En unas elecciones muy polarizadas en Venezuela el 28 de julio el actual presidente, Nicolás Maduro, fue declarado el ganador por el jefe del Consejo Nacional Electoral del gobierno. La oposición y su candidato, Edmundo González Urrutia, se negaron a aceptar el fallo, afirmando que ellos habían ganado. Washington aprovechó la oportunidad para impulsar su vieja campaña para imponer en Venezuela un gobierno que le guste a los gobernantes capitalistas de Estados Unidos.
Con la típica arrogancia imperialista, el secretario de estado Antony Blinken anunció el 1 de agosto que “está claro para Estados Unidos” que González había ganado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien junto con los presidentes de Brasil y Colombia ha estado estrechamente involucrado en las negociaciones entre Washington y la oposición y el gobierno venezolano, calificó la declaración de Blinken de “imprudente”. Dijo que “no es legal, no es legítimo emitir un fallo dando ganador o perdedor a un candidato de otro país”.
Esto es precisamente lo que los gobernantes imperialistas de Estados Unidos siempre buscan hacer: imponerse como árbitros de la “democracia” en todo el mundo, para emplear esa imagen para justificar sus intervenciones en el exterior destinadas a defender su dominio económico y militar.
Disputa de resultados
En una reunión en Miami el 4 de agosto, la candidata presidencial del Partido Socialista de los Trabajadores, Rachele Fruit, exigió “Manos de Washington fuera de Venezuela”.
“Los gobernantes de Estados Unidos tienen una larga historia de intervención en los asuntos del pueblo venezolano. No es asunto suyo”.
El gobierno de Maduro y el Consejo Nacional Electoral (CNE) informaron que el presidente ganó con 5.1 millones de votos, frente a 4.4 millones para González. Los líderes de la oposición afirmaron que su candidato recibió 6.2 millones de votos en comparación a los 2.7 millones de Maduro, ganando por un margen de 3.5 millones de votos.
Miles de personas salieron a las calles en la capital, Caracas, y en todo el país la semana posterior a la votación en manifestaciones mayoritariamente pacíficas para pedir al CNE que publique las actas de escrutinio de cada distrito electoral. Los manifestantes dijeron que su decisión es un intento de robar las elecciones. Algunas de las manifestaciones tuvieron lugar en bastiones tradicionales de apoyo de la clase trabajadora al partido gobernante el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido político formado por el predecesor y mentor de Maduro, Hugo Chávez.
Al mismo tiempo, decenas de miles de personas marcharon el 3 de agosto en apoyo de los resultados oficiales, en protesta contra de lo que el gobierno de Maduro dice es una conspiración criminal de extrema derecha para llevar a cabo un golpe de estado.
Los líderes de al menos 15 gobiernos latinoamericanos y representantes de la Unión Europea han cuestionado o no han reconocido los resultados de las elecciones y se han sumado al llamado a que el gobierno de Maduro publique las actas como una forma de salir de la crisis.
EE.UU. desea controlar a Venezuela
Tras los fracasos de previas administraciones de Estados Unidos para derrocar por la fuerza al gobierno liderado por el PSUV, primero bajo Chávez y luego bajo Maduro, la administración de Joseph Biden entabló conversaciones con el gobierno venezolano el año pasado. Buscó establecer parámetros para las elecciones presidenciales, en las que Washington ofreció un eventual levantamiento de las sanciones norteamericanas a las industrias petrolera, bancaria y aurífera del país. La condición fue que el gobierno venezolano tenía que organizar las elecciones bajo líneas aceptables para los gobernantes capitalistas estadounidenses.
Además de las sanciones al gobierno y la economía, Washington también mantiene sanciones a por lo menos 115 funcionarios venezolanos de alto rango que, según afirma, llevaron a cabo “acciones criminales, antidemocráticas o corruptas”.
Las conversaciones del año pasado, celebradas en Qatar y Barbados, resultaron en el levantamiento parcial de algunas sanciones que han estado vigentes desde 2019 y que han paralizado la crucial industria petrolera y gasífera de Venezuela. Washington las reinstauró en abril, acusando al gobierno de Maduro de no celebrar “elecciones libres y justas” cuando se le impidió a la líder de la oposición, María Corina Machado, a postularse a la presidencia.
Un tribunal confirmó un fallo anterior del contralor general de Venezuela que la inhabilitaba para ejercer el cargo durante 15 años después de que ella pidiera una intervención extranjera en Venezuela en una reunión de la Organización de Estados Americanos en 2014. Ella también ha apoyado las sanciones de Washington contra Venezuela y enfrenta cargos de corrupción que involucran activos venezolanos en el extranjero. Durante años ha sido una de las voces más fuertes que convocan a protestas para derrocar al gobierno del PSUV. Fue la portavoz central de la campaña de González.
En su último esfuerzo para derrocar a Maduro, la oposición ha aprovechado el descontento entre las clases media y trabajadora. Impulsados por las crecientes dificultades económicas, más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2014, más de una cuarta parte de la población. En sus discursos de campaña, Machado prometió reactivar la economía y permitir que “nuestros hijos e hijas que han emigrado regresen a casa”. En repetidas ocasiones ha advertido que una victoria de Maduro provocará otro éxodo masivo.
La campaña de la oposición ganó terreno en las zonas rurales, donde el pueblo trabajador se encuentra golpeado por el colapso de los servicios públicos y del sistema de programas sociales implementados por Chávez y Maduro, parte de lo que ellos llaman “el socialismo del siglo XXI”. La crisis económica que enfrenta Venezuela se ha visto exacerbada por las brutales sanciones económicas impuestas por Washington.