Violando los derechos constitucionales, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó el 29 de mayo con un voto de 5 a 4 las restricciones impuestas por el gobernador de California Gavin Newsom a la libertad de culto.
Pretendiendo proteger la salud pública ante el coronavirus, Newsom socavó las protecciones enunciadas en la Carta de Derechos que los trabajadores y agricultores necesitamos y usamos para defendernos de la interferencia del gobierno en nuestras vidas y en nuestras luchas. Entre los que votaron a favor de los límites a la libertad de culto por el gobierno estaban los cuatro supuestamente liberales y el presidente del tribunal John Roberts.
El tribunal rechazó la demanda de la Iglesia Pentecostal Unida de South Bay en Chula Vista, que buscaba revocar la orden ejecutiva de Newsom que prohíbe la congregación de más del 25 por ciento de la capacidad de la iglesia o 100 feligreses, o la que sea menor.
La iglesia había argumentado que, bajo la orden de Newsom, muchos establecimientos seculares, incluidas las tiendas minoristas, no están sujetos a dichas restricciones, lo que convierte a la orden ejecutiva en discriminatoria.
El mismo día, el tribunal ratificó el límite impuesto por el gobernador de Illinois Jay Pritzker que restringía las reuniones religiosas a no más de 10 personas.
Ambas decisiones son un golpe a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe que el gobierno establezca una religión oficial o que una persona practique libremente la religión de su elección. La misma enmienda le prohíbe al gobierno restringir la libertad de expresión, o de prensa, o que interfiera con “el derecho de reunirse pacíficamente o solicitar compensación por agravios gubernamentales”.
El pastor de la iglesia Cornerstone en Fresno, California, Jim Franklin, dijo que desafiaría el fallo de la corte. Su iglesia tiene una capacidad de 1 400 personas y permitirá que 350 participen en sus servicios, cumpliendo con el requerimiento del 25 por ciento de capacidad, pero muy por encima del límite de 100 personas impuesto por Newsom.
Ninguno de los jueces, incluidos los que votaron en contra, defendió el principio de que el gobierno de California no puede interferir con el libre ejercicio de la religión. En cambio, todos se centraron en comparar las prohibiciones que California ha impuesto a otras actividades. El presidente del tribunal argumentó que la restricción a las reuniones en la iglesia no era tan severa como la prohibición total impuesta por el gobierno estatal sobre lo que Roberts consideró “reuniones seculares comparables”, como la prohibición de conciertos y eventos deportivos.
Independientemente de la severidad o la laxitud de otras restricciones, la clase trabajadora tiene un interés inequívoco en salvaguardar el derecho a la libertad de culto. Es una conquista central de la revolución democrática burguesa de Estados Unidos, que impide que el gobierno interfiera con nuestros derechos.
Las restricciones impuestas por los gobiernos en nombre de “combatir el virus” se han utilizado para atacar la libertad de expresión y el derecho a protestar, desde Hong Kong hasta Chile. Las prohibiciones que han afectado de manera particularmente grave a la clase trabajadora incluyen las restricciones a visitas de familiares en los asilos de ancianos y a participar en reuniones en persona como las de Alcohólicos Anónimos y otros.
Este tipo de abrogación de la Carta de Derechos será utilizado por los gobernantes capitalistas para justificar restricciones a otros derechos. Serán utilizadas a medida que aumenten las batallas contra los patrones y sus gobiernos y otras luchas sociales.
Están pendientes varias demandas legales contra las órdenes ejecutivas que limitan el derecho al culto en otros estados. En Oregon, la gobernadora Katherine Brown ha amenazado con encarcelar a personas por hasta 30 días si asisten a un servicio religioso de más de 25 personas.