Desde la filtración el 2 de mayo del borrador de una opinión de la Corte Suprema que declaraba inconstitucional el fallo del caso Roe v. Wade, han ocurrido por lo menos 70 ataques violentos contra centros de ayuda para embarazadas y oficinas de grupos que se oponen a la despenalización del aborto.
Los centros de ayuda aconsejan contra el aborto y brindan atención médica y artículos para bebés a las mujeres embarazadas. Vándalos enmascarados han incendiado, roto ventanas y cubierto edificios con mensajes como “clínica falsa” y “mentirosos”.
Estos ataques son un grave peligro a las libertades constitucionales y deben ser rechazados rotundamente.
El 8 de mayo, la oficina de Wisconsin Family Action, un grupo antiaborto en Madison, fue incendiada. Sus ventanas y muebles fueron destruidos. No había nadie allí en ese momento. En las paredes del edificio pintaron la amenaza, “Si los abortos no están seguros, ustedes tampoco lo estarán”.
El 7 de junio, vándalos arrojaron cócteles molotov a través de una ventana de la oficina de CompassCare en Buffalo, Nueva York. Los atacantes pintaron un grafiti: “Jane estuvo aquí”, refiriéndose al grupo Venganza de Jane, que se ha atribuido ataques similares en todo el país y ha amenazado con realizar más de ellos.
En junio, la Iglesia y Escuela Católica de Todos los Santos de la ciudad fue pintarrajeada con una amenaza similar. Según el Instituto de Libertad Religiosa, 32 iglesias católicas han sido atacadas desde mayo.
Hasta el momento, no ha habido un solo arresto y los ataques apenas se han mencionado en los principales periódicos.
“Necesitamos cerrarlos en todo el país”, dijo la senadora Elizabeth Warren en julio. Warren dio apoyo indirecto a los ataques al decir: “No deberías poder torturar a una persona embarazada de esa manera”. En julio los demócratas en la Cámara de Representantes bloquearon una resolución que condenaba los ataques violentos contra los centros de embarazo.
Estas acciones de matones izquierdistas y demócratas atentan contra las libertades que los trabajadores necesitan para luchar contra los ataques de los patrones a los empleos, salarios y condiciones que dificultan que los trabajadores mantengan a sus familias o formar una.
El derecho a la libertad de expresión y asamblea son esenciales para avanzar el debate sobre el acceso a la planificación familiar, incluyendo los métodos anticonceptivos y el aborto seguro. La decisión de la Corte Suprema en junio en el caso Dobbs abrió la puerta para el debate sobre el tema. El fallo puso las decisiones sobre el aborto en manos del pueblo y los gobiernos estatales y no en jueces que no son elegidos.
“No se trata solo de proteger los derechos de las organizaciones pro-vida, sino de defender los estándares básicos del debido proceso”, dijo a la prensa Nadine Strossen, ex directora de la organización de derechos civiles ACLU y una firme defensora del derecho al aborto, en referencia a los recientes ataques.
La violencia contra los proveedores de servicios de aborto durante décadas, incluidos el asesinato de al menos 11 médicos, recepcionistas y otros voluntarios, confirma lo que ella declaró.
“Los que apoyamos el derecho al aborto tenemos un interés especialmente grande en el imperio del derecho”, dijo Strossen. “Lo que está en juego es un principio general de protección que beneficie a todos, o la alternativa es que no brinde seguridad a nadie”.