Miles de personas salieron a las calles de San Juan el 15 de octubre para exigir al gobierno puertorriqueño que cancele el lucrativo contrato otorgado a Luma Energy, una empresa estadounidense y canadiense, para operar la red eléctrica de la colonia de Estados Unidos.
El gobernador Pedro Pierluisi y la Junta de Administración y Supervisión Financiera de Puerto Rico, impuesta por Washington, dijeron que la privatización de la red conduciría a un suministro de “electricidad confiable”. En cambio, desde que el gobierno le entregó el control del sistema a Luma el 1 de junio, han aumentado las tarifas eléctricas y los apagones se han vuelto más largos y frecuentes.
Según el sitio web de Luma, durante la mayoría de los días, más de 100 barrios se quedan sin electricidad.
El acuerdo es un ejemplo más de cómo el imperialismo estadounidense utiliza la subyugación colonial de Puerto Rico para saquear sus riquezas y recursos.
“A veces estamos siete u ocho horas sin luz”, dijo Samuel Segarra, dueño de un camión de remolque, al Militante por teléfono desde el barrio Puerto Nuevo de San Juan. “Es injustificable”. Segarra es portavoz de Camiones Unidos, uno de los grupos de propietarios-operadores independientes que formaron parte de una huelga en agosto que obligó al gobierno a aumentar el pago mínimo por milla.
Por las fluctuaciones de energía “se me fregó el refrigerador, las máquinas que uso para hacer las llaves de mi trabajo y una máquina que necesito para dormir por las noches”, dijo Segarra. Para muchos en la isla, incluso los que dependen de la insulina, que debe refrigerarse, las interrupciones del suministro eléctrico son una cuestión de vida o muerte.
Bajo el acuerdo de 15 años de duración, el gobierno está pagando a Luma más de 100 millones de dólares al año, y le otorga el control de unos 10 mil millones prometidos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, supuestamente para reparar los daños del huracán María en 2017 y modernizar el anticuado y deteriorado sistema eléctrico. Pero Luma no ha publicado ningún plan sobre cómo se va a hacer esto.
Durante más de una década, la PREPA, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, redujo gradualmente el número de técnicos encargados del tendido eléctrico y otros trabajadores esenciales y escatimó en el mantenimiento rutinario, a la vez que dejó una deuda de 9 mil millones de dólares, y el sistema eléctrico al borde del colapso. Se declaró en quiebra en 2017.
Como parte del acuerdo, Luma les dijo a los trabajadores que tenían que volver a realizar el proceso de solicitud para sus empleos si querían mantener sus puestos. Y no se les ofrecerían sus beneficios anteriores. Un 75 por ciento de los empleados se negaron, se trasladaron a otras agencias gubernamentales o se jubilaron. “Sacaron muchos trabajadores con experiencia y redujeron aún más a la fuerza laboral”, dijo Segarra, ahorrando millones para los patrones a expensas de los trabajadores.
Arrogancia imperial
En una muestra de arrogancia imperial, los dueños de Luma se negaron a responder preguntas de la legislatura de Puerto Rico sobre sus operaciones, accediendo en cambio a dar información al Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos. Así fue como se supo que los altos ejecutivos de Luma reciben salarios de más de 200 mil dólares al año y el CEO Wayne Stensby recibe 500 mil.
“¡Gana más que el presidente de Estados Unidos!”, dijo Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, al Militante. Él trabajó durante 29 años en una de las plantas de generación eléctrica de la empresa.
Aún antes de que Luma se hiciera cargo de la mayoría de las operaciones de la empresa estatal, la PREPA, que todavía opera las plantas de generación, debía más de 441 millones de dólares a los fondos de pensiones de los trabajadores.
“Nuestro temor es que los jubilados vamos a quedar sin pensiones”, dijo Rodríguez. “Hemos estado enviando cartas al gobierno, pero nadie nos responde”.
En medio de la controversia sobre Luma, la legislatura puertorriqueña aprobó el “Plan de Ajuste Enmendado” elaborado por la Junta de Supervisión Financiera con pequeñas modificaciones.
La Junta fue nombrada por el presidente Barack Obama en 2016 con apoyo bipartidista para ejercer poder sobre el gobierno de Puerto Rico y maximizar el pago de una deuda de más de 72 mil millones de dólares que las agencias gubernamentales de la isla deben a los tenedores de bonos. Además, el gobierno debía 55 mil millones a varios fondos de jubilación.
Durante la última década, el gobierno ha despedido a miles de trabajadores, aumentado los impuestos sobre las ventas y recortado los programas gubernamentales, todo mientras imprime más bonos, aumentando la deuda aún más.
La Junta afirma que el nuevo plan es un “hito” para Puerto Rico. Dicen que los tenedores de bonos han acordado reducir la deuda a unos 34 mil millones de dólares, siempre que el régimen colonial pague 7 mil millones por adelantado mediante la emisión de nuevos bonos y 1.15 mil millones al año por el servicio de la deuda.
“Todo es colonialismo”, dijo Rodríguez. “Por eso tenemos que seguir en pie de lucha en las calles”.