El 1 de julio se logró una importante victoria para los derechos políticos cuando la Corte Suprema emitió un fallo a favor de revocar una regulación en California que requiere que decenas de miles de organizaciones benéficas entreguen sus listas de donantes a funcionarios del estado.
El fallo de 6 a 3 a favor de la revocación fortalece el derecho a la libertad de asociación y privacidad sin interferencia del estado, como lo garantiza la Primera Enmienda de la Constitución. También abre las posibilidades para derogar las leyes de divulgación financiera en otros ámbitos, regulaciones que están dirigidas principalmente contra el movimiento sindical y partidos políticos obreros como el Partido Socialista de los Trabajadores.
“El requisito de divulgación de California impone una carga generalizada sobre los derechos de asociación de los donantes”, escribió el presidente del tribunal John Roberts en nombre de la mayoría de la corte, “y esta carga no puede justificarse sobre la base de que el régimen está estrictamente diseñado para investigar delitos caritativos, o que el interés del estado en la conveniencia administrativa es suficientemente importante”.
“Cada demanda gubernamental de divulgación trae consigo un riesgo adicional de intimidación”, agregó Roberts.
El caso fue presentado por la Fundación de Americanos por la Prosperidad, creada y financiada por los activistas políticos conservadores Charles y David Koch, y el Centro de Ley Thomas More. Hace una década el estado exigió que estas organizaciones benéficas, junto con muchas otras, entregaran al fiscal general los nombres y direcciones de sus donantes principales, y que reportaran cuanto habían donado.
Kamala Harris, quien era la fiscal general de California en 2014, insistió que esta información sería protegida y no sería divulgada al público, pero a pesar de tales promesas, más de 1,800 listas de contribuyentes se publicaron en el sitio web del fiscal general.
Después del fallo de un tribunal federal de distrito de California en contra de la divulgación de los nombres de donantes en 2016, funcionarios del Partido Demócrata de California apelaron la decisión. La decisión fue revocada dos años después por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos. Ahora, la Corte Suprema ha revocado esta decisión.
Casi 300 organizaciones, con una amplia variedad de criterios políticos, firmaron expedientes de amigos de la corte en apoyo de la lucha de los demandantes por defender los derechos constitucionales. Entre ellos estaba la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Fondo de Educación y Defensa Legal de la NAACP, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, el Instituto Cato, la Asociación Nacional de Fabricantes y Personas para el Trato Ético de los Animales.
Durante el auge del movimiento por los derechos civiles en la década de 1950, el gobierno estatal de Alabama bajo el Jim Crow aprobó una ley que ordenaba a la NAACP entregar los nombres y direcciones de todos sus miembros. La NAACP se negó, diciendo que al hacerlo pondría a sus miembros a riesgo de ataques. Luchó contra la ley incluso llevando el caso a la Corte Suprema. Ganó, y estableció un precedente legal histórico contra las leyes de divulgación empleadas para atacar a grupos políticos.
Esta victoria sentó un precedente para que el Partido Socialista de los Trabajadores luchara y se protegiera de tener que entregar los nombres de los contribuyentes a sus campañas electorales. Sindicatos como la Federación de Maestros del Estado de Washington y sus afiliados han combatido las leyes estatales que exigen listas de miembros sindicales y las ponen a disposición de las fuerzas antisindicales que las soliciten.
En una opinión concurrente, el juez Clarence Thomas dijo que es escéptico de que exista alguna regulación de divulgación que sea constitucional. “Las leyes que gravan directamente el derecho a asociarse de forma anónima, incluidas las leyes de divulgación obligatoria, deben estar sujetas al mismo escrutinio que las leyes que gravan directamente otros derechos garantizados por la Primera Enmienda”.
La decisión provocó indignación entre los liberales en la Corte Suprema y en la prensa. La jueza Sonia Sotomayor, quien escribió la opinión minoritaria, calumnió a los demandantes y a otros como la NAACP y el PST que desafían las leyes de divulgación forzada. Ella acusó que “las entidades reguladas que deseen evitar sus obligaciones pueden hacerlo haciendo un gesto vago hacia las ‘preocupaciones de privacidad’ por la Primera Enmienda”.
‘El fallo nos crea aperturas’
“Esta decisión de la corte es una nueva e importante defensa de la libertad de expresión y asociación y del derecho a la privacidad”, dijo John Studer, director de la campaña nacional del Partido Socialista de los Trabajadores. “Crea oportunidades para, como temen los liberales, intensificar la lucha para eliminar las leyes de financiamiento de campañas electorales y otras leyes de divulgación contra los sindicatos y aquellos, como el Partido Socialista de los Trabajadores, que buscan trazar un rumbo hacia la acción política independiente de la clase trabajadora”.
Durante décadas los candidatos del PST han luchado por la exención de la obligación de entregar al gobierno los nombres de contribuyentes. En 1973 el partido lanzó una campaña política y una demanda judicial que durante 15 años expuso décadas de espionaje y la intervención del FBI, logrando una sentencia que ordenaba al FBI que cesara y desistiera. Empleando evidencia expuesta a través de esta lucha, el partido obtuvo la exención de los requisitos de divulgación de financiamiento de sus campañas de 1974 a 2017.