En las últimas décadas tanto las administraciones demócratas como las republicanas han aumentado considerablemente los delitos federales incluidos en el código penal, brindándole a los gobernantes capitalistas herramientas poderosas para actuar contra los trabajadores militantes, y los dos partidos capitalistas las están usando cada vez más para atacarse entre sí. El número de delitos federales ha aumentado un 36 por ciento desde la década de 1990.
Esto ha sido acompañado con la expansión del uso de las órdenes ejecutivas por la Casa Blanca para imponer leyes que no logran aprobar en el congreso y con la expansión desenfrenada de agencias reguladoras con poderes para entrometerse en la vida de los trabajadores.
Empleando regulaciones federales antiobreras, un juez de una Corte de Distrito emitió una orden el 25 de enero para impedir que miles de trabajadores ferroviarios de BNSF salgan en huelga contra los onerosos nuevos horarios de trabajo. (Ver artículo en esta página).
Cuando se redactó la Constitución en 1791, solo se enumeraron tres delitos federales: traición, piratería en alta mar y falsificación.
Se estima que actualmente están registrados 5,199 delitos federales, aunque no hay un recuento oficial. Muchos están escondidos entre las miles de regulaciones aprobadas por el Congreso en años recientes. El mayor aumento sucedió entre 1994 y 1996 durante la Casa Blanca de William Clinton. Y bajo Clinton, también aumentaron los delitos federales sujetos a la pena de muerte, un instrumento de terror contra el pueblo trabajador.
La Carta de Derechos, agregada a la Constitución por el voto de la mayoría de los estados en 1791, fue impuesta al gobierno federal después de un levantamiento de artesanos y agricultores conocido como la Rebelión de Shays. Consiste abrumadoramente en leyes contra la interferencia del gobierno en la vida de la población. Concluye limitando drásticamente los poderes del gobierno federal, diciendo: “Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por esta a los Estados, están reservados a los Estados respectivamente, o al pueblo”.
La población penitenciaria federal aumentó de 24,640 en 1980 a 153,293 en la actualidad. Y el Congreso abolió la libertad condicional federal en 1984.
Las sentencias bajo la ley federal a menudo son más duras que las sentencias por el mismo delito bajo la ley estatal, con más sentencias obligatorias. Cuando una persona es procesada por el gobierno federal, éste puede ejercer sus enormes recursos para condenar u obligar a la persona a aceptar una sentencia negociada, renunciando a su derecho a un juicio con jurado. Emplean al FBI, la policía política de Washington; el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; varias policías militares; y muchas otras agencias federales, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la IRS, la agencia encargada de impuestos.
Los acaudalados propietarios detentan el poder estatal y ven a los trabajadores como criminales que deben ser mantenidos bajo control. Este es el papel de su masivo sistema de “justicia” criminal. No puede ser reformado para nuestro beneficio. Pero las protecciones codificadas en la Constitución y la Declaración de Derechos son vitales para los trabajadores.
Protecciones contra restricciones
La Carta de Derechos incluye protecciones contra las restricciones del gobierno federal a la libertad de expresión y de asamblea y afirma el derecho al debido proceso, al juicio por un jurado, a confrontar a los testigos en su contra, a una defensa legal. Prohíbe el doble enjuiciamiento, diciendo que “tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro”. No se pueden infligir fianzas excesivas, ni “castigos crueles e inusuales”.
“La Corte Suprema ha mantenido que los enjuiciamientos estatales y federales consecutivos no violan la cláusula de doble enjuiciamiento de la Quinta Enmienda”, señaló el Wall Street Journal el 22 de enero. La expansión masiva de los delitos federales hace que esto sea aún más peligroso.
Se requirió la guerra revolucionaria que derrocó la esclavitud para que se aprobara la Enmienda 14, que extiende las protecciones de la Carta de Derechos a ataques de los gobiernos estatales. Dice: “Ningún Estado podrá dictar ni imponer ley alguna que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos… ni negar a cualquier persona que se encuentre bajo su jurisdicción igual protección de las leyes”.
Los gobernantes capitalistas enfrentan hoy una grave crisis política. Ninguno de sus dos principales partidos políticos, ni el Demócrata y ni el Republicano, es capaz de ganar mayorías estables para trazar un rumbo con el que se sientan seguros para salir de la recesión económica mundial, o evitar el alza de las luchas obreras que presagia esta crisis.
No tienen ninguna política para evitar los crecientes enfrentamientos con sus rivales en el extranjero, incluida la amenaza de guerra en Ucrania, ni para detener la inestabilidad y las guerras que devastan a los pueblos de todo el Medio Oriente. Se pelean entre sí cada vez más en un frenético esfuerzo por controlar el gobierno federal, pisoteando la Constitución y nuestros derechos en el proceso.
Están en una ofensiva total contra las estructuras y las normas de gobierno establecidas por la Primera Revolución Norteamericana, que estableció una república constitucional con el poder reservado en gran medida a los estados. Quienquiera que gane, Biden o Trump, intentará usar el poder ejecutivo para perseguir a sus rivales políticos y al pueblo trabajador.
Los demócratas están al frente de estos esfuerzos hoy. Están tratando de abolir el Colegio Electoral y cambiar la forma en que se elige el Senado, con la esperanza de ganar la presidencia con el apoyo de unas cuantas áreas densamente pobladas y privar de sus derechos a los que viven en estados más pequeños y áreas agrícolas. Este es el contenido real de su reclamo de defender el “derecho al voto”.
A medida que se agudicen los conflictos entre los dos principales partidos de los patrones, los trabajadores deberán proteger celosamente los derechos que usamos para promover nuestros intereses hoy —sin importar a quien le están violando sus derechos— y aún más a medida que se intensifique la lucha de clases. El pueblo trabajador debe estar siempre consciente de que es probable que nos encontremos como acusados en los tribunales de los patrones.