La campaña de los demócratas para expulsar a Donald Trump de la política que ya lleva siete años y para impedirle que se postule para presidente en 2024 se vuelve más frenética a medida que se acercan las elecciones primarias.
El Departamento de Justicia del presidente Joseph Biden y fiscales demócratas en Georgia y Nueva York están impulsando casos penales contra Trump en cuatro tribunales como parte de este esfuerzo. Los juicios están programados a empezar antes o durante las primarias de 2024.
Muchos de estas acusaciones se basan en cargos que han sido más comúnmente utilizados en casos amañados contra sindicalistas y opositores de las guerras imperialistas de Washington: las leyes RICO, cargos de conspiración, leyes de “terrorismo doméstico” y otros estatutos para el control del pensamiento.
Hay mucho en juego para el pueblo trabajador y nuestros sindicatos. Libertades constitucionales fundamentales, incluido el derecho a la libertad de expresión, están bajo ataque. Trump, el principal candidato de uno de los dos principales partidos de los gobernantes capitalistas, enfrenta actualmente 91 cargos por delitos graves. Si pueden incriminar a uno de ellos, los gobernantes estarán más que dispuestos a utilizar esos métodos contra el pueblo trabajador, como lo han hecho repetidamente en el pasado.
Temerosos de que los cargos sean desestimados o que Trump sea absuelto, los liberales y algunos republicanos ‘Nunca-Trump’ están entablando demandas para que las autoridades estatales prohíban la candidatura de Trump. Han puesto sus esperanzas en la sección 3 de la Decimocuarta Enmienda, adoptada después de la Guerra Civil. Tenía por objeto el inhabilitar a excombatientes de la Confederación para ocupar cargos públicos por su participación en una “insurrección o rebelión” o por haber “brindado asistencia o apoyo a los enemigos” de Estados Unidos.
Hasta ahora se han presentado demandas en Colorado, Minnesota, New Hampshire y Wisconsin para que las autoridades estatales descalifiquen unilateralmente a Trump como candidato.
Atacando los derechos políticos
El representante Adam Schiff le dijo a MSNBC el 3 de septiembre que la cláusula de descalificación “no requiere que haya sido condenado por insurrección”. Pero esto va en contra de las protecciones constitucionales al declararlo culpable y castigarlo sin poder defenderse ante un tribunal.
Los políticos de Colorado que exigen que el nombre de Trump sea eliminado de la boleta electoral afirman que él orquestó una turba de “neoconfederados y neonazis” para “asaltar violentamente y tomar el Capitolio, una hazaña que ni siquiera la Confederación logró durante la Guerra Civil”.
El tumulto del 6 de enero de 2021 no fue nada parecido a una insurrección, y mucho menos a la Guerra Civil. Hoy en día no hay “neoconfederados” que busquen reiniciar la Guerra Civil y reimponer la esclavitud.
La última vez que el Congreso utilizó la sección 3 de la Decimocuarta Enmienda para anular el resultado de una elección fue en 1918 para destituir al candidato del Partido Socialista de Wisconsin, Victor Berger. Berger se postuló y fue elegido miembro de la Cámara de Representantes mientras estaba acusado de violar la Ley de Espionaje. Esta ley fue aprobada para silenciar a los opositores del ingreso de Washington a la primera guerra mundial imperialista.
Berger fue condenado a 20 años de prisión. Mientras apelaba la condena, fue a Washington para ocupar su puesto. Unidos en su defensa de la Ley de Espionaje y la supresión general de la libertad de expresión, los demócratas y los republicanos votaron 309 a 1 en contra de su nombramiento.
Muchas de las leyes más peligrosas y despreciables que atacan las libertades constitucionales básicas fueron aprobadas por los gobernantes capitalistas y sus dos partidos a la sombra de la guerra y la Revolución Bolchevique en Rusia, incluyendo el caso amañado y el encarcelamiento en 1918 del candidato presidencial del Partido Socialista, Eugene V. Debs, bajo la Ley de Espionaje.
El fiscal general A. Mitchell Palmer, parte de la administración Demócrata del presidente Woodrow Wilson, organizó redadas para arrestar a comunistas y sindicalistas en 33 ciudades en 1919 y 1920, lo que llevó al encarcelamiento y despido de miles de personas y a la deportación de muchos trabajadores nacidos en el extranjero. Estos golpes a los derechos políticos tenían como objetivo infundir miedo y frenar la combatividad en el movimiento sindical y el creciente interés entre el pueblo trabajador en el ejemplo inspirador de la revolución socialista en Rusia.
No importa a quién se persiga hoy, estas leyes se usarán contra los trabajadores mañana.
“Se debe salvaguardar toda protección constitucional que permita a los trabajadores debatir que camino a seguir y organizarnos para defendernos de los ataques de los patrones y su gobierno”, dijo al Militante Rachele Fruit, candidata del Partido Socialista de los Trabajadores al Senado de Estados Unidos por Florida.
“Para proteger nuestros derechos, decimos: ¡Retiren los cargos contra Trump! ¡Defender las libertades constitucionales!”