El segundo juicio de dos hombres enredados por agentes del FBI en un supuesto complot para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, culminó con su condena el 23 de agosto bajo cargos amañados de conspiración. El supuesto complot nunca estuvo cerca de ser realizado. El gobierno no logró condenar a Adam Fox y Barry Croft, en un primer juicio por los mismos cargos cuando el jurado no pudo llegar a una decisión unánime después de absolver a otros dos acusados.
El gobierno presenta cargos de conspiración en casos en los que quiere condenar a alguien pero no tiene pruebas de que haya hecho algo ilegal.
Los demócratas, los republicanos opuestos a Trump y los medios liberales aplaudieron la condena. No les importa que haya sido un caso fabricado. Meten este caso en el mismo saco con el espectáculo de las audiencias dirigidas por los demócratas en el Congreso sobre la incursión al Capitolio el 6 de enero. Su objetivo es encontrar una manera de impedir que el ex presidente Donald Trump vuelva a postularse en las elecciones y, si es posible, meterlo en la cárcel.
Su blanco real es la clase trabajadora, famosamente descrita por Hillary Clinton como “deplorable”, a quien desprecian y temen cada vez más. Su arma central en el caso de Michigan —como en su campaña de seis años contra Trump y la redada inconstitucional de su residencia en Mar-a-Lago, Florida— es el FBI, la policía política de Washington.
Para el pueblo trabajador, la cuestión en estos casos no son las opiniones políticas de Trump o Fox y Croft. Sino la defensa de los derechos constitucionales fundamentales, derechos por los que el pueblo trabajador ha tenido que luchar y son cruciales para defender nuestros intereses de clase.
Las autoridades de Michigan afirman que Fox y Croft estaban afiliados a una milicia “antigubernamental y antipolicía”, los llamados Wolverine Watchmen.
Sin el conocimiento de Croft, Fox y los demás, decenas de agentes encubiertos del FBI y soplones eran miembros y dirigentes del grupo, y eran los que dirigían la discusión sobre cómo secuestrar a Whitmer, una demócrata, pocas semanas antes de las elecciones presidenciales de 2020.
El segundo al mando del grupo era Daniel Chappel, un informante del FBI, quien instó a Fox a que vigilara una de las casas de Whitmer, fomentó que dispararan un tiro a su ventana y le ofreció a Fox una tarjeta de crédito con 5 mil dólares para obtener lo que necesitaba. Fox rechazó la “oferta”.
Otro espía del FBI ofreció explosivos al grupo.
Los fisgones del gobierno grabaron miles de horas de las discusiones del grupo, pero al jurado solo le presentaron una hora y media de ellas. El abogado de Fox, Christopher Gibbons, calificó esta decisión del juez de restringir el tiempo para escuchar las grabaciones como “limitada y manipuladora”.
Los abogados defensores explicaron que la mayor parte del tiempo los hombres estaban drogados y hablaban sobre planes fantásticos. Nunca ocurrió un secuestro ni se fijó una fecha para este.
A pesar de esto, el juez Robert Jonker instruyó al jurado a no considerar este caso una incitación al delito si creían que los acusados estaban “dispuestos a cometer un delito”. Y que podrían encontrar a Croft y Fox culpables “aun si les hubiera sido imposible completar el crimen”.
Croft y Fox fueron condenados por lo que pensaban y por lo que dijeron bajo las incitaciones de los infiltrados del FBI, no por algo que hayan hecho.
Sin mencionar la condena, el presidente Joseph Biden dijo en un acto de recaudación de fondos del Partido Demócrata el 25 de agosto que la “filosofía” de Trump y sus partidarios era “semifascista”.
Los liberales y la izquierda de clase media usan las acusaciones de “fascismo” para simplemente referirse a algo “malo”. No explican que el fascismo es un movimiento destinado a aplastar a la clase trabajadora cuando los gobernantes capitalistas se convencen de que su sistema está amenazado por una revolución dirigida por la clase trabajadora. No hay un movimiento fascista serio actualmente —“semi” o de otro tipo— en Estados Unidos.
Ataques contra clase trabajadora
El gobierno ha utilizado casos amañados como el de Croft y Fox durante décadas para victimizar a sindicalistas y comunistas.
Dieciocho dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores y del sindicato Teamsters fueron incriminados en 1941 bajo la Ley Smith de control del pensamiento, acusados de conspiración “para abogar por el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos”. Su “crimen” real fue oponerse a la campaña de la administración de Franklin Roosevelt para llevar a Washington a la segunda guerra mundial imperialista.
Entre las víctimas de acusaciones falsas de conspiración por Washington se encuentran Oscar López, un luchador contra el dominio colonial norteamericano en Puerto Rico, y los Cinco Cubanos, revolucionarios encarcelados por el gobierno de Estados Unidos por defender a Cuba de ataques violentos de grupos derechistas que operan desde Florida.
El gobierno despliega a su policía política usando tácticas solapadas contra los que considera un obstáculo. Esto fue subrayado por la publicación de la declaración jurada utilizada para obtener la orden judicial para la redada de la residencia de Trump. El contenido principal del documento con las justificaciones del fiscal general Merrick Garland para el allanamiento está casi completamente tachado.
Esto permite que los reporteros de medios liberales digan que ellos tienen la verdadera historia, la cual obtuvieron de “personas enteradas” anónimas. Horas después de la publicación de la declaración jurada, los directores del Washington Post alegaron que los documentos que Trump tenía contenían material “de la vigilancia a espías extranjeros”.
La orden utilizada en la redada cita delitos probables en virtud de la Ley de Espionaje de 1917. La ley suprime los derechos constitucionales y fue utilizada contra oponentes de la entrada de Washington en la Primera Guerra Mundial y contra partidarios de la Revolución Rusa dirigida por los bolcheviques.
Nada de lo que se le acusa a Trump se acerca a lo que hizo la ex secretaria de estado Hillary Clinton durante su candidatura presidencial en 2016. Ella creó un servidor de correo electrónico privado para manejar un montón de material clasificado del que se apropió, pero su casa nunca fue allanada.
Cuando el FBI descubrió la situación, Clinton y su equipo destruyeron decenas de miles de correos electrónicos, así como teléfonos y otros dispositivos que contenían comunicaciones del gobierno, muchos clasificados. No se iniciaron investigaciones del FBI.
No importa contra quién actúe el FBI, ya sea un político capitalista como Trump o personas como Croft y Fox, esos ataques sientan un precedente que será usado contra los trabajadores y nuestros sindicatos. El capitalismo es un sistema social basado en la explotación de los trabajadores y agricultores por parte de un puñado de familias capitalistas. El FBI, la policía política de los gobernantes, con sus espías, informantes, provocadores y aliados complacientes en los tribunales, es de vital importancia para los ellos.
Los trabajadores deben condenar los ataques del FBI a los derechos constitucionales, independientemente a quién estén dirigidos.