Cuando Anthony Kennedy anunció su retiro de la Corte Suprema de Estados Unidos, la prensa liberal y la izquierda de clase media aullaron: el presidente Donald Trump va a hacer la corte tan reaccionaria que nuestros derechos sociales serán reducidos irreversiblemente. Esperan desesperadamente que su “resistencia” contra el presidente logre bloquear la nominación del veterano juez Brett Kavanaugh, o al menos aplazar el voto de su confirmación hasta después de las elecciones de otoño.
Los demócratas sueñan con una victoria arrasadora en noviembre, aunque están enredados en un debate sobre qué candidatos deben postular. Algunos se han vuelto locos con la victoria en las elecciones primarias del Partido Demócrata en Nueva York de Alexandria Ocasio-Cortez, miembro del partido Socialistas Democráticos de América. Otros dicen que candidatos como ella garantizan un desastre en noviembre. En todo caso, “estamos en el umbral de las elecciones al congreso más importantes en los tiempos modernos”, dijo la presidenta de la Organización Nacional de la Mujer, NOW, Toni Van Pelt, el 10 de julio.
Para la clase trabajadora es de poca consecuencia que jueces están la Suprema Corte, o que partido político burgués va a la cabeza en las elecciones. La corte existe para proteger los intereses de los propietarios capitalistas. Nuestro punto de partida debe ser la movilización independiente de la clase trabajadora para luchar por nuestros derechos como una vía para derrocar el dominio capitalista y poner a los trabajadores y agricultores en el poder.
La clase gobernante utiliza la Corte Suprema como árbitro de conflictos sobre cómo ejercer su dominio. Pero enfrenta restricciones, incluidas en la Constitución, la cual fue marcada por el impacto de la guerra revolucionaria que derrocó la corona británica y por las posteriores luchas de clases que produjeron la Carta de Derechos y las enmiendas 13, 14 y 15, adoptadas tras la segunda revolución de Estados Unidos que derrocó la esclavitud.
Estas codifican protecciones contra ataques del gobierno que los trabajadores han utilizado, necesitan hoy y utilizarán de nuevo en los años venideros a medida que se intensifiquen las batallas de clase. Incluyen el derecho a la libertad de expresión y asociación, a portar armas, contra la denegación del debido proceso legal, contra la búsqueda e incautación irrazonable, a no ser obligado a declarar contra si mismo y la igualdad de protección de la ley. Los trabajadores con conciencia de clase exigen que se respeten estos derechos y dependemos de nuestra propia capacidad para organizarnos y luchar para garantizar que puedan ser utilizados.
En 1937, cuando el presidente Franklin Roosevelt trató de llenar la Suprema Corte con jueces que estaban de acuerdo con él, el dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores, James P. Cannon, explicó que es a través de las luchas obreras que damos pasos adelante. “Una Corte Suprema ‘liberal’ no puede y no ayudará estas luchas”, dijo. “Y una Corte Suprema ‘reaccionaria’ no puede detenerlas”.
Los derechos se ganan en las calles
Fue necesaria una lucha disciplinada por parte de millones de personas para derrocar la segregación racial Jim Crow, no un fallo de la Corte Suprema. Será la capacidad de los trabajadores para organizarse, para superar las divisiones que los gobernantes nos imponen, y para desarrollar nuestras capacidades de lucha y conciencia de clase, lo que nos pondrá en la mejor posición para defendernos.
Ningún cambio en la composición de la corte alterará la clase a la que sirve. La corte tomará todas sus decisiones de conformidad con la valoración de los gobernantes de lo que permite la relación de fuerzas de clase. Esta es la razón por la cual los magistrados han cambiado sus fallos sobre cuestiones de los derechos de los negros y de la mujer y sobre el derecho al matrimonio de los homosexuales.
Un editorial del New York Times el 27 de junio observó que el derecho de la mujer al aborto había sido preservado “solamente por la fuerza del voto del juez Kennedy”, y que enfrentará una amenaza grave de cualquier juez que Trump elija para reemplazarlo. Pero el derecho al aborto ha estado bajo ataque en un estado tras otro por años, tanto bajo gobiernos demócratas como republicanos.
Son los liberales en la Corte Suprema —y en general— los opositores más estridentes a la libertad de expresión y de asociación. Temen a la clase trabajadora, a la que consideran — falsamente— como intolerantes y racistas, y quieren restringir nuestros derechos.
Un artículo en el Times el 30 de junio cita a la profesora de derecho de la Universidad de Michigan, Catharine MacKinnon, quejándose de que la Primera Enmienda “se ha convertido en una espada para autoritarios, racistas y misóginos, nazis y miembros del Klan, pornógrafos y corporaciones que compran elecciones”.
“La libertad de expresión refuerza y amplifica la injusticia”, dice el Times.
Golpes contra la libertad de asociación están siendo asestados por quienes responden al llamado de la congresista demócrata Maxine Waters a expulsar de la vida pública a funcionarios del gobierno hostigándolos. El líder de la mayoría del senado, Mitch McConnell, fue acosado por manifestantes, incluyendo uno que gritó: “Sabemos dónde vives”, mientras salía de un restaurante en Louisville, Kentucky, el 7 de julio.
Las protecciones constitucionales no son obstáculos reaccionarios, sino derechos políticos que necesitamos y hemos ganado con tanto esfuerzo.