El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá el cargo como nuevo presidente de México el 1 de diciembre, ya ha concertado un acuerdo comercial con Washington que reemplazará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN; NAFTA en Estados Unidos). El acuerdo fue anunciado el 27 de agosto.
López Obrador, conocido por sus iniciales como AMLO, se presentó como alguien fuera de la política tradicional, que va a drenar el pantano que representa el “establishment o régimen predominante”. Por eso, algunos “expertos” burgueses lo han llamado el Donald Trump de México. Prometió arrancar de raíz la corrupción, acabar con el crimen generalizado, que ha causado 175 mil muertes en los últimos 10 años; y poner a “la patria primero”. Se presentó como un “agente de cambio” que gobernará “para el beneficio de todos”, aunque “los pobres irán primero”.
Ganó el 53 por ciento de los votos, más del doble de su rival más cercano.
López Obrador fue el candidato del Movimiento por la Regeneración Nacional (Morena), un partido que él formó en 2012, derrotando al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido de Acción Nacional (PAN). Morena también ganó mayorías en la legislatura.
El gobierno de coalición liderado por Morena incluye el pequeño Partido del Trabajo, el conservador Partido Encuentro Social y una multitud de ex altos funcionarios provenientes de las filas del PRI y el PAN.
Los gobernantes de México presiden una de las economías capitalistas más grandes al sur del Río Bravo. Tiene el más alto nivel de exportaciones e importaciones —406 mil millones y 417 mil millones de dólares respectivamente— más que España, Australia, Rusia, Suecia, y mucho más que el segundo país en América Latina, Brasil.
Algunos de los oponentes de López Obrador alegan que implantará un régimen como el de Hugo Chávez en Venezuela, describiéndolo como un “enemigo del sector privado y de los ricos”. Pero cuando fue alcalde de la Ciudad de México de 2000 hasta 2005 trabajó en sociedad con las familias gobernantes capitalistas ahí.
Para ganarse la confianza de los capitalistas extranjeros y de las familias capitalistas de México, abandonó sus promesas electorales de derogar las reformas hechas en 2013 que, por primera vez desde 1938, permiten a empresas extranjeras invertir en la industria nacionalizada del petróleo y gas natural.
Descontento de clase trabajadora
La victoria de López Obrador fue un reflejo del descontento generalizado entre el pueblo trabajador y muchos de clase media, y su repugnancia hacia la política tradicional. “Este va a ser un cambio ordenado y pacífico, pero al mismo tiempo, será radical”, dijo durante la campaña.
La administración del presidente saliente Enrique Peña Nieto —la ley mexicana permite un solo mandato presidencial de seis años— estuvo sumida en una serie de escándalos de corrupción. También estuvo marcada por la desaparición y el asesinato de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014 por la policía en complicidad con bandas de narcotraficantes, que provocó amplias protestas. López Obrador prometió una nueva investigación, con una “comisión de la verdad”.
El poder y la competencia entre los cárteles capitalistas por el control del lucrativo tráfico de drogas con Estados Unidos es una pesadilla para los trabajadores mexicanos. López Obrador dijo en un evento después de las elecciones el 7 de agosto que “no podemos resolver estos problemas de violencia con mano de hierro y más prisiones”. Pero sus consignas de campaña de “abrazos, no disparos” y “no se puede combatir el fuego con fuego” no son una solución.Las promesas de López Obrador de aumentar los gastos del gobierno para jubilaciones, pensiones por discapacidad y programas para jóvenes, invertir en infraestructura y brindar apoyo financiero a los pequeños agricultores, han ganado apoyo entre los trabajadores.
El programa “Jóvenes construyendo el futuro”, anunciado el 4 de julio, dedicará 5 mil millones de dólares para pagar los salarios de 2.6 millones de jóvenes que trabajarán como aprendices, un arreglo muy sustancioso para los patrones.
Promete apoyo a dominio capitalista
“El reto de esta administración es que le demos toda la confianza de que México se va a convertir en un paraíso para la inversión”, dijo el 22 de agosto el jefe del gabinete de López Obrador, Alfonso Romo, un rico empresario.
El magnate multimillonario mexicano Carlos Slim, estuvo de acuerdo, diciendo que “no hay riesgos para mi empresa” de parte de la nueva administración, y elogió los planes de inversión en la infraestructura y la industria petrolera. Slim dijo que las propuestas de López Obrador para recortar el gasto gubernamental eran positivas, “sobrias y austeras”.
Las relaciones de cooperación entre los capitalistas en Estados Unidos y México son una alta prioridad para los gobiernos de ambos países. La cantidad de mercancías fabricadas y exportadas de México es igual a la del resto de toda América Latina. Recientemente, México superó a Japón para convertirse en el segundo mayor exportador de partes de automóviles a Estados Unidos, y la mayoría de los televisores de pantalla plana vendidos en Estados Unidos se fabrican en México.
El incremento de la producción y el empleo en México es uno de los factores que ha contribuido a la disminución del número de trabajadores mexicanos que ingresan a Estados Unidos sin permiso de trabajo o visa.
Tanto para la administración de Trump como para la de López Obrador, llegar a un acuerdo comercial bilateral era una alta prioridad. Trump que el TLCAN era el “peor acuerdo de la historia” y que favorecía a compañías mexicanas y canadienses sobre las estadounidenses.
La Casa Blanca está utilizando el acuerdo con México para aumentar la presión sobre el gobierno canadiense. Como antes, el acuerdo comercial ofrece una barrera protectora contra rivales capitalistas fuera del hemisferio, a la vez que regula qué capitalistas tendrán mejor resultados en el acuerdo. Los capitalistas estadounidenses están exigiendo un trato más favorable.
Según el nuevo acuerdo, para evitar aranceles, los automóviles vendidos en Estados Unidos deben tener al menos el 75 por ciento de sus piezas fabricadas en Estados Unidos o en México, en comparación al 62.5 por ciento bajo el TLCAN. Esto tiene como objetivo evitar la importación de piezas de competidores en China y Asia.
Funcionarios del gobierno estadounidense y mexicano también han dicho que se incrementará la cooperación en el control de inmigración, un tema impulsado por la administración norteamericana. Washington está presionando a los funcionarios mexicanos para convertir a México en un “tercer país seguro”, requiriendo que los migrantes que ingresan a ese país con intenciones de llegar a Estados Unidos soliciten asilo allí primero.