Se están realizando asaltos frontales a la libertad de expresión a través de una avalancha de casos judiciales promovidos por el Departamento de Justicia de Joseph Biden que buscan encarcelar a Donald Trump y aplastar su candidatura presidencial para 2024.
Las órdenes de mordaza contra el expresidente socavan su defensa legal, amordazan lo que puede decir durante su campaña y sientan las bases para que jueces que pueden ser influenciados fácilmente lo encarcelen, privando del derecho al voto a las decenas de millones de personas que quieren votar por él. Cuando se pisotean los derechos de un político capitalista como Trump, es inevitable que se haga lo mismo y peor con la clase trabajadora.
El juez del Tribunal Supremo de Nueva York, Arthur Engoron, ya ha multado a Trump en dos ocasiones durante el juicio contra el expresidente, acusado de sobrevalorar el valor de sus propiedades. La demócrata, fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, está utilizando el caso para intentar arruinar a Trump e impedirle operar cualquier negocio en el estado.
Violando el derecho constitucional a enfrentar a sus acusadores en un juicio, Engoron declaró a Trump culpable en un fallo sumario antes de que empezara el juicio. La multa más grande se le impuso después de que Trump dijera que Engoron, que es un demócrata, “es un juez muy partidista, con una persona que es muy partidista sentada a su lado”. Engoron dice que esos comentarios fueron una amenaza hacia su secretario judicial. De hecho, cuando Trump fue llamado al estrado para explicar sus comentarios, dijo que se refería a Michael Cohen, que estaba en el estrado de los testigos. Cohen, el antiguo abogado de Trump, es ahora un destacado y “muy partisano” testigo contra él.
La esencia de la estrategia de reelección de Biden es clamar contra Trump y sus partidarios “semifascistas”. Jack Smith es el fiscal especial al que el Departamento de Justicia ha encargado acabar con Trump. A instancias de Smith, la jueza del Distrito de Columbia Tanya Chutkan volvió a imponer la orden mordaza que impuso a Trump durante su juicio por presunta injerencia en las elecciones.
“Trump es un acusado de un crimen”, dijo Chutkan. “Las libertades de la Primera Enmienda no le permiten lanzar una campaña de desprestigio contra el personal gubernamental participante previa al juicio”. Antes incluso de que se haya iniciado el juicio, la orden de silencio del juez y la acusación de “campaña de desprestigio” están diseñadas para socavar el derecho de Trump a un juicio justo.
Incluso la Unión Americana de Libertades Civiles, un grupo acérrimo anti-Trump, consideró que esta orden de silencio era demasiado. Presentaron a la corte un documento de amigo del tribunal instando a que se anulara la orden. Dice: “Trump conserva el derecho a hablar que le otorga la Primera Enmienda, y el resto de nosotros conservamos el derecho a escuchar lo que tiene que decir.”
“Si permitimos que se coarte su derecho a la libertad de expresión”, añade, “sabemos que otras voces impopulares, incluso aquellas con las que estamos de acuerdo, también serán silenciadas”.
También dice que la Constitución protege “el derecho de un acusado a un juicio justo bajo la Sexta Enmienda, un derecho que el gobierno no tiene”.
Leyes mordaza contra comunistas
Los intentos de los partidos Demócrata y Republicano de silenciar a opositores políticos no son nada nuevo. En 1940 en vísperas de la entrada de Washington a la segunda guerra imperialista mundial, el Congreso aprobó la Ley Smith “Mordaza”, según la cual la promoción del derrocamiento revolucionario del gobierno es un delito federal.
El primer uso de la ley por parte de la administración del presidente Franklin Roosevelt fue encarcelar a 18 dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores y del sindicato Teamsters en el Medio Oeste. El PST tuvo la audacia de explicar que el único medio para acabar con la guerra imperialista era sustituir el dominio capitalista con el poder obrero.
En 1949, 11 dirigentes del Partido Comunista fueron condenados usando la Ley Smith. El PST se opuso a la condena y exigió que ley fuera abolida.
Para 1957 unos 140 comunistas y sindicalistas habían sido detenidos en virtud de la Ley Smith. Aunque la ley no se ha utilizado desde 1961, aun sigue vigente, lista para ser utilizada para atacar los derechos de las nuevas generaciones de luchadores de la clase obrera.
Oponerse inequívocamente a los ataques de la administración Biden contra la libertad de expresión y otros derechos es crucial para salvaguardar las protecciones que los trabajadores necesitamos cada vez que nuestros sindicatos salen en huelga, u organizamos oposición a las guerras de los gobernantes capitalistas, o damos pasos hacia una ruptura con sus dos partidos, los demócratas y los republicanos, y luchamos para que los trabajadores tomemos el poder político en nuestras propias manos.