Un jurado del condado de Lorain falló el 7 de junio a favor de una demanda de Gibson’s, una pequeña tienda de abarrotes, y sus propietarios David y Allyn Gibson, contra la universidad Oberlin College y Meredith Raimondo, vicepresidenta y decana de estudiantes de la institución ubicada en el norte de Ohio.
La demanda acusaba a la universidad y a Raimondo de difamación, por haber realizado una “campaña maliciosa para dañar permanentemente [a Gibson’s] mediante la publicación de declaraciones falsas”, incluyendo difamaciones de ser “un negocio racista con una larga historia de prejuicios raciales y discriminación’” y que los Gibson “cometen crímenes de odio contra las minorías”.
El caso recibió amplia cobertura en la prensa nacional. Artículos y columnas de opinión aparecieron en el New York Times, Washington Post, Wall Street Journal y la revista Forbes, así como en periódicos y estaciones de televisión de Ohio. Gran parte de los informes en los medios de comunicación liberales hicieron eco de las afirmaciones de los representantes de Oberlin College de que el veredicto es una amenaza a la Primera Enmienda de la Constitución: por hacer responsable a la universidad de las expresiones y acciones de sus estudiantes.
Oberlin es una pequeña ciudad de un poco más de 8 mil personas dominada por la universidad, cuyo estudiantado en su mayoría proviene de familias de clase media alta, más de la mitad de Nueva York, California, Illinois, Ohio, Massachusetts y Nueva Jersey. “En una ciudad pequeña como Oberlin, el tener al negocio y empleador más grande en tu contra es más que suficiente para sellar tu destino”, escribió David Gibson en un artículo publicado en USA Today después del veredicto.
Campaña de difamación
La demanda de Gibson describió cómo Raimondo y otras autoridades de Oberlin College organizaron una manifestación frente a la tienda y distribuyeron un volante difamatorio que decía que sus “propietarios empleaba perfiles étnicos y discriminó” contra tres estudiantes. Los estudiantes habían sido arrestados cuando uno de ellos trató de usar una identificación falsa y robar dos botellas de vino de la tienda el 9 de noviembre de 2016, y luego golpearon a un empleado que los persiguió.
Los tres estudiantes, quienes son negros, se declararon culpables de cargos por delitos menores, incluido de robo, en 2017, y reconocieron que la respuesta de los propietarios de la tienda no había sido motivada racialmente.
Jason Hawk, director del Oberlin News Tribune, testificó durante el juicio que Raimondo trató de impedirle que tomara fotos de la protesta, y le dijo que no tenía derecho a hacerlo. Hawk también declaró que vio a Raimondo repartir volantes que decían que Gibson’s era “racista”. El volante instaba a un boicot de la tienda e informaba sobre otros lugares dónde podían comprar.
Emily Crawford, una trabajadora del departamento de comunicaciones de la universidad, escribió un correo electrónico a su supervisor alertando a la administración a no proseguir con las calumnias contra la pequeña tienda y sus dueños. “He hablado con 15 amigos locales que son PoC [personas de color]”, dijo, “y están repugnados y avergonzados por la protesta. … Ellos no piensan que los Gibson son racistas”.
Uno de los testigos que dio testimonio a favor de Gibson’s fue Clarence “Trey” James, un residente de Oberlin africano americano que ha trabajado en la tienda desde 2013. Cuando se le preguntó si había visto a los Gibson tratar a clientes o empleados de manera racista, declaró: “Nunca, ni siquiera una pista. … Cero evidencia de eso”. En los últimos cinco años, 40 personas han sido atrapadas robando en Gibson’s; seis eran negros.
Eric Gaines, un controlador de tráfico aéreo jubilado que vive en la ciudad y es africano americano, declaró que él creía que los cargos de racismo contra Gibson’s eran “absurdos”.
Administración lidera el ataque
Las protestas comenzaron dos días después de las elecciones del 8 de noviembre de 2016 en las que Donald Trump fue elegido. “Estos han sido unos días difíciles … debido a los temores y preocupaciones que muchos están sintiendo por el resultado de las elecciones presidenciales”, escribieron Raimondo y el entonces presidente de la universidad, Marvin Krislov, en una carta el 11 de noviembre dirigida a profesores y estudiantes, como si eso de alguna manera justificara atacar a un pequeño negocio y difamar a sus dueños de “racistas”.
La demanda de Gibson’s, respaldada por testimonios durante el juicio, describió cómo Raimondo y otros funcionarios universitarios, entre ellos Tita Reed, asistente del presidente, gritaron declaraciones difamatorias a través de un megáfono en la manifestación del 10 de noviembre frente a Gibson’s.
Testigos declararon que autoridades universitarias ayudaron a reproducir el volante difamatorio en equipo de oficina universitario. Le dieron a los manifestantes pizza, bebidas y guantes para abrigarse. “Proporcionar refrigerios y guantes, dijo la universidad, no constituye complicidad en las protestas”, dijo el New York Times el 14 de junio. (¡Uno solo puede preguntar entonces “qué constituye”!)
David Gibson, describió en USA Today cómo se convenció, ante tan grandes adversidades, de emprender la lucha contra las acusaciones falsas de la millonaria universidad. Dijo que su padre, Allyn, de 90 años, le dijo: “En mi vida he hecho todo lo posible para tratar a las personas con dignidad y respeto. Y ahora, casi al final de mi vida, voy a morir etiquetado de racista”.
Apoyo del pueblo trabajador
“Sin el apoyo comunitario, no habríamos ganado”, dijo Allyn Gibson Jr., al Militante el 22 de junio. “La gente del área, de los distritos aledaños, vinieron para ofrecer su apoyo”.
La solidaridad con Gibson’s de trabajadores del área comenzó dos días después de la protesta estudiantil, cuando grandes cantidades de personas de cerca y de lejos abarrotaron la tienda para ofrecer su apoyo comprando allí. Un artículo en el Oberlin Review, editado por estudiantes, resaltó el número de carteles diciendo “Apoye a Gibson’s” que aparecieron en los jardines de casas en el condado de Lorain”.
Los abogados de la universidad no lograron trasladar el juicio fuera del condado de Lorain, donde se encuentra Oberlin. Dijeron que “la lista de jurados había sido contaminada”, por la cobertura del caso en los medios locales, y “carecía de puntos de vista balanceados”.
Los trabajadores en esa parte de Ohio, como otros en gran parte del país, ha enfrentado una profunda crisis económica, con recortes de empleos en la industria automotriz, del acero y otras. En 2017, USA Today incluyó al condado de Lorain entre las áreas que “nunca se recuperaron de la Gran Recesión”.
El 10 de noviembre de 2016, el día de las protestas, el senado estudiantil de Oberlin College aprobó una resolución que instaba a boicotear a Gibson’s. La demanda de Gibson’s dice que alrededor del 14 de noviembre, sino antes, Raimondo ordenó al director de servicios de comedor que le dijera a Bon Appetit Management Company, que suministra el comedor de la universidad, que cancelara su contrato con Gibson’s. La suspensión del contrato duró dos meses y fue reanudado cuando se presentó la demanda. Las ventas de Gibson’s cayeron bruscamente, alrededor del 50 por ciento desde 2016.
Cuando Roger Copeland, un profesor retirado de teatro y danza de Oberlin College, escribió al periódico universitario criticando las acciones de la universidad, Raimondo le envió un mensaje de texto a otro administrador, “Que se vaya al ca–jo. Yo diría, lancemos a los estudiantes si no estuviera convencida de que deberíamos dejar esto atrás”. ¡Lanzar a los estudiantes! Un lenguaje muy revelador de una funcionaria de la cual la administración universitaria insiste participó en la protesta solo para garantizar que fuera “segura y legal para todos”.
Indemnizaciones por daños
El jurado del condado de Lorain falló el 7 de junio que la universidad y Raimondo eran legalmente responsables de difamación. También declaró que la universidad era responsable de infligir angustia emocional intencional a los Gibson, y a Raimondo de interferir intencionalmente en una transacción comercial. El jurado adjudicó a los propietarios de la tienda 44 millones de dólares por daños y perjuicios.
Durante el juicio, el abogado de la universidad llamó a un “experto” con el fin de minimizar cualquier posible daño financiero a la tienda quien dijo que esta solo tenía un valor de unos 35 mil dólares, una declaración que le habría parecido arrogante y humillante a los que estaban en el juzgado que sabían que eso era menos de la mitad de lo que un estudiante de Oberlin College paga anualmente por la matrícula, alojamiento y comida y honorarios.
La universidad también trató de hacerse el pobre ante el jurado, quejándose de que enfrenta dificultades financieras y que sería difícil cumplir con una gran indemnización monetario a los Gibson. Evidentemente, los miembros del jurado no encontraron esto convincente de una institución que cuenta con un fondo de donaciones de mil millones de dólares, con 18 administradores que ganan más de 100 mil dólares al año cada uno y salarios de medio millón de dólares para su presidente y director financiero.
No se trata de ‘libre expresión’
Desde el veredicto, la administración universitaria ha buscado contrarrestar la decisión. La actual presidenta de Oberlin College, Carmen Twillie Ambar, dice que “este es un caso sobre la Primera Enmienda sobre si una institución puede ser responsabilizada de las expresiones de sus estudiantes”. De hecho, la demanda de Gibson’s no estuvo dirigida contra los estudiantes ni su derecho a expresarse y protestar, sino contra las acciones difamatorias de la universidad y de Raimondo, su vicepresidenta. Y el jurado responsabilizó a la universidad por lo que hicieron sus representantes, y no por las opiniones ni las acciones de ningún estudiante.
En una hoja de Preguntas más Frecuentes publicada el 19 de junio, la universidad afirma que ninguno de sus directivos superiores participó en la protesta, y que la universidad no “creó, endorsó o aprobó” el volante de la protesta que afirmaba que los Gibson eran racistas. Pero Clarence “Trey” James había testificado que estaba trabajando durante la protesta y pudo ver claramente a Raimondo “parada justo frente a la tienda con un megáfono, dirigiendo algunas de las actividades de los estudiantes. … Ella les estaba diciendo a los jóvenes … dónde obtener agua, encontrar baños, dónde hacer copias” del volante.
Todo el caso se trató de las actitudes y privilegios de clase de la administración de Oberlin College, no sobre la libertad de expresión. Pensaron que podían difamar a un pequeño negocio como racista, con impunidad. Nunca anticiparon la determinación de los Gibson de luchar por la verdad y la dignidad, ni el apoyo que obtendrían de trabajadores y otros que rechazaron la campaña de desprestigio de la universidad. Se equivocaron en todos estos aspectos.