“Muchas veces tenemos que escoger entre comprar una llanta para nuestros camiones o comprar las necesidades básicas para nuestras familias”, dijo el camionero Carlos Schettini al Militante por teléfono desde San Juan el 14 de junio. “Sube el combustible, el precio de las gomas, los impuestos, los peajes, pero el pago a nosotros no ha subido”.
Schettini es un dirigente de Camioneros Unidos, la cual organiza a unos 80 conductores contratados por el Grupo V. Suárez. Desde el 8 de junio, los camioneros se han negado a realizar entregas hasta no recibir un aumento en las tarifas de pagos.
“Llaves en bolsillo”, dice uno de los carteles en un campamento que instalaron fuera del almacén de la empresa. La compañía V. Suárez, de propiedad puertorriqueña, es uno de los mayores distribuidores de alimentos, bebidas y artículos domésticos en la colonia estadounidense.
Hay unos 40 mil camioneros independientes en Puerto Rico, dijo Schettini. Su lucha no es solo por dinero. “Muchas empresas presionan a los conductores para que violen la ley federal de horas máximas de conducir en un día. Y sobrecargan los camiones”.
Los taxistas, los trabajadores de las embotelladoras de Coca-Cola y otros trabajadores han estado trayendo comida y otro tipo de solidaridad al campamento.
En diciembre, el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP) de Puerto Rico aumentó las tarifas mínimas por kilometraje y tonelaje en un 35%, el primer aumento en casi 30 años, con la excepción de un pequeño ajuste por el costo de vida en 2005.
“Muchas empresas ni siquiera cumplen con las tarifas anteriores”, dice Schettini.
Pero la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico se opuso al aumento de tarifas. Nombrada por el entonces presidente Barack Obama, la Junta tiene el poder de anular las decisiones del gobierno de Puerto Rico.
Con arrogancia imperial, la Junta envió una carta al gobierno de Puerto Rico el 29 de enero con la instrucción de “inmediatamentedesistir de ajustar las tarifas”. Eso es solo un eufemismo para exprimir todo lo posible de los trabajadores y agricultores de la colonia estadounidense para pagar parte de la deuda del gobierno puertorriqueño de 74 mil millones de dólares a los tenedores de bonos capitalistas.
En abril, un tribunal de Puerto Rico dictaminó a favor de una demanda presentada por la Cámara de Comercio de Puerto Rico retando el aumento de las tarifas.
Los gobernantes capitalistas de Estados Unidos, y la clase capitalista local subestimaron la determinación de los propietarios de camiones. El Frente Amplio de Camioneros, una asociación que agrupa a camioneros en toda la isla, Camioneros Unidos y otros llamaron a una “asamblea permanente” —un paro laboral— si se anulan los aumentos de tarifas.
Carlos Rodríguez, secretario de organización del Frente Amplio, dijo por teléfono que no se trata de una amenaza vana. “Paralizamos el país en 1972, 1974, 1979 y 2005”. Preocupados por una acción en toda la isla, la Junta acordó permitir “temporalmente” la implementación de las nuevas tarifas, mientras se apela la decisión del tribunal y continúan las negociaciones con los camioneros.
Si bien muchos de los conductores independientes poseen un solo camión, algunos poseen 10, 20 o más, dijo Rodríguez. Los grandes fabricantes y distribuidores encuentran más rentable pasar todos los costos del camión a los operadores independientes en lugar de comprar su propia flota de camiones y contratar conductores. “Las grandes empresas les dicen a los conductores independientes, ‘lo tomas o lo dejas’”, dijo Rodríguez. “Pero somos la columna vertebral de Puerto Rico. Nada se mueve sin nosotros”.
Ha habido otras manifestaciones por parte de los camioneros en las últimas semanas para exigir salarios más altos y contra cualquier medida hacia la “desregulación” de las tarifas de transporte que abrirían la puerta a nuevos ataques contra los ingresos de los conductores.
Vendiendo la isla ‘pieza por pieza’
“El gobierno ha estado vendiendo la isla pieza por pieza”, dice Schettini, señalando la decisión del gobernador Pedro Pierluisi de otorgar un contrato a Luma Energy para hacerse cargo de la administración de la compañía eléctrica pública el 1 de junio, una medida promovida por la Junta. Su objetivo es debilitar al sindicato y allanar el camino para más agresiones contra los salarios y las condiciones de los trabajadores.
Después de sólo dos días de huelga en la empresa lechera Suiza Dairy de propiedad peruana en Ponce, unos 50 trabajadores ganaron un contrato sindical el 2 de junio. “Ganamos un aumento salarial de 35 centavos la hora los primeros dos años y 40 centavos el tercero, un aumento en la cobertura médica y más vacaciones y días de enfermedad”, dijo por teléfono José Adrián López, presidente de la federación sindical CGT.