La cuestión política más importante en Estados Unidos hoy en día es la crisis social y económica que enfrentan los trabajadores, mientras los patrones y su gobierno atacan los empleos, salarios, condiciones de trabajo y los derechos políticos de los trabajadores.
Al mismo tiempo, los demócratas, los medios de comunicación liberales y los radicales de clase media están empeñados en la farsa de un juicio político con fines partidistas. No pretenden condenar a Donald Trump, sino aplastarlo a él, a su familia y a sus aliados. Sobre todo, quieren limitar la posibilidad de que los trabajadores, a quienes ellos consideran “deplorables”, puedan afectar la política de nuevo.
Esto va junto a sus esfuerzos para revitalizar al FBI, la policía política de los gobernantes capitalistas, y los ataques a los derechos que los trabajadores tanto necesitamos para defenderse.
En Estados Unidos, y en el mundo, millones de trabajadores se han quedado sin trabajo. Actualmente solo el 57.5 por ciento de las personas en edad laboral en Estados Unidos tiene empleo. Los patrones de las aerolíneas American y United enviaron avisos de cesantías a 13 mil y 14 mil trabajadores respectivamente. Y Heineken anunció el 10 de febrero que eliminará otros 8 mil puestos de trabajo.
La respuesta del gobierno tanto bajo Trump como Joseph Biden se centra en medidas de ayuda a corto plazo. Lo que los trabajadores necesitan son empleos. En el trabajo es donde podemos organizarnos como clase trabajadora para luchar y defendernos.
El paquete de 1.9 mil millones de dólares de Biden aprobado por el senado el 5 de febrero ofrece rescates a muchos patrones y a gobiernos estatales y locales endeudados, más pagos únicos para algunos de los que se han quedado sin trabajo y medidas que excluyen a los trabajadores indocumentados de recibir algún “estímulo”.
Mientras tanto, millones de trabajadores enfrentan recortes salariales y una disminución en el número de horas de trabajo, mientras siguen aumentando los precios de los alimentos y otras necesidades. Los precios de la vivienda subieron un 8 por ciento durante el año pasado.
Las familias trabajadoras enfrentan mayores deudas. Según Moody’s Analytics, los inquilinos deben unos 53 mil millones de dólares en pagos morosos de alquiler y de servicios públicos. A pesar de la moratoria para desalojos, los propietarios han encontrado formas de desahuciar a 250 mil personas.
“Para salir de estas condiciones es necesario un curso de lucha obrero, no limosnas del gobierno”, dijo al Militante Willie Cotton, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para defensor público de la ciudad de Nueva York.
Lucha de clases, no limosnas
“Los trabajadores y nuestros sindicatos deben luchar por un programa de obras públicas financiado por el gobierno federal para que millones de personas vuelvan a trabajar con un salario a escala sindical para construir hospitales, vivienda, escuelas y otras cosas que necesitamos”, dijo.
Cotton y otros candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores en todo el país están explicando que los trabajadores necesitamos depender de nuestra propia clase para defender nuestros intereses. Señalan el ejemplo de los trabajadores involucrados en luchas sindicales como los trabajadores en el mercado de verduras y frutas de Hunts Point en Nueva York que realizaron una huelga y lograron aumentos salariales, y los trabajadores de la refinería Marathon, en huelga en St. Paul Park, Minnesota, quienes luchan por condiciones de trabajo más seguras.
Cualquier mejora en la economía capitalista —lo cual es probable a medida que se vacunen más trabajadores contra la COVID-19 y se reduzcan las restricciones impuestas por el gobierno— daría paso a más contrataciones, lo que daría a los trabajadores más confianza y ánimo para luchar contra los ataques de los patrones.
“Para no aceptar los dictados de los patrones y luchar por lo que necesitamos es necesario que los trabajadores y agricultores defiendan nuestros derechos políticos para discutir, debatir y organizarse sin interferencias del gobierno, sus agencias de espionaje y la policía”, dijo Cotton.
Aprovechando las acciones de unos cuantos aspirantes a paramilitares y teóricos de la conspiración que interrumpieron brevemente el congreso el 6 de enero, los gobernantes capitalistas, la administración Biden y algunos republicanos ‘Nunca Trumpistas’ han preconizado leyes represivas y más libertad de acción para el FBI y otras agencias de la policía para perseguir a “terroristas domésticos”.
El secretario de Defensa Lloyd Austin ordenó a las fuerzas armadas a “desistir” por 60 días mientras el mando militar realiza una cacería de brujas para descubrir a quienes consideren tener opiniones “extremistas”.
Demócratas tras ataques a derechos
El verdadero fin de estas iniciativas es atacar a las personas por sus opiniones políticas. La historia de la lucha de clases nos enseña que cuando los gobernantes y sus partidos políticos promueven investigaciones como esta, siempre las convierten en ataques contra la clase trabajadora y su vanguardia.
Funcionarios del Departamento de Justicia dicen que ahora están considerando cargos bajo las leyes del crimen organizado RICO contra los que, según ellos, conspiraron para atacar el congreso. Estas leyes, que conllevan penas de hasta 20 años de prisión, se han utilizado frecuentemente para atacar a los sindicatos.
Todas estas medidas, y el nuevo juicio político de Trump, están dirigidos realmente contra los más de 140 millones de trabajadores que votaron por el ex presidente o decidieron que no valía la pena votar por ninguno de los candidatos capitalistas.
La columnista del Washington Post Jennifer Rubin calificó el 4 de febrero a los partidarios de Trump de ser “una patología social” que infecta a todo el país.
Los gobernantes capitalistas temen cada vez más a la clase trabajadora, al ver que la crisis de su sistema genera nuevas explosiones de batallas obreras.
La decisión de los demócratas de realizar un segundo juicio político es parte de su ataque contra los derechos de los trabajadores.
Dicen cínicamente que es el juicio más rápido de la historia, en menos de una semana, sin testigos. Toda la operación es peligrosa para el pueblo trabajador.