Aún antes de que el senado absolviera el 13 de febrero al ex presidente Donald Trump en su juicio político, los demócratas y otros grupos liberales ya estaban buscando otras formas para destruirlo. Quieren arruinarlo y evitar que se vuelva a postular.
El verdadero objetivo no es Trump, sino las decenas de millones de trabajadores a quienes calumnian como “supremacistas blancos deplorables” porque votaron por él. Los demócratas están decididos a evitar que estos trabajadores afecten el resultado de futuras elecciones.
Las familias gobernantes capitalistas y sus parásitos meritocráticos temen cada vez más a estos trabajadores. Y también temen a los otros 70 millones que asqueados por las opciones no votaron por nadie en 2020. Temen lo que se está fermentando entre millones de trabajadores y agricultores que son los más afectados por la crisis actual. Un número creciente de trabajadores está reconociendo que ni el Partido Demócrata ni el Republicano tienen la intención de frenar los ataques de los patrones contra los empleos, las condiciones laborales y los salarios. Estos políticos gobiernan en beneficio de los intereses de la clase capitalista.
Hasta que los trabajadores lleguen a la conclusión de que necesitamos forjar nuestro propio partido, un partido obrero, el curso antiobrero de la administración Biden creará condiciones para que millones vuelvan a sentirse atraídos a Trump, o a otro como él. Es decir, un político capitalista que asegurará que barrerá con el pantano en Washington, que encontrará la manera de generar empleos y que acabará con la catástrofe que existe en Estados Unidos.
Burla a derechos constitucionales
Los demócratas, y un puñado de republicanos “Nunca Trumpistas”, no lograron condenar a Trump por “incitar una insurrección” en el Capitolio el 6 de enero. Históricamente, los gobernantes han usado este tipo de cargos contra los trabajadores y nuestras luchas. La Constitución no autoriza al Congreso a destituir a alguien que ya está fuera de su mandato.
Reconociendo esto, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se negó a presidir el espectáculo de juicio en el Senado. El senador demócrata Patrick Leahy, quien alternó entre fiscal, “juez” y jurado, tomó su lugar, alegando que esa ha sido la “práctica” en juicios anteriores de presidentes fuera de su mandato. Pero nunca ha habido otro caso similar.
Gran parte de este supuesto juicio incluyó ataques contra los derechos políticos.
Trump argumentó que los resultados de las elecciones fueron falsificados. Pero no tenía pruebas de que la magnitud del fraude electoral, un fenómeno común en las elecciones capitalistas, cambió el resultado de la votación. De hecho, durante cuatro años los demócratas y sus aliados en los medios liberales utilizaron al FBI, calumnias y mentiras en su esfuerzo histérico para sacarlo del cargo.
Trump instó a una multitud que protestaba el 6 de enero contra los resultados de las elecciones a “luchar como fieras” para anular la votación.
Para juzgarlo y lograr condenarlo, los demócratas tuvieron que insistir que sus declaraciones no están protegidas por la Constitución, pero la Constitución le prohíbe al Congreso promulgar cualquier ley que “restrinja la libertad de expresión”.
Los gestores demócratas de la Cámara de Representantes presentaron una cruda amalgama de otras declaraciones del ex presidente comenzando en 2017, para alegar que Trump tiene una propensión a la violencia. El equipo de defensa de Trump respondió citando las muchas ocasiones en que demócratas prominentes usaron exactamente el mismo lenguaje que usó Trump.
“Independientemente de a quién se dirijan estos ataques a la libertad de expresión, su objetivo es siempre la clase trabajadora”, dijo al Militante Joanne Kuniansky, candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para gobernadora de Nueva Jersey. “Es importante que los trabajadores se opongan a todos los esfuerzos para restringir los derechos políticos. Necesitamos estos derechos para discutir, debatir y organizarnos para luchar por nuestros propios intereses”.
En Washington, la defensa de la libertad de expresión ha sido entregada a los conservadores. Y pretenden adoptar una postura moralista y usarla para impulsar los ataques contra los sindicatos, el derecho de la mujer a elegir el aborto, y otras medidas políticas contra la clase trabajadora.
Grupos liberales como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la NAACP respaldaron abiertamente la cruzada del juicio político, argumentando que Trump no merece ninguna protección constitucional. Esta postura acompaña los argumentos de las fuerzas liberales de que se deben sacrificar los derechos políticos para hacerle frente a la amenaza del creciente “terrorismo doméstico” proveniente de una clase trabajadora racista.
El “juicio” político fue una farsa, en la que al ex presidente se le negó el derecho al debido proceso que cualquier otro ciudadano particular espera tener al enfrentar cargos criminales. Cuando repentinamente los demócratas propusieron al final del juicio llamar a algunos testigos, el equipo de defensa dijo que si se iba a presentar a testigos, ellos tenían muchos por llamar, comenzando con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Los demócratas respondieron que porque no era un tribunal de justicia, ellos, no la defensa, decidirían cuántos testigos podrían tener. Al final, decidieron no llamar a testigos, votaron y se fueron a casa.
Ataques a derechos políticos siguen
El fallido juicio político no puso fin a la ofensiva de los liberales para aplastar a Trump y acorralar a la clase trabajadora “deplorable”. El líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer, dice que está pensando en someter a votación el derecho de Trump a postularse en elecciones. Se han abierto investigaciones legales contra Trump tanto en Georgia, por sus esfuerzos por impugnar la votación allí, como en Nueva York, donde el fiscal del distrito de Manhattan está investigando las gestiones financieras del ex presidente.
Las elecciones de 2020 y sus consecuencias han exacerbado la crisis que azota a los dos partidos capitalistas principales. Los partidarios de Trump y los Anti-Trumpistas se atacan mutuamente, con rumores de escisiones a la vista. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, reprendió al ex presidente, diciendo que es “moralmente responsable” por el 6 de enero y responsable “de todo lo que hizo mientras estuvo en el cargo”.
Las diferencias entre el ala Biden de los demócratas y los reformadores socialistas del partido se calmaron por su acuerdo sobre el juicio político, pero surgirán nuevamente a medida que debatan las prioridades políticas.
En algo que hay un acuerdo bipartidista es en preparar medidas más amplias destinadas a extender el poder del FBI, la policía política de los gobernantes capitalistas.