Aprovechando un alto porcentaje de aprobación por su “guerra contra las pandillas”, el presidente Nayib Bukele de El Salvador está preparando el camino para su reelección en 2024 a pesar de la prohibición constitucional para un segundo mandato. El 10 de mayo, Bukele afirmó que su gobierno había acumulado 365 días sin homicidios desde que asumió el cargo en 2019. Lo contrastó con el 2015 cuando hubo más de 6,600 homicidios en El Salvador.
Durante años, la vida de los trabajadores en El Salvador se ha visto desgarrada por la violencia criminal, y no ven otra opción fuera de elegir entre ese caos y el “mal menor” de la represión del gobierno de Bukele, acompañada con la suspensión de los derechos constitucionales y las libertades civiles.
En marzo de 2022, la administración de Bukele declaró un “estado de emergencia” y restringió la libertad de asamblea, y los derechos y protecciones de los acusados. También suspendió la prohibición de que los policías espíen, sin orden judicial, las llamadas telefónicas y el correo de cualquier persona que las autoridades consideren sospechosa. Presentadas como medidas temporales, el gobierno las ha prorrogado 14 veces y promete continuarlas “hasta que todos los pandilleros estén en prisión”.
Más de 68 mil personas han sido detenidas. Miles de soldados y policías fuertemente armados han cercado y revisado barrios obreros arrestando a “sospechosos”. Sin embargo, junto con los pandilleros, miles de personas han sido detenidas arbitrariamente y encarceladas durante meses en espera de juicio.
“Es una injusticia”, dijo Lilian Laínez a CNN el 11 de mayo, quien junto a decenas de otras personas exigieron frente a una cárcel local la libertad de sus familiares presos. “Se los están llevando sin decir una palabra”.
Otras personas entrevistadas por la prensa dijeron que familiares que han sido condenados por delitos anteriores y han cumplido su condena también están siendo detenidos. Algunos dijeron que han tenido que pagar sobornos de mil dólares o más solo para visitarlos.
El Ministerio de Justicia anunció que ha puesto en libertad a unas 5 mil personas, más del 7% de las arrestadas, admitiendo que no tenían afiliación a pandillas.
El ascenso de Bukele
Bukele ha explotado una ola de descontento con los dos partidos tradicionales: la conservadora Alianza Nacional Republicana (ARENA) y el ex revolucionario Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Los dos se han alternado en el poder desde 1992, al final de la guerra civil en el país que duró 12 años.
El gobierno de Bukele es producto de la profundización de la crisis, ya que los gobernantes capitalistas se han mostrado incapaces de aliviar el azote del desempleo, la inflación y la delincuencia. Bukele se presenta como un político no tradicional, opuesto a los políticos corruptos “que actúan como los mismos de siempre” a quienes culpa por las penosas condiciones de vida de los trabajadores.
“El dinero alcanza cuando nadie roba”, es una de las frases demagógicas favoritas de Bukele. Pero esta oculta el hecho de que los mayores ladrones de la riqueza producida por el pueblo trabajador son los gobernantes capitalistas, y que él no tiene ninguna intención de interferir con su sistema de explotación y opresión.
Bukele es un empresario. Surgido de las filas del FMLN, fue elegido alcalde de un pequeño pueblo en 2012 y luego de San Salvador, la capital, en 2015. Expulsado del FMLN en 2017, se convirtió en candidato presidencial de la Gran Alianza Nacional (GANA), un partido capitalista conservador también ampliamente desacreditado.
Al igual que otros políticos capitalistas en gobiernos actuales en América Latina, Bukele ha atacado a la prensa y a organizaciones no gubernamentales que critican su administración, y ha concentrado el poder en el ejecutivo. Tras las elecciones legislativas del año pasado en las que su nuevo partido, Nuevas Ideas, obtuvo una mayoría de dos tercios en el Congreso, su administración reemplazó a cinco jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Esto es motivo de preocupación en los círculos gobernantes que prefieren mantener una apariencia de democracia burguesa y estabilidad.
El objetivo son los trabajadores
El verdadero blanco de la guerra contra la delincuencia de Bukele y de las “soluciones alternativas” que proponen sus opositores, es el pueblo trabajador, aunque para muchos parezcan estar reduciendo el devastador nivel de violencia.
Sindicalistas, activistas medioambientales y defensores de los derechos democráticos han denunciado las recientes detenciones de trabajadores durante protestas. En enero, la policía disolvió una protesta de trabajadores municipales en Soyapango. Exigían el pago de salarios y beneficios atrasados así como herramientas, calzado y uniformes adecuados.
“¡Déjenlos ir!” gritaban otros manifestantes y transeúntes en un video. Se oye a uno gritar: “¿Estas son las ‘nuevas ideas’?”
La clase dominante utiliza a la policía y las fuerzas armadas para mantener a raya a los trabajadores y suprimir la resistencia de la clase trabajadora a medida que se intensifica la lucha de clases. Esto es algo fresco en la mente de generaciones en El Salvador.
A fines de los años 70 y principios de los 80, hubo un auge en las huelgas de trabajadores, ocupaciones de fábricas y luchas de campesinos sin tierra y poblaciones rurales pobres, junto con las ocupaciones de universidades y escuelas. Las fuerzas detrás del FMLN de aquel entonces participaron y ayudaron a impulsar estas luchas. Cuando las luchas adquirieron un carácter más político y revolucionario, y comenzaron a amenazar el dominio capitalista, se encontraron con una represión brutal por parte del gobierno, respaldado por Washington.
Hoy no hay luchas de esa magnitud, y el FMLN no es más que otro partido electoral capitalista. Pero sin duda surgirán nuevas batallas de clase a medida que se profundice la crisis económica y social del capitalismo.