos.
“Robert A. McDuffie se mantuvo afuera de las oficinas del Centro de Administración del Condado de Charlotte durante meses solicitando ayuda a los residentes para recuperar un derecho que perdió hace una década”, dice un artículo de Andrea Praegitzer del 28 de enero en el Charlotte Sun. Junto con su esposa Jennifer, “consiguieron miles de firmas”.
Es una cuestión de los derechos y dignidad de las personas, dijo él.