A pesar de los arrestos, cierres de la internet y los ataques de la policía y el ejército, continúan las protestas contra el golpe militar del 1 de febrero en Myanmar. Son las protestas más grandes en el país desde 1988.
Los trabajadores y sus sindicatos han ayudado a dirigir la lucha contra el golpe. Cientos de miles de trabajadores de la costura, ferroviarios, petroleros, asistentes de vuelo y controladores de tráfico aéreo, mineros, choferes de autobuses, cajeros de bancos, pescadores, agricultores, médicos y enfermeras, y empleados públicos están en huelga o se han unido a las protestas en ciudades y pueblos, grandes y pequeños.
También han habido protestas de estudiantes, artistas, músicos, monjes budistas y clérigos católicos.
“Los trabajadores ya estaban enojados, ya estaban activos”, dijo a Reuters Moe Sandar Myint, de 37 años, líder de la Federación de Trabajadores Generales de Myanmar, el 12 de febrero. Se refería a las luchas sindicales por mayores salarios y mejores condiciones que estaban ocurriendo antes del golpe. La federación organiza a muchos de los más de 600 mil trabajadores de la costura, que producen principalmente para la exportación, incluso para la empresa Gap en Estados Unidos.
“Los líderes sindicales fueron sometidos a una gran presión por la gerencia y la policía”, dijo. “La única respuesta fue salir a la calle”.
Los manifestantes exigen la excarcelación de Aung San Suu Kyi y otros dirigentes de la Liga Nacional para la Democracia, el partido burgués que ganó abrumadoramente las elecciones de noviembre. El general Min Aung Hlaing, jefe de las fuerzas armadas, dice que los resultados fueron un fraude.
Según la constitución impuesta por las fuerzas armadas en 2008, los generales pueden nombrar el 25 por ciento de los curules, lo que les otorga poder de veto y control de los principales ministerios.
El alto mando militar consideró como una amenaza el resultado del voto, a pesar de que Suu Kyi, quien pasó a ser de facto jefe de estado en 2015, no ha desafiado el poder de los militares, su control de muchas industrias lucrativas y su hostilidad hacia las minorías étnicas del país. De hecho, ella ha sido la mayor apologista del trato salvaje y la expulsión masiva de la minoría musulmana rohingya por parte de las fuerzas armadas.
Estas divisiones nacionales son un legado de la estrategia de dividir y conquistar de los antiguos gobernantes coloniales británicos.
Presos políticos
Suu Kyi se encuentra bajo arresto domiciliario, acusada de posesión de walkie-talkies importados ilegalmente. El 16 de febrero, cuando tuvo su primera audiencia sobre los cargos, descubrió que la junta había agregado el cargo de violar las restricciones por la COVID-19.
Si bien la mayoría de la población de Myanmar son birmanos, ha habido una amplia participación de trabajadores de grupos étnicos minoritarios en las protestas (el 40 por ciento de la población) independientemente de si votaron o no a favor de Suu Kyi.
La policía y el ejército atacaron con balas de goma y hondas a los manifestantes frente al Banco Central en Mandalay el 15 de febrero. En varias ciudades, la policía a utilizado cañones de agua y gas lacrimógeno en intentos fallidos de sofocar las protestas.
La policía fue el 14 de febrero a un complejo de viviendas en las afueras de Yangon para ordenar a los obreros ferroviarios a que regresaran a trabajar. Los policías se retiraron después que una multitud enfurecida salió a su encuentro.
Si bien la policía y el ejército hasta ahora se han abstenido de usar munición real, no hay garantía de que esto siga siendo así.
En 1988 estallaron protestas masivas contra el régimen militar impuesto en 1962 y que perduró hasta 2011. Los militares las reprimieron sangrientamente, matando a cientos y posiblemente miles. En 2007, el régimen reprimió brutalmente una serie de protestas de monjes budistas.
Patrullas de barrio
Los manifestantes llaman a las protestas de hoy el Movimiento de Desobediencia Civil. Las han organizado de forma disciplinada y pacífica, evitando darle pretextos al régimen militar para lanzar ataques mortales.
El régimen indultó y liberó a 23 mil reos comunes la semana pasada. Esto sucedió también durante las movilizaciones de 1988, y los generales organizaron a algunos de los liberados para atacar los reductos más fuertes de las protestas y realizar provocaciones. Muchos manifestantes creen hoy que los mandos militares están considerando la misma táctica.
En varias ciudades los trabajadores han creado grupos de vigilancia comunitaria, con el fin de evitar provocaciones que den excusas a los militares para intensificar la represión. Según el Myanmar Times, se han organizado tantos grupos comunitarios de patrulla nocturna que se han agotado las linternas en los mercados de Yangon.
El periódico Irrawaddy de Yangon, informó que los grupos de vigilancia han suprimido actividades sospechosas pero, tras haber aprendido de 1988, han impedido que los detenidos sean maltratados. Después de interrogarlos los entregan a la policía o los envían de regreso a sus familias.
Han habido protestas diarias frente a la embajada china, pidiendo a Beijing que condene el golpe. Hasta ahora, los gobernantes chinos, que son el principal proveedor de armas del ejército de Myanmar y el mayor socio comercial del país, se han negado a hacerlo y han calificado los acontecimientos como “un asunto interno”.