Decenas de miles de personas marcharon en Perú el 19 de julio, cuatro meses después de que una ola de protestas arrojó al país en una crisis tras la destitución y arresto del presidente del país, Pedro Castillo. Los manifestantes exigieron la renuncia de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia después de que Castillo fuera depuesto por el congreso, nuevas elecciones, justicia para los más de 70 manifestantes muertos por la policía y el ejército, y el establecimiento de una asamblea constituyente.
La ronda de protestas, llamada la “Tercera Toma de Lima”, fue en gran parte pacífica e incluyó bloqueos de carreteras en las regiones sureñas de Arequipa y Cusco a lo largo del importante corredor minero.
Si bien la mayoría de los manifestantes se unieron para exigir la renuncia de Boluarte y la celebración de nuevas elecciones —lo que el congreso ha rechazado cinco veces desde diciembre— están divididos en cuanto a exigir la restitución de Castillo en el cargo. Muchos dicen que Castillo, un maestro de escuela, dirigente sindical y campesino, fue destituido por ser considerado “un hombre del pueblo”.
“Exigimos que se respete nuestro voto, de lo contrario no tiene valor”, dijo por teléfono al Militante Sonia Quispe, una maestra en Cusco. Otros se han desilusionado por su desempeño como presidente.
Las acciones del 19 de julio fueron convocadas por el Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL), un bloque de diversas organizaciones sociales y agrupaciones políticas, y por la Confederación General de Trabajadores del Perú, la principal central sindical del país.
Los gobernantes capitalistas no han podido formar un gobierno estable, con seis presidentes en los últimos cinco años. Esta volatilidad política ha sido atizada por la ira entre el pueblo trabajador por las condiciones impuestas por el gobierno y los intereses imperialistas, a la vez que el crecimiento económico se ha expandido en el país, el mayor productor de cobre en el mundo.
En Cusco, unos 3 mil pequeños comerciantes, maestros, obreros de la construcción y otros marcharon alrededor de la plaza principal, dijo Mary Luz Bastidas en una entrevista telefónica. Desafortunadamente, los trabajadores de la industria turística, un gran sector de la fuerza laboral en Cusco, no se sumaron a la protesta, dijo.
Antes de las protestas, el gobierno movilizó a 24 mil policías y militares, incluso a lo largo de las principales carreteras del país. Pretendían obstruir el paso de los manifestantes que se dirigían a Lima, la capital. El primer ministro, Alberto Otárola, impuso un estado de emergencia, que suspende ciertos derechos, incluida la libertad de movimiento.
El estado de emergencia se aplicó en las regiones sureñas de Apurímac, Cusco y Arequipa, donde se encuentran algunas de las minas más grandes del país, incluida Las Bambas, una de las minas de cobre más productivas del mundo, propiedad de la empresa china MMG Ltd. y Metal CITIC.
Lucio Castro, dirigente del sindicato de maestros de Perú SUTEP, dijo a La República que exigen que el 6% del producto interno bruto se destine a la educación. “La educación en el país está en total abandono y eso hay que revertirlo”, dijo.
Una gran parte de la fuerza laboral de Perú está empleada por contratistas o trabaja en la economía “informal”. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, más de 12 millones de trabajadores son parte de la economía informal, en su mayoría mujeres. Esto es en un país de 34 millones de personas. “La cuestión de la tierra no ha sido resuelta en el Perú”, dijo al Militante Edgar Carrasco, un vendedor ambulante, durante una velada realizada en Lima el 7 de julio en memoria de Hugo Blanco, un organizador revolucionario del campesinado en los años 50 y 60 que falleció el 25 de junio. “La producción de alimentos pasó de estar controlada por los terratenientes a los conglomerados agroexportadores”.
Muchas de las movilizaciones de grupos indígenas y campesinos en la última década han sido contra el impacto de las operaciones mineras capitalistas a gran escala, que generan relativamente pocos empleos para la población local. Estas operaciones han provocado la destrucción de tierras agrícolas y recursos hídricos, y han forzado la reubicación de miles.
Félix Suasaca, representante de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, dijo que unos 10 millones de peruanos, el 31% de la población, están expuestos a metales pesados en el agua que beben, principalmente debido a la industria minera.
Róger Calero contribuyó a este artículo.