Venezuela: Trabajadores enfrentan crisis capitalista, ira de Washington

Por Seth Galinsky
11 de junio de 2018

Profesionales de clase media y trabajadores que no ven un futuro ante la creciente crisis política y económica en Venezuela han salido del país en grandes cantidades. Cerca de 250 mil venezolanos han cruzado la frontera hacia Colombia desde agosto pasado.

La crisis se ha agravado por las medidas económicas y políticas que han impuesto los gobernantes de Estados Unidos en sus incesantes esfuerzos para aislar y socavar al gobierno de Nicolás Maduro.

En este trasfondo, las elecciones presidenciales anticipadas convocadas por el gobierno tuvieron la participación electoral más baja en décadas, apenas el 46 por ciento. Maduro fue reelecto con el 68 por ciento de los votos.

Los gobernantes norteamericanos están esperanzados de que las dificultades económicas formen escisiones en las fuerzas armadas de Venezuela, que lleven a un golpe de estado y a un gobierno más de su agrado. Sus intenciones no son de invadir el país y probablemente no prohiban las importaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos. Temen que estos pasos arrojen al país en un caos total. En su lugar, han prohibido a los capitalistas estadounidenses comprar nuevos bonos venezolanos y han congelado los activos y cuentas bancarias en Estados Unidos de funcionarios del gobierno venezolano.

Washington, que nunca ha escondido su hostilidad hacia Maduro o su predecesor Hugo Chávez y sus relaciones con Cuba revolucionaria, calificó las elecciones como “fraudulentas”. Catorce gobiernos latinoamericanos, incluyendo Brasil, México y Colombia, anunciaron que no reconocerán al gobierno y se comprometieron a respaldar la campaña de presión de Washington.

Maduro, como Chávez, ha intentado “administrar” las relaciones sociales y políticas capitalistas. Han financiado programas de “bienestar social” que fomentan una dependencia corruptora a la generosidad del gobierno. Este curso a sido contrapuesto de forma consciente a dirigir una revolución obrera, que de a los trabajadores y agricultores una mayor confianza en lo que pueden lograr luchando, como lo hizo el Movimiento 26 de Julio en Cuba.

Tras el colapso del precio y la producción del petróleo, el gobierno ha imprimido dinero para compensar por la caída de las divisas y la inflación se ha disparado.

Pero estas políticas solo han exacerbado la crisis capitalista y su impacto en los trabajadores. La inflación se estima en un 50 por ciento por mes. Una cuarta parte de las familias de clase trabajadora comen dos comidas o menos al día y la escasez de medicamentos básicos es extensa. Los cortes de electricidad y agua son frecuentes.

El gobierno venezolano fue golpeado por la drástica caída del precio del petróleo —su principal fuente de divisas— a 50 dólares por barril el año pasado. A pesar de que el petróleo ha subido a 80 dólares, eso ha hecho poco para volver a llenar las arcas del gobierno. La producción en la empresa petrolera estatal se ha desplomado debido al deterioro de las instalaciones, la corrupción y mala administración burocrática. Miles de obreros petroleros han renunciado y los acreedores han comenzado a apoderarse de los activos de la compañía en otros países.

Muchos trabajadores están tomando medidas para tratar de combatir el efecto de la crisis. Según VPI-TV hubo 927 protestas contra los patrones o el gobierno en abril, un 25 por ciento más de las ocurridas en el mismo período el año pasado.

Treinta y cinco trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Táchira, cerca de la frontera con Colombia, pararon sus labores el 2 de mayo. “Esta es la primera vez que estamos en huelga”, dijo un trabajador a la prensa. “Nuestros salarios no son suficientes para tomar el autobús al trabajo”. Unos 35 de los 70 trabajadores renunciaron y se fueron del país, dijo. “Si no podemos conseguir un aumento, podría irme también, aunque no quiero”.

Los trabajadores de Masisa, una empresa chilena en Anzoátegui que fabrica productos de madera para la exportación, realizaron una huelga de dos semanas en abril para exigir mejores salarios e inversiones para aumentar la producción.

Antes de las elecciones, Maduro apeló a los patrones para que lo ayudaran. “A la clase empresarial del país que quiere trabajar, cuenten conmigo”, dijo, “les extiendo mi mano”.

Infraestructura arruinada

“No estamos protestando contra ese vergonzoso Maduro”, dijo un residente de una zona de clase trabajadora en el este de Caracas al representante de la compañía de agua durante una manifestación el 27 de abril. “Solo queremos agua”.

El funcionario se disculpó, culpando al cierre a la ruptura de una tubería y los cortes de la electricidad. Dijo que esperaban solucionar el problema pronto y que el suministro de agua debería volver a ser “normal” —tres días y medio con agua, y luego tres y medio sin ella.

Las elecciones del 20 de mayo no hicieron nada para resolver la crisis. La oposición pro imperialista, desacreditada y con poco apoyo del pueblo trabajador, está dividida y desmoralizada. El grupo principal, la Mesa Redonda de Unidad Democrática, instó a un boicot. Sus dos principales personajes, Leopoldo López y Henrique Capriles, fueron excluidos de la boleta. Meses antes habían organizado una serie de acciones violentas contra Maduro, pero no hicieron nada en el periodo previo a la votación.

Dos candidatos desafiaron a Maduro, Henri Falcón y Javier Bertucci. Falcón, un antiguo aliado de Maduro, lanzó su candidatura a pesar de las objeciones de la oposición. Su programa para resolver la crisis económica se centró en remplazar la moneda del país con el dólar estadounidense para tratar de frenar la inflación galopante, detener los envíos de petróleo subsidiado a Cuba y otras naciones del Caribe y América Latina para “ahorrar dinero”, y pedir ayuda alimenticia internacional.

Bertucci, un ministro pentecostal, dijo que la respuesta era regresar a los valores cristianos. Atrajo a los trabajadores a sus mítines regalando platos de sopa, pero ganó pocos adherentes o votos.

Funcionarios del gobierno de Maduro establecieron lo que llamaron “puntos rojos” al lado de los centros de votación, donde se le pidió a los trabajadores que trajeran las tarjetas de identificación para las cestas mensuales de alimentos subsidiados por el gobierno para probar que habían votado. La mayoría de los trabajadores dependen de estos subsidios para tratar de sobrevivir cada mes. Muchos temían perder su acceso si no lo hacían.