A la mitad del mandato del presidente Joseph Biden, sus agentes de la Patrulla Fronteriza han arrestado una cifra récord de 2.2 millones de inmigrantes en 2022 en la frontera con México. Casi la mitad fueron deportados bajo el Título 42, una ley de 1944 que fue invocada en marzo de 2020 por el entonces director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, con la aprobación del presidente Donald Trump.
El objetivo no es expulsar a todos los inmigrantes, sino controlar su flujo para satisfacer las demandas de mano de obra barata de los patrones y reforzar el estatus de paria de los trabajadores indocumentados en Estados Unidos.
Las políticas de inmigración de los gobernantes capitalistas, impulsadas por su afán por ganancias, son una amenaza mortal para la clase trabajadora. Para fortalecer nuestros sindicatos es esencial que tracemos un curso para superar las divisiones que los patrones fomentan entre los trabajadores inmigrantes y los nacidos en Estados Unidos.
La invocación del Título 42, en nombre de prevenir la propagación de COVID-19, suspendió las leyes que permiten que los solicitantes de asilo permanezcan en el país mientras se revisan sus solicitudes. Otorgó a los agentes de la Patrulla Fronteriza autoridad a devolverlos a México de inmediato. Biden ha continuado esta política.
Unas 8 mil personas fueron arrestadas diariamente el mes pasado mientras cruzaban la frontera. Decenas de miles más, muchos de Nicaragua y Haití, permanecen en condiciones precarias en México esperando cruzar. Tenían la esperanza de que el Título 42 iba a ser revocado, lo que facilitaría entrar y permanecer en el país.
De hecho, en abril la administración de Biden iba a poner fin al Título 42 y reemplazarlo con otras medidas para limitar la inmigración, incluyendo la ampliación de instalaciones en la frontera para encarcelar a 18 mil inmigrantes. Pero estos pasos fueron desafiados en la corte y el Título 42 sigue en vigencia.
La ausencia de un movimiento laboral combativo que pueda unir y organizar a los trabajadores y agricultores para combatir el desempleo, los altos precios y la represión gubernamental, y de luchas revolucionarias en los países de donde provienen estos trabajadores, contribuye a que un número creciente espera poder encontrar trabajo en Estados Unidos y hacer una vida mejor para ellos y sus familias.
La cantidad de inmigrantes venezolanos y haitianos que están cruzando la frontera sur ha disminuido desde que Washington adoptó programas que permiten que más personas de esos países soliciten la entrada legal. Pero esto no ha hecho nada para reducir el aumento general de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos, incluidos los de México, ni el uso del Título 42 para expulsarlos.
En noviembre el juez federal Emmet Sullivan dictaminó que el Título 42 debería anularse por ser “arbitrario y caprichoso”, pero la administración de Biden apeló. El 27 de diciembre la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente el fallo de Sullivan.
Golpe a libertades constitucionales
Los demócratas pasaron años denunciando a Trump por sus políticas de inmigración, acusándolas de encerrar a niños en jaulas. Biden se presenta como más humano y como un oponente del Título 42. Pero, debido a la decisión de la Corte Suprema, dijo, “tenemos que hacerla cumplir”, aunque el tribunal en realidad no le ordenó hacerlo. Los magistrados revisarán de nuevo el Título 42 en un par de meses. Y si le ponen fin, la administración de Biden dice que aumentará el uso de la “deportación acelerada”, que permite la deportación de inmigrantes sin acceso a un abogado o a una audiencia en la corte.
El fallo de la Corte Suprema, como el de Sullivan que anuló el Título 42, son un ejemplo de como jueces que no fueron electos actúan como legisladores. La presión sobre los tribunales para actuar de esta manera aumentará, especialmente por los demócratas, ya que ni el Partido Demócrata ni el Republicano, los dos partidos principales de los gobernantes capitalistas, pueden obtener suficientes votos para que sus políticas sean adoptadas en un Congreso dividido.
Pero cada vez que un tribunal usurpa la autoridad del Congreso, esto asesta un golpe a la división de poderes entre las tres ramas del gobierno —legislativa, ejecutiva y judicial— establecida por la Constitución. Establece un precedente que los gobernantes pueden usar y usarán para debilitar el alcance político del pueblo trabajador.
El juez Neil Gorsuch, quien fue nombrado por Trump, votó con los tres jueces liberales en contra del fallo. En una opinión disidente, señaló que los 19 gobiernos estatales que presentaron la demanda para que se continuara usando el Título 42, argumentan que “los legisladores no han logrado ponerse de acuerdo sobre las medidas adecuadas para abordar” la crisis en la frontera.
Pero “los tribunales no deberían dedicarse a perpetuar edictos administrativos diseñados para una emergencia”, la pandemia, “porque los funcionarios electos no han resuelto como abordar una emergencia diferente”, dice. “Somos un tribunal de justicia, no hacedores de políticas de último recurso”.
Curso para unir a trabajadores
La creciente crisis del capitalismo en todo el mundo y la ausencia de liderazgos revolucionarios que presenten un camino a seguir para el pueblo trabajador en el mundo semicolonial significa que muchos trabajadores buscarán formas de ingresar a Estados Unidos para escapar de la miseria económica y la represión estatal. De hecho, estos trabajadores enfrentan desafíos similares a los que enfrenta el pueblo trabajador en Estados Unidos: la necesidad de organizarse independientemente de los patrones y luchar para defender nuestros intereses de clase.
Los liberales y los radicales de clase media ofrecen una serie de panaceas para resolver esta crisis, incluido un llamado a abrir las fronteras de Estados Unidos, abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas u otras reformas al control de la inmigración de los gobernantes estadounidenses. Ninguno ofrece un camino para avanzar.
Bajo el capitalismo, los trabajadores compiten por trabajos. Abrir las fronteras intensificaría enormemente esa competencia, alimentando el desempleo y extendiendo la miseria entre los trabajadores, inmigrantes y nativos por igual.
“Luchar por la solidaridad obrera requiere exigir una amnistía para todos los trabajadores indocumentados en Estados Unidos hoy”, dijo al Militante Ilona Gersh, candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para alcalde de Chicago. “Las batallas huelguísticas por mejores salarios y condiciones laborales tienden a unir a los trabajadores frente a los intentos de los patrones de dividirnos”, dijo Gersh. “La batalla por ganar al movimiento obrero a que defienda los derechos de los inmigrantes es inseparable de la lucha para construir, extender y fortalecer nuestros sindicatos”.