El 14 de julio el gobierno de Estados Unidos realizó la primera ejecución federal en 17 años, al matar a Daniel Lee en Terre Haute, Indiana. La determinación del estado de ejecutarlo fue demostrado por el hecho de que lo mantuvieron atado a una camilla con la aguja intravenosa en su brazo por cuatro horas esperando la decisión del tribunal. Sus abogados no fueron notificados de su muerte sino hasta después de la ejecución.
En un fallo de 5 contra 4, la Corte Suprema determinó poco después de las 2 a.m. que no iban a tomar en consideración las objeciones porque llegaron al “último minuto”. El tribunal también rechazo el argumento de que el uso del barbitúrico fenobarbital causaría “dolor extremo y sufrimiento innecesario” similar a un ahogamiento. Testigos de la ejecución dijeron que Lee comenzó a tener dificultades respirando, y después que su pecho se detuvo sus labios se azularon y se resecaron sus dedos.
Earlene Peterson, la madre de 81 años de edad de una de las víctimas de Lee, su hija y su nieta se opusieron a la ejecución. Pidieron que se pospusiera, dijeron que querían asistir, pero que temían viajar a Indiana por el coronavirus. Tenían previsto usar su presencia para expresar su oposición a la pena de muerte.
“Solo transcurrieron diez minutos entre el momento en que la Corte de Apelación del Octavo Distrito anulara la objeción a la ejecución de Lee, en una orden a las 7:36 a.m. y cuando jalaron la cortina de la cámara de ejecución a las 7:46 a.m. mostrando a Lee amarrado a una camilla”, informó Reuters.
El apoyo público a esta práctica salvaje ha ido disminuyendo durante años entre el pueblo trabajador. A pesar de esto la pena de muerte como ley federal ha sido defendida tanto por administraciones demócratas como republicanas. Mientras el presidente Donald Trump propone ampliar su uso, el presidente Bill Clinton fue quien aumentó el número de crímenes en que se puede aplicar la pena capital, añadiendo unos 60 delitos.
El Departamento de Justicia ha programado dos ejecuciones más para la semana próxima.
Reflejando el cambio contra esta cruel práctica, 32 estados han abolido la pena de muerte o no han realizado ejecuciones en más de una década. Una encuesta nacional en octubre de 2019 encontró que una mayoría del 60 por ciento favorece la cadena perpetua en vez de una ejecución por crímenes capitales.
“La pena de muerte es un arma brutal de terror en manos de los gobernantes capitalistas, usada en última instancia para intimidar a la clase trabajadora y sus luchadores de vanguardia”, declaró el 14 de julio Alyson Kennedy, candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para presidente. “El Partido Socialista de los Trabajadores lucha por su completa abolición”.