La defensa del derecho constitucional a la libertad de expresión está al centro de la lucha contra el último ataque a los derechos políticos por parte del Departamento de Justicia del presidente Joseph Biden. En su intento de excluir al principal rival de Biden de las elecciones presidenciales de 2024 y para encarcelarlo, la segunda acusación del fiscal especial Jack Smith contra el ex presidente Donald Trump socavaría la Primera Enmienda a la Constitución.
La Declaración de Derechos, las enmiendas incorporadas después de la Guerra Civil durante la Reconstrucción y otras protecciones constitucionales son cruciales para el pueblo trabajador. Fueron las luchas militantes de los artesanos y agricultores las que ganaron la libertad de expresión y asamblea, el debido proceso y otros derechos. Los trabajadores los necesitamos para defendernos, para forjar sindicatos y participar en actividades políticas a favor de nuestros intereses de clase.
Bajo el capitalismo, toda supresión de los derechos políticos, independientemente de quién sea atacado, “recae sobre la clase trabajadora, particularmente sobre sus elementos más avanzados. Esa es una ley de la historia”, dijo en 1939 León Trotsky, dirigente de la revolución bolchevique en Rusia en 1917.
La acusación de Smith se basa en cargos de conspiración ya que los fiscales de Biden y el FBI no tienen pruebas de que Trump haya infringido la ley. Se basa en lo que el ex presidente dijo sobre el robo de las elecciones en 2020. Las opiniones de Trump están protegidas por la Constitución, aunque supiera que lo que dijo es falso.
Los políticos demócratas y republicanos mienten todo el tiempo para justificar la explotación y opresión que es parte integra del sistema capitalista y para denigrar las capacidades y el valor del pueblo trabajador. Sus mentiras quedan expuestas en el curso de las luchas obreras. La forma de fortalecer la unidad e independencia política de la clase trabajadora es respondiendo a sus mentiras, no silenciando los opositores.
Los cargos intentan justificar la criminalización del discurso político utilizando una ley contra la corrupción comercial, la Ley Sarbanes-Oxley, en maneras para las que no fue concebida. La ley se aprobó para evitar que empresas “impidan un procedimiento oficial”, después de que Arthur Andersen, el auditor de la empresa energética Enron, destruyera documentos potencialmente incriminatorios en 2002.
La aplicación de esta ley al discurso político puede ser una daga para perseguir al principal enemigo de los gobernantes capitalistas, la clase trabajadora. Los patrones podrían procesar legalmente a sindicalistas por lo que digan durante una huelga acusándolos de que están mintiendo. Los candidatos del Partido Socialista de los Trabajadores podrían ser atacados por decir la verdad sobre la explotación y opresión capitalista.
La jueza Tanya Chutkan asignada a presidir sobre el juicio de Trump fue designado por Barack Obama. Es infame por haber dictado sentencias más severas de las solicitadas por los fiscales contra los acusados en el tumulto del 6 de enero de 2021.
Chutkan dice que anunciará la fecha del juicio de Trump el 28 de agosto. Los fiscales exigen que el juicio comience dentro de tres meses, mientras que los abogados defensores dicen que se necesitarán años para revisar las pruebas y preparar el material exculpatorio. La Constitución protege los derechos de los acusados a obtener la defensa legal requerida.
La verdadera razón de la prisa de los fiscales son las elecciones de 2024. “Los caminos normales para vencer a Trump se están cerrando”, fue el titular de un artículo del New York Times el 5 de agosto de Ross Douthat. Algunos de los múltiples casos legales inventados contra Trump son claramente una “maquinación partidista”, admite Douthat, pero el convertir a Trump en un criminal “funcionará para los demócratas”.
Encima de las acusaciones Smith ha solicitado una orden judicial que le prohíba al ex presidente discutir las pruebas que el gobierno planea usar en su contra o criticar a los fiscales. Esta es una flagrante violación a su derecho bajo la Sexta Enmienda a un juicio público y de su derecho a hacer campaña libremente como candidato.
Mientras tanto, Biden, los demócratas en el Congreso, los republicanos Nunca-Trump y la izquierda de clase media quedan libres para decir lo que quieran sobre Trump.
“Históricamente, los liberales estaban más inclinados a apoyar la libertad de expresión que los conservadores”, escribió el columnista del New York Times Thomas B. Edsall el 2 de agosto. Eso ya no es cierto, dice Edsall, citando a la liberal Catharine MacKinnon. Ella argumenta que la Primera Enmienda fue una vez un arma para “los socialistas y los pacifistas, los excluidos y los desechados”, pero “durante los últimos cien años se ha convertido principalmente en un arma de los poderosos”.
Cualquier mirada a los últimos 100 años de lucha de clases te diría que eso es mentira. El uso de la libertad de expresión y de asamblea marcó las luchas contra el ingreso de los gobernantes capitalistas norteamericanos a la Primera y Segunda Guerra Mundial, y las valientes batallas obreras que construyeron los sindicatos industriales en los años 30 y desarraigaron la segregación racial Jim Crow y terror en los años 50 y 60. Estos derechos fueron necesarios para resistir las cacerías de brujas realizadas tanto por las administraciones demócratas como republicanas.
A lo largo del siglo pasado la clase trabajadora y sus dirigentes con mayor conciencia de clase han tenido que combatir constantemente la erosión de las libertades constitucionales por parte del gobierno y su policía política, el FBI. Bajo el presidente demócrata Franklin D. Roosevelt, los dirigentes del sindicato Teamsters y del Partido Socialista de los Trabajadores fueron acusados falsamente y encarcelados por sus perspectivas de lucha de clases.
MacKinnon se queja de que actualmente la libertad de expresión “se ha convertido en una espada para autoritarios, racistas y misóginos, nazis y miembros del Klan, pornógrafos y corporaciones que compran elecciones en la oscuridad”.
Edsall dice que los liberales se han vuelto en contra de la Primera Enmienda por su preocupación “por el daño potencial que la libertad de expresión podría infligir a los grupos marginados”. Dio como ejemplo el esfuerzo de los liberales para criminalizar el “discurso de odio”.
La jueza liberal de la Corte Suprema, Elena Kagan, se une a la creciente protesta contra la Primera Enmienda y se queja de que se ha convertido en un “arma”.
Los liberales atacan Corte Suprema
Parte del asalto de los liberales a la Constitución es su intento de eliminar la separación de poderes y usar el Congreso para socavar la autoridad de la Corte Suprema. Tienen un odio político hacia la mayoría del tribunal.
El mes pasado, el Comité Judicial del Senado aprobó la llamada Ley de Ética, Recusación y Transparencia de la Corte Suprema. Le daría al Congreso vía libre para indagar y castigar la conducta de los jueces y obligarlos a recusarse de los casos. “Estamos apenas al principio”, dijo el senador demócrata Sheldon Whitehouse.
El columnista del New York Times, Jamelle Bouie, se queja de que los demócratas no tienen los votos para realizar este ataque contra la Constitución. Pero, “el primer paso necesario” es “socavar la legitimidad de la corte”.
Por otro lado, el juez Samuel Alito señaló lo obvio: “El Congreso no creó al tribunal”, dijo al Wall Street Journal. “Ninguna disposición de la Constitución le otorga la autoridad para regular a la Corte Suprema”.
La defensa de las libertades constitucionales seguirá al centro de la política norteamericana durante la campaña presidencial de 2024. La defensa de la libertad de expresión implica exigir que se retiren los cargos de Smith contra Trump.