Los demócratas están asestando golpes a libertades constitucionales muy vitales con su aluvión de procesos judiciales destinados a impedir que Donald Trump recupere la Casa Blanca en 2024. Junto con eso, están intensificando el uso del FBI —el principal órgano de la policía política de los gobernantes capitalistas— y los tribunales para incriminar a sus oponentes políticos, alegando que son “agentes extranjeros” ilegales.
El 7 de agosto, el FBI allanó la casa de Scott Ritter, un ex inspector de armas de Naciones Unidas y asesor de la campaña de Trump en 2016. En junio le confiscaron su pasaporte en el aeropuerto cuando estaba a punto de abordar un avión para ir a Rusia a dar unas presentaciones.
La orden de allanamiento de la casa de Ritter en Delmar, Nueva York, fue otorgada por un tribunal federal de distrito. La orden permitía que el FBI decomisara sus “computadoras, equipos informáticos, teléfonos celulares y/o cualquier otro medio electrónico”. En transgresión de la orden judicial, también confiscaron archivos en papel.
Ritter dice que durante la redada un agente le dijo que lo estaban investigando por violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Que concluyó que el FBI estaba espiando su correspondencia, cuando una agente le dijo que uno de sus correos electrónicos “sugiere que usted estaba recibiendo instrucciones de la embajada rusa”.
“No demuestra tal cosa”, respondió Ritter, señalando que se había puesto en contacto con la embajada para comprobar una cita del embajador que estaba utilizando en un artículo.
La redada fue “una expedición de pesca”, dice Ritter. Hasta ahora no se han presentado cargos contra él.
Ritter es un ex mayor de la Infantería de Marina norteamericana y fue un prominente inspector de armas de la ONU en Iraq de 1991 a 1998. Las afirmaciones de Washington de que el régimen de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva se utilizaron para justificar la imposición por parte de la ONU de un brutal embargo y para lanzar la guerra contra Iraq encabezada por Washington en 2003.
Ritter dejó el fraude de la “inspección de armas” en 1998, acusando a Washington de no ser lo suficientemente duro con Saddam, antes de cambiar de actitud política y convertirse en un crítico de la intervención norteamericana en el Medio Oriente.
Desde entonces, se ha convertido en un entusiasta apologista del régimen de Vladímir Putin y su guerra asesina en Ucrania. Ritter afirma que el gobierno ucraniano ha cometido “crímenes contra la humanidad” tras la invasión por Putin en 2022. Escribió que las fuerzas ucranianas realizaron una operación de bandera falsa en Bucha, matando a cientos de sus propios ciudadanos y culpando a Moscú, una acusación patentemente falsa. Desde 2020, Ritter ha colaborado con Russia Today, una publicación financiada por Moscú.
El defender a Ritter del acoso del FBI no tiene nada que ver con apoyar ninguna de sus opiniones políticas, sino con salvaguardar su derecho a tener sus opiniones y a hablar y escribir sobre ellas. No es un delito que sus opiniones y las del gobierno ruso sean similares. Es libertad de expresión.
Uso de ley de “agentes extranjeros”
Estas acusaciones amañadas contra Ritter ocurren al mismo tiempo que el Departamento de Justicia ha presentado cargos en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros contra dos periodistas de Russia Today y contra dirigentes del Partido Socialista del Pueblo Africano y su grupo de apoyo UHURU.
La Ley de Registro de Agentes Extranjeros fue aprobada en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y fue utilizada por la administración demócrata del presidente Franklin Roosevelt para atacar al Partido Socialista de los Trabajadores por organizar oposición en la clase trabajadora a la entrada de Washington a la guerra imperialista. El Departamento de Justicia admite que usó la ley para justificar sus ataques contra el PST en la década de 1950.
Washington justifica su mayor uso de la ley en la actualidad diciendo que está investigando una “operación de influencia extranjera maligna patrocinada por el gobierno ruso”. El 13 de septiembre el secretario de estado Antony Blinken denunció a medios como Russia Today de ser “un brazo de facto del aparato de inteligencia de Rusia”. Dijo que está tratando de “socavar la democracia en Estados Unidos”.
Esto llevó a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, a prohibir a Russia Today el uso de sus plataformas, al igual que lo hizo Alphabet, la empresa matriz de YouTube.
En un caso relacionado, el periodista Dmitri Simes y su esposa Anastasia fueron acusados el 5 de septiembre de presuntas violaciones de las sanciones de Washington contra Rusia y por lavado de dinero, cargos que conllevan hasta 20 años de prisión. El FBI allanó la casa de Simes en Virginia el 13 de agosto, confiscando pinturas por artistas rusos.
Simes es un ex asesor del presidente Richard Nixon. Hizo campaña por Trump en 2016. Ahora reside en Rusia, donde tiene un programa de entrevistas semanal en la televisión estatal.
Simes dijo al Washington Post que está siendo acusado simplemente por “presentar mi punto de vista”. Agregó, “pensé que la Primera Enmienda fue diseñada exactamente para proteger puntos de vista impopulares”.
Los ataques del gobierno contra la libertad de expresión hacen eco de la farsa utilizada por la campaña de Hillary Clinton en 2016, el FBI y la Cámara de Representantes controlada por los demócratas sobre una “colusión con Rusia” para difamar y luego intentar destituir a Trump. Sus ataques a los oponentes políticos no están dirigidos solo a personas cuyas opiniones reflejan las del Kremlin, sino que tienen como objetivo sentar un precedente que se pueda utilizar contra la clase trabajadora y nuestros sindicatos a medida que la lucha de clases se intensifica.