Únase a defensa de derechos políticos en Washington

Lucha gana apoyo, fondo sobrepasa meta

Por Betsey Stone
16 de noviembre de 2020
SWP presidential candidate Alyson Kennedy at Naches, Wash., Nov. 2 commemoration of worker David Cruz, who died of COVID. Trabajadores Unidos por la Justicia union is fighting for safety at packinghouses. Defending political rights of SWP is also defense of union rights.
Militante/Clay DennisonAlyson Kennedy, candidata del PST, en conmemoración de David Cruz, un trabajador fallecido por COVID-19. Trabajadores Unidos por la Justicia está luchando por la seguridad en empacadoras. La defensa de derechos políticos del PST también defiende los derechos sindicales.

SEATTLE — El Partido Socialista de los Trabajadores patrocinó un evento especial aquí el 30 de octubre para crear apoyo para una importante lucha por los derechos políticos que se está desarrollando en el estado de Washington. Los oradores fueron la candidata del PST para presidente, Alyson Kennedy, y el director nacional de la campaña del PST, John Studer.

El 19 de octubre, la oficina del secretario de estado informó al partido que los nombres y direcciones de los electores presidenciales del PST en 2020 iban a ser divulgados, a menos que la campaña obtuviera una orden judicial que les prohibiera hacerlo.

“Las cuestiones involucradas son importantes para todos los trabajadores”, dijo la dirigente del PST en Seattle, Mary Martin, quien presidió el evento. Martin informó que la campaña había obtenido la representación legal de Barnard, Iglitzin y Lavitt, una conocida firma de ley laboral en Seattle. El partido ha lanzado una campaña nacional para obtener declaraciones de apoyo y recaudar rápidamente los 20 mil dólares necesarios para gastos legales y de otro tipo.

“Hay una larga y documentada historia de interrupciones, espionaje y actos de violencia contra los activistas del Partido Socialista de los Trabajadores y nuestras oficinas”, dijo Martin. En 1984, la sede del PST en Seattle fue víctima de un ataque incendiario. Este año, los candidatos y sus partidarios han recibido amenazas de muerte y un mensaje en el teléfono de la oficina de campaña amenazando con quemar la sede del partido y matar a todos los que se encuentren en ella.

Divulgar la información personal de los electores los expondría al acoso y peores acciones por parte de la policía, los patrones, derechistas o radicales de clase media que buscan suprimir a quienes discrepan con ellos.

Martin describió la batalla política que tuvo que librar el PST durante muchos años para obtener una exención de tener que entregar los datos personales de los contribuyentes de la campaña a la Comisión de Divulgación Pública del estado de Washington y la Comisión de Ética y Elecciones de Seattle, a pesar de la amplia evidencia de acoso tanto del gobierno como del sector privado.

Michael Krinsky, abogado principal del bufete de abogados de derechos constitucionales que ha representado al PST durante muchas décadas, escribió en una declaración: “El peligro a las libertades bajo la Primera Enmienda por las amenazas de divulgaciones es real, tanto para las personas que deseen asociarse con el PST como, por el precedente que sentaría, para muchos otros que deseen asociarse con causas y organizaciones que puedan ser blanco de hostilidad gubernamental o privada”.

Kennedy describió la respuesta positiva que ha recibido la campaña del Partido Socialista de los Trabajadores mientras ella y su compañero de fórmula Malcolm Jarrett han hecho campaña en unas 100 ciudades y pueblos, marchando en protestas, caminando en líneas de piquetes sindicales y hablando con los trabajadores en los portales de sus hogares y en los estacionamientos de Walmart.

Studer revisó la orgullosa historia del partido en batallas para defender la libertad de expresión y los derechos políticos. “Es parte integral de lo que somos, un partido de trabajadores, basado en la clase trabajadora, participando en las luchas de la clase trabajadora y avanzando en un curso para terminar con la explotación capitalista”, dijo. “Es por eso que la ira de la clase dominante cae sobre nosotros, algo que se remonta a la fundación del movimiento comunista en este país”.

Describió cómo James P. Cannon, como dirigente del Partido Comunista, jugó un papel decisivo en la formación de la Defensa Obrera Internacional en 1925. Cannon fue luego expulsado por partidarios de José Stalin. Fue miembro fundador del Partido Socialista de los Trabajadores.

Cannon se reunió con Big Bill Haywood, dirigente de los Trabajadores Industriales del Mundo (IWW), que se fue a Moscú después de ser declarado culpable en un juicio amañado en Chicago y sentenciado a 20 años de prisión. “Elaboramos el plan y la concepción de la Defensa Obrera Internacional como un organismo no partidista que defendería a cualquier miembro del movimiento obrero, independientemente de su opinión o afiliación, si fuera perseguido por la ley capitalista”, escribió Cannon en Los primeros diez años del comunismo norteamericano.

El abogado de Haywood y de otros miembros del IWW en el juicio de Chicago fue George Vanderveer, dijo Studer. Vanderveer fue el fundador del bufete de abogados que representa al PST en esta lucha actual.

Miembros del PST ayudaron a forjar y dirigir el sindicato de los Teamsters en Minneapolis y en todo el Medio Oeste en la década de 1930, dijo Studer. Por esto, y por liderar la oposición obrera a la entrada de Washington en la segunda guerra mundial imperialista, 18 dirigentes de los Teamsters y del PST fueron acusados y encarcelados en la década de 1940.

En la década de 1970, el PST lanzó una campaña política y una demanda judicial que expuso las décadas de espionaje y perturbación del FBI contra el partido, el movimiento sindical y la lucha por los derechos de los negros. El partido ganó la demanda, asestando un golpe a la policía política de los gobernantes norteamericanos. También ganaron un fallo judicial, que le prohíbe al FBI y otras agencias gubernamentales tener acceso a los nombres y archivos que habían acumulado ilegalmente.

En respuesta a la creciente radicalización entre el pueblo trabajador, los liberales buscaron limpiar la imagen de los partidos capitalistas promoviendo la “reforma del financiamiento de campañas”. La piedra angular de este fraude fueron las leyes de divulgación que ordenan la difusión pública de los nombres y direcciones de quienes otorgan fondos a los candidatos políticos, diciendo que esto brindaría más “transparencia”.

Esto tapó el hecho de que el poder económico, político y militar está en manos de la clase capitalista y que los ricos gobernantes siempre podrían encontrar formas de eludir las leyes, mientras que los partidos de la clase trabajadora tendrían que someterse a una onerosa burocracia y enfrentar la exposición de los nombres y direcciones de sus miembros y simpatizantes.

Studer explicó que este problema surgió durante la lucha contra la segregación de Jim Crow en el Sur en la década de 1950. El gobierno segregacionista de Alabama aprobó una ley que requería que la NAACP entregara los nombres y direcciones de todos sus miembros. La NAACP lanzó una campaña contra la ley y logró que la anularan en un tribunal federal.

Usando este precedente, el PST ganó una exención de entregar los nombres, direcciones y lugares de trabajo de los contribuyentes y abastecedores de la campaña a partir de 1974, dijo Studer. El PST fue el único partido que logró la exención. Pero en 2017, la Comisión Federal de Elecciones decidió poner fin a la exención del partido, alegando que estos ataques eran principalmente una cosa del pasado. “La lucha en el estado de Washington ayudará a sentar las bases para una lucha para recuperar la exención”, dijo Studer.

En respuesta a una solicitud de fondos, las más de 30 personas en la reunión contribuyeron 2 841 dólares. Las recaudaciones en foros similares en todo el país han recaudado 19 600 dólares hasta ahora.

La agrupación Llamado a la Acción sobre Puerto Rico en Nueva York condenó la decisión del gobierno del estado de Washington de revelar los nombres y direcciones de los electores del PST. “Los defensores del derecho inalienable de Puerto Rico a la soberanía e independencia nacional saben muy bien cómo el gobierno usa la información personal para acosar, intimidar e incluso amenazar la vida de los activistas por la justicia social”, escribieron el 31 de octubre.

Envíe declaraciones de apoyo a swpseattle@gmail.com.