La administración de Joseph Biden insiste en que su actitud hacia la inmigración es más “humana” que la de Donald Trump. La realidad es que Biden está tratando de cerrar la frontera a medida que un mayor número de trabajadores migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras, y especialmente de México, están tratando de ingresar al país.
“Biden, por favor, déjanos entrar”, se lee en las camisetas blancas de muchos de los acampados en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde algunos han estado durante semanas.
A diferencia de las oleadas de migrantes de 2019 y 2014, que estaban compuestas por familias de América Central y menores no acompañados, esta es principalmente individuos adultos, sobre todo hombres de México. Adultos solteros fueron el 82 por ciento de los detenidos por la patrulla fronteriza estadounidense en lo que va del año.
Están impulsados por la necesidad de empleos ante los cierres provocados por la pandemia, y las crisis económicas y sociales en sus países natales. Si bien la contratación está aumentando en Estados Unidos, en México 2.4 millones de trabajadores perdieron sus trabajos el año pasado.
La administración Biden ha mantenido en vigor la orden del ex presidente Trump de expulsar de inmediato a las personas capturadas cruzando la frontera desde México, privándolas de una audiencia judicial y de la oportunidad de solicitar asilo. Miles de policías de la Patrulla Fronteriza están implementando esta política.
Muchos de los expulsados esperan en México para volver a intentarlo. El porcentaje de migrantes reincidentes detenidos en la frontera ha aumentado casi en un 40 por ciento en los últimos seis meses.
Los trabajadores mexicanos enfrentan una crisis económica más profunda que en Estados Unidos. En Estados Unidos las ofertas de trabajo están en alza.
Sin embargo, la Casa Blanca sí revirtió la política de la administración Trump de rechazar a los niños no acompañados en la frontera. Hasta el 25 de marzo, más de 18 mil niños han sido puestos bajo custodia. Este es un número menor que el de los adultos que han sido expulsados o excluidos de los Estados Unidos.
Los niños están detenidos en instalaciones abarrotadas. La administración de Biden no había permitido que periodistas las visitaran. Una de ellas, un complejo de carpas de 160 mil pies cuadrados en Donna, Texas, alberga a mil niños. Según el Dallas Morning News del 15 de marzo, los niños están “detenidos en condiciones de hacinamiento en la carpa, algunos durmiendo en el piso y otros sin poder bañarse durante cinco días”.
La administración Biden está estableciendo otros centros de detención, y ha pedido a otras agencias gubernamentales que envíen voluntarios para ayudar.
La administración de Biden también ha intentado prohibir la entrada de familias, principalmente de América Central. “No hay ningún cambio en la política: la frontera permanece cerrada”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Pero debido a la oposición del gobierno mexicano, algunos son permitidos a permanecer en Estados Unidos temporalmente para asistir a audiencias sobre solicitudes de asilo.
Harris asignada a “resolver” crisis
La Casa Blanca asignó a la vicepresidenta Kamala Harris para lidiar con esta crisis y supervisar los planes de la administración para reducir la migración desde Guatemala, Honduras y El Salvador. Biden solicitó al Congreso 4 mil millones de dólares para los acuerdos.
Pero esta crisis no se puede resolver arrojando dinero a los regímenes capitalistas de esos países. Las condiciones que enfrentan los trabajadores en Centroamérica están arraigadas en el afán de los gobernantes capitalistas estadounidenses por ganancias que deprimen los salarios y las condiciones laborales en las fábricas y campos en toda la región.
La clase capitalista en Estados Unidos no tiene interés en cerrar permanentemente sus fronteras. Muchos patrones dependen de trabajadores inmigrantes para sobreexplotarlos, reduciendo el salario promedio de toda la clase trabajadora y debilitando los sindicatos. El gobierno de los patrones, ya sea demócrata o republicano, controla el flujo de mano de obra inmigrante, tanto legal como ilegal, según las alzas y bajas de la producción.
“La campaña del Partido Socialista de los Trabajadores lucha por la amnistía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos, y lucha contra las deportaciones”, dijo Gerardo Sánchez, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para el Consejo Municipal de Dallas. “Esto es esencial para unir a la clase trabajadora, fortalecer nuestros sindicatos y organizarnos para luchar juntos contra los ataques de los patrones y su gobierno”.