En una victoria para los derechos democráticos, las movilizaciones más grandes en la historia de Hong Kong forzaron a la presidenta ejecutiva Carrie Lam, con el acuerdo de las más altas autoridades chinas, a posponer el 15 de junio los intentos de aprobar una ley de extradición. Alrededor de dos millones de personas de una población de 7.4 millones bloquearon las calles de la ciudad el día siguiente para exigir que el proyecto de ley fuera retirado permanentemente, y muchos exigieron la renuncia de Lam.
Lam dijo que la medida era necesaria debido a que las leyes de la antigua colonia británica no permiten las extradiciones a China continental o a Taiwán. Pero muchos trabajadores y jóvenes lo vieron como un pretexto para permitir la persecución de opositores políticos por parte del régimen en Beijing o de cualquiera que se interponga en su camino en la región semiautónoma. El pueblo de Hong Kong continua defendiendo los amplios derechos políticos que le arrebataron a los gobernantes británicos, derechos que han sido suprimidos en China continental.
Preocupados de que las protestas en Hong Kong sirvieran de acicate para los trabajadores en China que están resistiendo la intensificación de los ritmos de producción, los bajos salarios y la represión del gobierno, los gobernantes chinos han tratado de suprimir los reportajes sobre las masivas protestas en Hong Kong en la prensa de China continental.