Decididos a poner fin a las severas restricciones al derecho al aborto, una gran mayoría en Irlanda votó a favor de derogar la Octava Enmienda a la constitución del país el 25 de mayo. La enmienda “reconoce el derecho a la vida de los no nacidos” e impide el acceso de las mujeres al aborto.
Durante décadas, miles de mujeres con recursos viajaban al extranjero para obtener un aborto, mientras otras se veían obligadas a elegir entre comprar ilegalmente pastillas abortivas en la internet o dar parto.
La multitud que esperaba fuera del castillo de Dublín el 26 de mayo, celebró cuando se anunciaron los resultados finales: 66.4 por ciento a favor. La participación en el voto fue del 64 por ciento.
Al final, 39 de los 40 distritos electorales votaron a favor con mayorías claras. En Donegal, en el noroeste, un 52 por ciento votó a favor de mantener la enmienda.
El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, dijo que su gobierno introducirá una ley para permitir el aborto, pero impondrá un límite de hasta 12 semanas de embarazo y hasta 24 semanas en circunstancias “excepcionales”.
La votación es un reflejo de los cambios profundos en los criterios de las mujeres y hombres resultado de la integración de las mujeres a la fuerza laboral. Esto ha ocurrido en Irlanda al igual que en muchas otras partes del mundo capitalista.
El número de mujeres que trabajan en Irlanda aumentó un 20 por ciento desde 1993. Las restricciones a la venta de anticonceptivos se eliminaron en 1993, el divorcio se legalizó en 1996, en 1992 y 2002 a través de votaciones se alteró la ley del aborto para permitirlo si la mujer se consideraba en riesgo de suicidarse, y el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizó con un 62 por ciento de los votos en 2015.
“Este resultado trasciende Irlanda. Sabemos que el mundo nos mira mientras el acceso al aborto está siendo erosionado en otros lugares”, dijo Linda Kavanagh, vocera de la Campaña por los Derechos al Aborto.
La lucha se intensificó tras la muerte de Savita Halappanavar, de 31 años, el 28 de octubre de 2012. Ella fue al hospital Universitario de Galway con un dolor agudo ya que estaba teniendo un aborto espontáneo. Sufrió una septicemia, pero las autoridades del hospital se negaron a proveerle un aborto para salvarle la vida.
En septiembre y octubre de 2017, miles de personas realizaron manifestaciones en Dublín, Belfast y Londres para cambiar la ley.